No hay caso alguno en la UE ni en la OCDE donde una banda terrorista haya atacado, durante tanto tiempo y con tanta dureza, la economía de su país. Su impacto económico exacto no se puede medir, pero ya hay bastantes análisis que nos aproximan a su dimensión.

Los estudios del efecto del terrorismo sobre la economía, a nivel internacional, se impulsaron sobre todo a raíz de los atentados de las Torres Gemelas en septiembre de 2001. De acuerdo a los mismos, se ha demostrado que las economías que sufren la violencia terrorista ven mermado su crecimiento por la pérdida de inversión productiva -tanto la local como la procedente de otras economías exteriores-, por los elevados costes que supone la necesidad de mayor protección frente al terror, y por la necesidad de destinar recursos a actividades menos productivas y a pagar los efectos directos de los atentados.

Durante las décadas de terrorismo que sufrimos, muchos empresarios, directivos, profesionales liberales, autónomos y trabajadores fueron objetivo de ETA. Fueron 33 los asesinados, hubo decenas de heridos y 86 fueron secuestrados. Se estima que en torno a 15.000 sufrieron directamente la extorsión durante varios años y que más de 150.000 personas tuvieron que salir del País Vasco. Según el Informe Foronda, en esos años de terror las empresas vascas sufrieron un atentado o ataque de ‘kale borroka’ cada tres días.

La sociedad, y sus diferentes instituciones y gobiernos, trabajaron con intensidad para minimizar los enormes daños causados. Fuimos resilientes y, con el esfuerzo y compromiso de casi todos, junto con una gestión adecuada de nuestras herramientas de autogobierno, fue posible continuar con el desarrollo económico y social de Euskadi. En ese esfuerzo, hay que poner en valor el trabajo de muchos, en especial de aquellos que soportaron más directamente esa lacra. Tristemente, muchos pagaron con su vida.

La incidencia de la presión terrorista afectó a muchos ámbitos de la actividad económica. Así, el coste directo de sus atentados y consecuencias ascendió, a nivel estatal, a más de 25.000 millones de € (euros de 2020 a partir del informe pericial del sumario 35/2002 de la Audiencia Nacional).

Las acciones de ETA provocaron fuertes deslocalizaciones de empresas. Si visitamos los polígonos industriales de ciudades próximas, como Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, Valladolid, y por supuesto Madrid, encontraremos centenares de sociedades de origen vasco, reubicadas sobre todo en los ‘años de plomo’. Incluso en el libro ‘Transterrados'(2022), se hace un análisis detallado de la deslocalización de más de cien empresas hacia Andalucía. También se trasladaron centrales y centros de decisión de otras (sobre todo las más grandes, como los casos de BBV o Michelin). Se estiman en más de 30.000 los puestos de trabajo perdidos. Euskadi, además, no pudo beneficiarse de las importantes inversiones de multinacionales por la entrada de España en el Mercado Común. Muchas de estas nos visitaban, muy interesadas por nuestra singularidad fiscal, y manifestaban interés, pero recibían informes acerca de que éramos zona de «alta actividad terrorista» y hacían su inversión en Madrid o Barcelona.

La violencia afectó también a centenares de pequeños comercios y profesionales liberales (microextorsión), generó una fuerte deslocalización de depósitos bancarios -fundamentalmente, en los años 80-, y, de forma adicional, supuso una enorme pérdida de la capacidad emprendedora del país.

En ese contexto, la inversión extranjera directa se desplomó durante décadas pasando del 6,7% del total de España en los años 60 al 1,8% en las décadas posteriores (hay que recordar la insistencia, en los ‘Zutabe’ de la banda terrorista, de atentar contra intereses extranjeros). Como consecuencia, se entiende la caída del ‘stock’ de capital relativo de un 43% según el informe de IVIE-Fundación BBVA (2017), y del PIB, de un 24%, según el informe del Colegio de Economistas (2021), siendo los peores datos de todas las comunidades autónomas.

Pese a la dureza de esas cifras, afortunadamente la gestión adecuada de nuestro Concierto Económico y nuestra mayor disciplina y cumplimiento fiscal evitaron una caída superior. (En el caso de Irlanda del Norte, las ayudas de Reino Unido y Bruselas redujeron la caída de su PIB en un 10%).

Pero es esta nuestra situación actual, de una profunda debilidad en nuestra estructura económica. Como dice Jon Azua en un reciente libro, «ya no hay violencia terrorista, pero seguimos padeciendo la influencia destructiva que nos dejó ETA (…) y nos estamos gastando las ‘joyas’ de la amama. La herencia se acaba».

Vivimos un momento histórico, con ausencia de violencia, que no se ha producido en más de un siglo, y contamos con un marco competencial estabilizado, singular en Europa. Debemos poner en marcha un proyecto de transformación del país que trate de recuperar, al menos en parte, lo perdido y garantice nuestro futuro. Euskadi tiene una enorme oportunidad.