El jueves, el PSOE llegó a un acuerdo ‘histórico’ con Junts y el viernes a otro con el PNV para lograr la investidura de Pedro Sánchez. En el aspecto formal sorprende que el primer acuerdo se firmara en el extranjero y tras arduas negociaciones con un prófugo de la Justicia. Las partes lo firmaron por separado sin la habitual fotografía plagada de sonrisas propia de estos casos y en ausencia de los primeros espadas. Los socialistas enviaron a Santos Cerdán, un político romo con una capacidad de expresión muy mejorable, y por Junts lo hizo Turull, un político gris como la ceniza. Por su parte el PNV, que se ha portado bien y ha estado discreto, consiguió que Sánchez venciera la pereza y acudiera a la firma. No le importó que se fijara la fecha de la investidura cuando aún no había alcanzado el acuerdo de entrega de su voto, como si la aritmética no lo exigiera y como si, pasado el resfriado, Pedro Sánchez no necesitara ya de ningún clínex.

En cuanto al contenido del acuerdo con Junts, es mejor y suficiente leer las indignadas reacciones de todas las asociaciones de jueces -desde luego y tal y como están las cosas eso de poner de acuerdo a todas ellas sí que es un logro histórico-, la Comisión Permanente del CGPJ, las asociaciones de fiscales, la de letrados de la Administración de Justicia, los jueces decanos, los abogados del Estado, los presidentes de las audiencias provinciales, las de los inspectores de Hacienda, varios colegios de abogados y la CEOE. No, las jugadoras de la selección femenina de fútbol no han dicho nada por ahora y eso que si se desarrolla el acuerdo es probable que perdamos a Putellas y a Bonmatí. ¿Lo peor? Pedro Sánchez asume el relato ‘indepe’, certifica que no pasó nada de lo que pasó y limpia todos los delitos, todas las faltas y todas las malversaciones cometidas alrededor del ‘procés’. Los jueces han prevaricado al aplicar unas leyes que no deberían haberse aprobado. ¿Y el Congreso? Pues actuó con odio al aprobarlas. No me diga que no es histórica esta cabriola.

A la espera de su ratificación por el resto de los ‘All Stars’ y de su presentación en el Congreso para que sea registrada la Ley de Amnistía, el acuerdo es muy simple y cabe en unas pocas cuartillas. Allí nos enteramos que la amnistía será generosa y dilatada, y que por lo demás se han puesto de acuerdo en definir las cosas en las que no están de acuerdo pero en las que van a intentar llegar a acuerdos alrededor de unas mesas -¡y dale con las mesas!, ¿para qué queremos el Congreso?-, que se convocarán para tal fin. Y ¿lo más humillante? Que el desarrollo de los avances en ellas se realizará en el extranjero, será fiscalizado por un relator internacional y determinará la longevidad de la legislatura. ¿En serio que hablamos de un conflicto internacional y de una legislatura estable? Tendremos investidura porque el prófugo Puigdemont lo autoriza y dejamos la legislatura colgada de sus caprichos y sus veleidosas interpretaciones.

El acuerdo con el PNV es más sencillo. Consta de las tradicionales promesas de un próximo cumplimiento de las transferencias pendientes. Entre ellas, la de la gestión de la Seguridad Social que es la de mayor enjundia. Aunque se trate de administrar la indigencia, pues el déficit ha pasado en diez años de los 2.000 millones a los 4.300, el agujero lo seguirá soportando el Estado y desaparecerá uno de los muy escasos vínculos entre los ciudadanos vascos y el Estado español. En la parte no económica seremos una ‘nación’ y nos relacionaremos de igual a igual, en términos de bilateralidad con el Estado. Ahí es nada…

En el acuerdo catalán, el contenido económico tiene más entidad, pues pretenden gestionar la totalidad de la recaudación fiscal obtenida en Cataluña, lo que supera al Concierto vasco, aunque no queda claro si se trata de transferir solo la recaudación o también a los recaudadores. Y hay más cosas, entre ellas esa ‘originalidad’ de preparar una ley que incentive la vuelta de las empresas que huyeron de Cataluña tras la deriva del ‘procés’, en una actitud absolutamente incomprensible, pues sabemos ahora, tras el acuerdo con Junts, que allí no pasó nada de nada. Pero, ¿cómo lo van a hacer, con incentivos fiscales o con medidas coercitivas? Apostaría a que la idea carece de recorrido, aunque si fuera el PNV y por si acaso me apresuraría a pedir lo mismo para las empresas y los empresarios que huyeron del País Vasco por causa de la violencia de ETA. Por pedir… y estando Sánchez al frente de las concesiones… ¡Todo es posible!