Resultó entre grotesco y obsceno contemplar al representante de Bildu en el Congreso y a la correspondiente de ERC presentar el acuerdo sobre el proyecto de ley de vivienda que, como todo lo que emana de este Gobierno, no hace falta decir que es «histórico», «transformador» y que siempre marca un antes y un después en cualquier cosa. Obsceno que dos fuerzas políticas que acumulan condenados por terrorismo, sedición -ya derogada-, malversación, y que en el caso de ERC está siendo investigada por la responsabilidad de alguno de sus dirigentes en la puesta en marcha y la dirección del llamado ‘tsunami democrático’, se blanqueen ante la sociedad española como adalides de políticas sociales, en este caso, el proyecto de ley de vivienda.

La puesta en escena contaba con el beneplácito del Gobierno y el Partido Socialista, que no pueden eludir su responsabilidad en la operación de blanqueo masivo de ambas fuerzas políticas. El imperativo de hacer todo lo que haga falta para reproducir la coalición con estos socios después de las elecciones lleva a estas cosas. El socialismo encadenado a organizaciones políticas a las que regala con adjetivos como «responsables» y «progresistas» es un motivo de escándalo creciente, protagonizado por dirigentes que difícilmente podrán librar al PSOE del estigma de sus acuerdos con las fuerzas más destructivas y antipolíticas que ha padecido la democracia española.

Es una mala broma, un acto de surrealismo, que una ley que tiene que regular la vivienda en España se la regale a dos organizaciones que son en sí mismas la negación de valores democráticos, de la institucionalidad y que sostienen planteamientos ideológicos y programáticos inasumibles en una sociedad pluralista y una economía abierta.

La ley de vivienda es «histórica» sólo en lo que tiene de regreso al pasado, al intervencionismo fracasado, al ordenancismo avasallador del poder que dicta políticas pretendidamente sociales a expensas, no de los impuestos, sino de la afectación de los legítimos derechos de los propietarios. No existe un ejemplo de intervención en la vivienda con la intensidad que establece este proyecto de ley que haya tenido éxito en su objetivo de facilitar el acceso a aquella. Parece que se legisla desde el arbitrismo, con los prejuicios de una izquierda fosilizada revestida de lenguaje posmoderno, sin considerar las implicaciones de esa legislación, sin un mínimo rigor en el análisis de impacto, sin aportar evidencias sólidas de que este intervencionismo efectivamente funciona.

Con el ‘sí es sí’, la ley trans y otros hallazgos legislativos de la coalición, da la impresión de que España se ha convertido en un campo de experimentación para los temas favoritos de una izquierda radical que sabe que Sánchez se ha quedado sin opciones volando todos los puentes con la centralidad y que está condenado por decisión propia a seguir embarcando a sus socios de Frankenstein para permanecer en el Gobierno si los números cuadran después de las elecciones generales. Por eso, los socialistas hacen dos cosas. Una, aumentar el volumen de su trompetería para el autoelogio, y otra, facilitar que organizaciones como Bildu o ERC, que representan trayectorias que las descalifican en un sistema democrático, se normalicen como actores políticos de gran conciencia social.

El alto concepto de sí mismo que Sánchez mantiene parece inversamente proporcional a la lamentable pérdida de autoestima que el socialismo tiene que experimentar para asumir esa sociedad con los que coreaban, encontraban sentido político y ‘contextualizaban’ los crímenes terroristas o con aquellos que han protagonizado el ataque frontal al sistema constitucional.

No hay duda de que en este caso Pablo Iglesias tenía razón cuando hablaba de la incorporación a la dirección del Estado de estas fuerzas, aunque se le olvidara precisar que se trata del Estado que quieren destruir. Bien es cierto que todas estas efusiones sociales del Gobierno, cuyo protagonismo Sánchez regala a Bildu y a ERC, descansan sobre la barra libre de gasto público, déficit y deuda, más los fondos de recuperación, de la que todavía nos beneficiamos. En ese sentido, Sánchez necesita apurar la excepcionalidad en la que hemos vivido porque la coalición y su propio discurso populista y adanista requieren de la largueza en la utilización de fondos públicos que no va a ser eterna. Pero este es otro tema.