El resultado de las elecciones del domingo abre un complicado escenario de negociaciones para alumbrar una mayoría parlamentaria de gobierno para los próximos cuatro años. La formación de esa mayoría es imprescindible para garantizar la gobernabilidad del país: aprobación de Presupuestos y leyes orgánicas.

En su primer discurso tras conocer los resultados, Feijoo reivindicó su «derecho» a ser investido presidente del Gobierno dado que el PP ha sido la lista más votada y obtenido 136 de los 350 escaños en juego. Llegó a decir incluso que la posibilidad de que el Gobierno lo presida un político de otro partido sería una «anomalía». A esto cabe objetar que nuestro sistema parlamentario de gobierno -nacional y autonómico- responde a otra lógica y a otros principios.

El PSOE ganó las elecciones autonómicas en 2018 en Andalucía y en 2019 en Madrid -por citar dos casos de gran relevancia política- y el PP quedó segundo a bastante distancia (más de cinco puntos). ¿Los gobiernos del PP dirigidos por Moreno Bonilla y Díaz Ayuso fueron «anomalías»? No, fueron gobiernos parlamentarios apoyados en una mayoría que superaba en escaños al teórico ‘ganador’ de las elecciones. Y más recientemente, este mes de julio, la formación de un Gobierno de coalición PP-Vox en Extremadura que ha impedido gobernar a ‘la lista más votada’, que fue la del PSOE, ¿es también otra «anomalía»?

Estos y otros ejemplos que se podrían traer a colación demuestran que la defensa que hace hoy el PP del principio de que gobierne la lista más votada no es sincera ni creíble. Pero, aunque lo fuera, es una tesis incompatible con la democracia parlamentaria. Ningún sentido tendría que el PSOE presidiera el Gobierno de Extremadura si el PP y Vox han alcanzado un acuerdo político que les garantiza una amplia mayoría para desarrollar su programa a lo largo de los próximos cuatro años.

En definitiva, en una democracia parlamentaria, cuando ningún partido tiene la mayoría absoluta, mucho más importante que nombrar o investir a un presidente es forjar en torno a un programa compartido una mayoría parlamentaria que garantice que el Gobierno va a poder cumplir sus funciones. Y esa es la tarea prioritaria que deben afrontar los diputados electos el domingo. En una democracia sana, no polarizada, la tarea no resulta muy complicada porque existen una serie de consensos fundamentales que no se ponen en cuestión. Los acuerdos pueden conducir a la formación de gobiernos de coalición amplios o en su caso a la constitución de ejecutivos en minoría, pero respaldados desde fuera por otras fuerzas.

Lamentablemente, desde esta óptica, no se puede decir que la nuestra sea una democracia sana. Los partidos políticos centrales y vertebradores del sistema han llevado la polarización al extremo y quebrantado reglas básicas de la democracia como es la de la ‘tolerancia mutua’. Esta regla impide demonizar al adversario político y considerarlo un enemigo (salvo que este se autodefina como tal), y supone asumir que tiene plena legitimidad para gobernar y aceptar como natural la alternancia en el Gobierno. El PSOE de Sánchez con su «no es no» contribuyó a la demonización del PP, al que ha calificado de partido «antisistema». Se trata de una violación flagrante de la regla de tolerancia. El PP le ha respondido con la misma moneda. El PSOE no ha tenido reparos en pactar con fuerzas como ERC y Bildu antes que con los populares. El PP ha respondido pactando con Vox. Eso sí que son «anomalías» de nuestra democracia.

Es preciso que ambos partidos rectifiquen y reformulen su lenguaje y discursos, abandonando una retórica guerracivilista que intoxica el debate y deteriora la convivencia. PP y PSOE deben asumir un dato indiscutible del resultado del domingo: los españoles hemos derrotado en las urnas a los extremistas (desde Podemos hasta Vox, pasando por ERC) con la única lamentable excepción de Bildu que ha subido un diputado.

En este contexto, dada la aritmética electoral, el único Gobierno factible en España es uno que tenga el respaldo del PP y del PSOE: sea este de coalición o de minoría con el respaldo parlamentario del otro basado en una serie de pactos de Estado sobre las principales políticas. Los proyectos de país y de sociedad que defienden el PP y el PSOE, como sus homólogos europeos -aun con sus lógicas diferencias fruto del sano pluralismo- tienen muchos más puntos en común que los que pueda haber entre ellos y sus eventuales socios extremistas. Se objeta que esta propuesta pertenece al género de la ciencia ficción, pero la posibilidad de un Gobierno dependiente de Otegi y Puigdemont lo es al género de terror. Y no hay más opciones.