Insultos y falsas acusaciones. Gritos y amenazas. Los ataques diarios de la ultraderecha no han conseguido ni conseguirán desviarnos ni un ápice de nuestros objetivos.

Pónganse cómodos que vendrán acuerdos beneficiosos para la ciudadanía y nuestro país.pic.twitter.com/ZvIHa6wGog

— Mertxe Aizpurua (@MertxeAizpurua) November 16, 2023

Aizpurua fue condenada a un año de cárcel por apología del terrorismo cuando se preguntó en un editorial de la revista Punto y Hora de Euskal Herria si acaso había menos motivos en 1984 para arriesgar la vida que en el 36, ya que «la causa de los gudaris de ayer, persiste hoy. Por eso son necesarios los gudaris también hoy».

En 2021, ella misma manifestó que no aceptaba que a EH Bildu se la defina como «heredera de ETA».

Pero teniendo en cuenta estos antecedentes, podemos convenir que ella al menos es heredera o que proviene directamente del entorno de la izquierda aberzale. Lo mismo que el PP es, evidentemente, heredero de Alianza Popular.

Por eso es chocante que desde la izquierda aberzale se le hagan según qué acusaciones al PP sobre la amnistía de 1977.

Recapitulemos.

Entre 1975 y 1977, antes de la amnistía de octubre del 77 (la famosa), las sucesivas medidas de gracia afectaron a entre 15.000 y 20.000 presos políticos. La mitad salieron con la entronización de Juan Carlos I gracias a un indulto general. Luego, de forma más bien improvisada o accidental, se aprobaron tres amnistías diferentes en dos años.

Sacando presos políticos, Adolfo Suárez quería legitimar las elecciones ante la oposición. Pero siempre hubo una cuestión pendiente: los delitos de sangre o el terrorismo. Quedaban fuera quienes hubieren «lesionado la vida o la integridad de las personas».

«Son de sobra conocidos los equilibrios que tuvo que hacer Suárez durante la Transición por el famoso ruido de sables»

El presidente de UCD fue reacio a incluirles hasta que el parlamento surgido de las primeras elecciones democráticas empezó a trabajar en una propuesta de amnistía total. La proposición de ley vino de la mano de los grupos socialista, comunista, vasco-catalán y mixto. El carácter unitario de la propuesta fue lo que terminó de convencer a Suárez.

Pero lo relevante, a tenor de lo que ocurrió en el Congreso la semana pasada, es que Alianza Popular se autoexcluyó de la comisión que se creó para redactar una ley consensuada.

Son de sobra conocidos los equilibrios que tuvo que hacer Suárez durante la Transición por el famoso ruido de sables. A la hora de sacar de las cárceles al centenar de etarras que quedaban, tenía que calibrar la reacción de sus víctimas, los que estaban muriendo cada semana asesinados, los militares y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, hubo un intercambio, en sentido figurado, de líneas rojas. La extrema derecha terrorista, la que acababa de cometer los asesinatos de Atocha, entre otros, no fue incluida en la amnistía. Por el otro lado, tampoco los militares de la UMD (Unión Militar Democrática).

Manuel Gutiérrez Mellado amenazó con presentar su dimisión si se llevaba a término. Pero la anestesia definitiva para poder sacar a los etarras se inyectó con la incorporación en la ley de autoridades, funcionarios y agentes de orden público que hubieran incurrido en cualquier responsabilidad penal durante la investigación de «delitos de intencionalidad política».

Esa frase que hoy, décadas después, la izquierda alternativa ha calificado como «la autoamnistía del franquismo».

Sin embargo, el partido que procedía inequívocamente del franquismo, Alianza Popular, votó en contra de esa ley. Su diputado Antonio Carro lo explicó así: «Operar con el concepto de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso (…) La amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduce en un fermento de inseguridad social (…) Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores. He dicho».

