Apenas unos minutos antes de que representantes de los grupos parlamentarios nacionalista y socialista entregasen en el Parlamento sus enmiendas conjuntas al proyecto de Ley vasca de Educación, entre ellas las que señalan su carácter plurilingüe, el Departamento correspondiente adjudicaba por 72.600 euros la asistencia técnica para la «elaboración e implementación del Plan Estratégico» previsto en el mismo, justificándolo con el objetivo de implantar nada menos que una educación «euskaldun».

Más allá de varias confusiones en la memoria justificativa, la adjudicación supone toda una demostración de que el consejero Jokin Bildarratz no tiene intención de variar ninguno de sus planes, ni por acuerdo entre los socios de gobierno, así como tampoco esperar a que el Parlamento vasco realice los trabajos necesarios. De hecho, la ley aún no ha nacido pero ya cuenta con varias normas de alto nivel, decretos y órdenes que regulan aspectos cruciales en planificación educativa, admisión de alumnado o conciertos entre otros, que, pese a no haber sido siquiera debatido el texto, misteriosamente ya lo desarrollan.

Obviamente, ello ha incrementado la inseguridad jurídica y propiciado una sensación de creciente arbitrariedad en la actuación del Ejecutivo que han motivado diversos recursos a instancias judiciales cuya resolución, inevitablemente, complicará más la situación en un futuro próximo.

El Departamento de Educación parece poseído por aquella determinación que acompañaba al inolvidable Forrest Gump y como él, si va a alguna parte, va corriendo. Quizá el mayor problema es que no ha aclarado hacia dónde. Zigzaguea entre el apoyo a la enseñanza pública y un imposible tratamiento igualitario a la enseñanza privada. Plantea una financiación «suficiente», pero no ha realizado el análisis comprometido en los acuerdos alcanzados en abril. Olvida los principios que deben dirigir la política lingüística que tan bien definió la Ley de Normalización de Uso del Euskera de 1982, y los recupera, solo formalmente, tras las presiones del PSE.

En su frenética carrera, el proyecto del Departamento de Educación deberá sortear ahora cuatro enmiendas a la totalidad y más de trescientas enmiendas parciales, casi una treintena procedentes de los propios partidos del Gobierno. Y por si ello fuera poco, apenas unas horas antes de la presentación de las mismas, el portavoz del PNV en la Cámara vasca, Joseba Egibar, situaba de forma taxativa el listón del éxito de la ley en manos del principal partido de la oposición, al afirmar que sería «un fracaso» si no consiguiese el apoyo de EH Bildu.

Ciertamente, hay coherencia en este cálculo. Si el proyecto nació del pacto entre nacionalistas, supondría una frustración que la ley no acabase con el acuerdo entre estos. Pero el auténtico fiasco lo cosechará si no encara de forma nítida, eficaz y decidida los problemas que tiene el sistema educativo en nuestro país que dificultan la mejora de rendimientos y el acceso igualitario al éxito escolar.