Además de amenazar el mercado del alquiler, y en general el peso del sector inmobiliario en el desarrollo productivo, la nueva ley de vivienda representa en el plano político la consagración del estatus preferente concedido por Sánchez a ERC y Bildu. Es la segunda vuelta de tuerca, tras la llamada Ley de Memoria Democrática, a una alianza estratégica con el separatismo, una coalición de facto esencial no sólo en la estabilidad actual sino en la continuidad futura de este Ejecutivo. Las dos fuerzas independentistas, abiertas partidarias de la ruptura constitucional, han asumido además un poder arbitral como intermediarias en la bronca entre la plataforma Sumar, el invento de Yolanda Díaz, y Podemos, cuyo acuerdo resulta imprescindible para que el presidente conserve alguna posibilidad de revalidar su proyecto. El modelo Frankenstein queda así erigido de modo expreso en una liga electoral permanente que va a disputar a la derecha el poder en autonomías y ayuntamientos antes de dirimir la pugna crucial por el próximo Gobierno.

A propósito del conflicto sobre la regulación de regadíos en Doñana, la vicepresidenta Teresa Ribera aludió días atrás a una «esquinita» del país, término con el que no queda claro si se refería a la comarca suroccidental o al conjunto de Andalucía, una región del tamaño de Portugal con difícil encaje en esa definición despectiva. En cualquier caso la expresión tiene un tono acorde con la decidida aproximación gubernamental a los partidos más radicales del nacionalismo supremacista, convertidos por el sanchismo en integrantes primordiales de su masa crítica. Esquina por esquina, hay más sentimiento de España y más respeto por la soberanía nacional en Huelva que en la facción insurrecta de Cataluña encarnada por Esquerra, y no digamos que en esos territorios vascos donde aún impera el clima de odio sembrado por ETA y prolongado por sus albaceas. Y como cada cual se retrata al definir sus preferencias, que nadie se sorprenda si aquellos a quienes desprecia le responden con la misma moneda.

Las cartas están sobre la mesa y Sánchez ha formulado su apuesta. Lógica por otra parte: tras indultar a los autores de una sublevación contra el Estado y gobernar con ellos cuatro años, se presenta a las urnas de su brazo con intención de obtener un nuevo mandato. No parece importarle el halo antipático con que gran parte de los ciudadanos –incluidos muchos votantes socialistas– contemplan a sus aliados, ni que Pere Aragonés haya correspondido a sus deferencias anunciando un referéndum en 2024. Son su tabla de náufrago, la única esperanza a la que aferrarse para seguir en el cargo. Nada que no sepamos, sólo que ahora son los propios comanditarios quienes dejan clara su voluntad de renovar el pacto… y de cobrarlo más caro. Van juntos y si ganan, aunque sea por medio escaño, formarán otro Gobierno literalmente «esquinado».