La decisión del Gobierno de comprar un 10% del capital de Telefónica ha causado casi tanta sorpresa como la anterior y reciente entrada de los saudíes de STC. Dos operaciones cercanas en el tiempo y hay quien opina que también en la intención. Es decir que la segunda podría ser consecuencia de la primera y destinada a neutralizarla. ¿Ha sido una buena decisión? Pues depende lo que vaya a hacer el Gobierno después con ella. Si su intención es la declarada, es decir, reforzar el entronque en el país de una empresa tan significativa y su voluntad es la de apoyarla y engrandecerla será buena. No hay por qué ponerse estupendo con los principios de la libre empresa, cuando todos los países occidentales defienden lo suyo, incluso pasando por encima de ellos. Es decir si no va a molestar demasiado, como hace por ejemplo en Caixa, está bien esta vuelta a veinticinco años atrás, cuando se decidió liquidar el entramado empresarial que estaba en manos del Estado, para modernizar nuestro sistema económico.

Pero si piensa intervenir, como hace en Indra o Hispasat por ejemplo, y aprovechar el viaje para colocar a unos cuantos amigos y poner la empresa al servicio de sus intereses partidistas, la toma de participación perjudicará a los inversores actuales -no se fíe de las primeras reacciones de la Bolsa, hay que esperar a que repose-, y ahuyentará a los futuros. Tener dentro del capital al Estado puede ser bueno o malo. Hay ejemplos para todo y siempre depende de las intenciones y de la actitud de los gobiernos que lo administran.

De momento, se podría decir que el mero anuncio de la entrada del Estado ha tenido efectos taumatúrgicos, pues Telefónica ha llegado a un principio de acuerdo con los sindicatos para sacar adelante sus planes del ERE, tras haber rebajado dos veces sus exigencias iniciales. ¿Está detrás la mano de la vicepresidenta segunda, que no quiere verse involucrada, de ninguna manera y ¡como empresaria! en semejante apuro?

En última instancia, es obvio que la necesidad de defender a Telefónica es una indeseada consecuencia de su escasa capitalización bursátil, una vez que el mercado no reconoce el valor real que le otorgan sus dirigentes. Una situación que no es única entre las empresas del Ibex-35 y que las deja a la intemperie de un ataque de cualquiera de los muchos tiburones que infestan las aguas de los mercados financieros mundiales. Confiemos en que esta unión de esfuerzos público-privado consigan llenar el hueco existente entre ambas valoraciones. Sin duda alguna, esa es la mejor defensa.