Cuando Rajoy hizo la finta de declinar la investidura en 2016, parece ser que el Rey comentó, medio en broma o medio en serio, que nadie le había «dejado apuntes» para ese tipo de casos. De hecho, carece de vademécum para interpretar la ristra de acontecimientos inéditos –repeticiones electorales, desafío independentista, destierro oficioso de Juan Carlos– que se vienen sucediendo a lo largo de su reinado, verdaderas pruebas de contraste que ha de resolver sin más guía que la observancia de la Constitución en su sentido más estricto y exacto. Sucede, sin embargo, que esta etapa de anomalías institucionales registra situaciones que los constituyentes no contemplaron, como es el caso de que dos líderes porfíen ante la Corona por su designación como candidatos. Y eso es exactamente lo que puede suceder en la próxima ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios. Otro lío ante el que todos los manuales jurídicos están en blanco.

El vídeo en el que Sánchez se proclama depositario de una «mayoría social» sugiere su intención de abortar el intento de Feijóo de ser el primero que pida el apoyo del Congreso. Como ganador técnico de las elecciones, cabeza de la lista más votada, puede esgrimir precedentes para sentirse asistido de ese derecho. Pero el Artículo 99 de la Carta Magna no precisa nada al respecto, y menos sobre una eventual colisión de aspirantes que acabe metiendo al monarca en un aprieto. Si el presidente en funciones comparece en Zarzuela con una mayoría pactada y pide paso inmediato para refrendarla se producirá un conflicto sin referencias previas en la actual arquitectura democrática. Y haga Felipe VI lo que haga, su decisión arbitral correrá el riesgo de ser cuestionada por cualquiera de las dos banderías partidarias en que la polarización ha dividido la opinión ciudadana. Con el consiguiente daño colateral para una institución que tiene en la neutralidad su principal fuente de confianza.

No existe ninguna razón de peso para someter al Rey a ese escenario de tensión gratuita. El ajustado resultado de las urnas permite interpretaciones distintas y el respeto a las formas es esencial en política. La repentina prisa sanchista sólo se justifica por un simultáneo ataque de arrogancia y de eso que Cuartango califica de rencor narcisista, el afán vengativo de un gobernante cuestionado que respira por la herida. Pero en esta ocasión no se trata de una simple resolución de un Ejecutivo dispuesto a pasar factura a la oposición para exhibir su poderío, sino de poner la obligatoria imparcialidad del jefe del Estado en un compromiso susceptible de erosionar su prestigio. Si tiene los votos, que está por ver, puede esperar e incluso sacar beneficio de enredar al adversario en un tanteo fallido. El problema es que su ego infinito le impide aceptar siquiera por un instante su condición de perdedor objetivo.