Tras la esperpéntica sesión del Congreso el miércoles, celebrada en el Senado, el presidente Sánchez recordó que «bien está lo que bien acaba», mientras que el triunfal superministro Bolaños aseguraba que «¡hemos ganado!» Sin embargo no está claro que la ‘cosa’ terminara bien, ni mucho menos es seguro que, aparte de Puigdemont, haya alguien en este país que ganara con semejante acuerdo. Es cierto que el Gobierno consiguió sacar adelante, de aquella manera, dos de los tres decretos-ley que presentaba, pero ¿cuál fue el precio pagado? No está claro. El Gobierno tardó demasiado tiempo en contarnos los términos de la transacción. Junts lo contó de inmediato y por eso da la impresión de que unos sabían lo que habían conseguido y otros desconocían lo que habían cedido. El acuerdo contiene muchas más incógnitas que ecuaciones.

1. En el tema de extranjería se ha cedido el control de fronteras que es una competencia que la Constitución (art. 149) y la UE atribuyen al Estado. España es una ‘frontera Schengen’, ¿Permitirá la UE que la vigilen los Mossos y no la policía del Estado titular? ¿Podrá expulsar el Govern a inmigrantes? ¿Hacia dónde? ¿Hacia España o a países de la UE? ¿Se transferirá esta crucial competencia solo a Cataluña y no, por ejemplo, a Canarias que es la comunidad con mayores problemas?

2. Se va eliminar el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paraliza los procesos abiertos en España cuando se plantee una cuestión prejudicial ante un Tribunal Europeo. Dado por supuesto que no se prohibirá hacerlo y que es seguro que se van a plantear, ¿qué sucederá cuando se planteen? Hace 15 días el triunfal superministro Bolaños aseguraba que la cuestión era una exigencia europea. ¿La han retirado? No, claro. Entonces, ¿qué milonga le contará al comisario Reynders?

3. Se va a eliminar de la Ley de Sociedades de Capital la ‘cláusula de Guindos’ que permitía a los consejos de administración modificar su domicilio sin la autorización previa de las juntas de accionistas lo que, de entrada, complicará la vuelta a Cataluña de las empresas que se marcharon por la inseguridad jurídica que causó el ‘procés’. ¿Conocen a muchas que se planteen hacerlo y no lo hayan hecho por culpa de dicha cláusula? Para facilitarla se habilitarán incentivos fiscales. ¿Los tendrá también el País Vasco para promover la vuelta de las empresas que expulsó ETA?

4. Se publicarán las balanzas fiscales. ¿Para qué? ¿Para identificar posibles déficits de financiación? Se olvida que los impuestos los pagan las personas y las empresas y no las autonomías, se minusvaloran las dificultades insalvables para regionalizar el gasto y se desprecia el potencial destructor de un uso político e interesado de dichos cálculos al atacar el principio de solidaridad. ¿Es eso progresista? ¿Podremos calcular cada uno nuestras personales balanzas fiscales con el Estado?

En resumen, ¡hemos ganado! ¿Seguro? ¿Quiénes?