No impidió que la amnistía se aprobara en octubre ni que en diciembre se ampliara hasta que el día 4 salió el último preso político vasco de la prisión, Francisco Aldanondo.

La inclusión de autoridades y policías franquistas en la ley, sin embargo, no fue un problema para la oposición democrática y la izquierda. Al contrario, estaban de acuerdo y exaltaron la idea.

Xabier Arzallus, del PNV, dijo que la amnistía se tenía que entender como «un olvido de todos para todos».

En Mundo Obrero, el periódico del PCE, se escribió que la inclusión de franquistas era «redundante» y «una mención innecesaria», porque cuando ellos decían amnistía, se referían a ella «en su sentido más profundo» (La Transición, historia y relatos; editorial Siglo XXI).

«Tras la amnistía, ETA siguió matando. Y por el otro lado, los funcionarios que la perseguían tardaron en ser escrupulosos en sus procedimientos»

Sabemos que sacar a ese centenar de etarras y terroristas de otros grupos, como el FRAP, los GRAPO o los independentistas canarios de MPAIAC, era una medida vital para la oposición democrática porque quería abrir el proceso constituyente como un folio en blanco, como ha explicado la historiadora Carme Molinero, para que nadie pudiese impugnarle la libertad a las nuevas generaciones.

Incluso el PCE, en su Declaración por la Reconciliación Nacional, tenía una frase que llega a ser emocionante y que animaba a mirar hacia delante: «Nosotros entendemos que la mayor justicia para todos los que han caído y han sufrido por la libertad, consiste, precisamente, en que la libertad se restablezca en España».

Con la excepción de la izquierda alternativa de nuestros días, es difícil no entender cómo la oposición democrática quería cargar de autoridad moral a la naciente democracia española sin ahorrar en generosidad. Una autoridad moral concebida antes de que el concepto de justicia transicional cobrara importancia en los 80 y 90.

No obstante, el hecho histórico es palmario: esa última amnistía fue un fracaso. Desgraciada y dolorosamente, las palabras del portavoz de AP fueron premonitorias y ciertas. Llevaba razón, aunque sus propósitos seguramente fuesen sensiblemente distintos a los del resto de fuerzas democráticas.

Pero ETA siguió matando. Y por el otro lado, los funcionarios que la perseguían tardaron en ser escrupulosos en sus procedimientos. Basta con saber que dos años después de la amnistía, el mencionado Aldanondo perdió la vida por disparos de la Guardia Civil en un caserío, sospechoso de pertenecer a los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Además, siguió habiendo intentos de golpes de estado, antes y después del 23-F.

Gaizka Fernández Soldevilla, historiador del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, considera que, probablemente, la amnistía pudo llegar a tener el efecto contrario, «hacer creer a ETA que podía arrancar concesiones incluso más importantes si subía el nivel de violencia».

Solo en esp cuela algo así de la propia historia. Bildu le echa en cara al PP la ley de amnistía del 77 (AP estaba en contra) por afectar a ffss y funcionarios franquistas (cuando se hizo para sacar etarras) e incluir a todos era la línea del PNV (perdón de todos para todos)

— Corazón Rural (@CorazonRural) November 16, 2023

Sea como fuere, sin que nadie se inmute, hoy los herederos del entorno aberzale, los que hicieron caso omiso y no tuvieron ninguna consideración con la naturaleza ni el esfuerzo y los delicados equilibrios que supuso sacar adelante esa ley, acusan al PP, heredero de la AP que se opuso a la amnistía, de ensalzarla.

Ojalá viva tanto para ver algo similar dentro de unas décadas: los independentistas catalanes del mañana echándole en cara al PP del futuro la amnistía de 2023, por ser concebida «para perdonar a la policía».

Cabe preguntarse si en algún otro país es posible que hechos de la historia no tan lejanos, pero tan importantes, puedan interpretarse tranquilamente nada menos que al revés.

*** Álvaro ‘Corazón Rural’ es periodista.