Apenas 24 horas ha tardado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en desmentir el ‘triángulo virtuoso’ al que aludió Pedro Sánchez en su discurso de este miércoles en Davos y con el que el presidente abogaba, desde un punto de vista rigurosamente socialdemócrata, por la cooperación entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil.

Si el presidente llamaba en Davos a ampliar el papel del Estado de la mano del sector privado para «garantizar la prosperidad económica, aumentar el bienestar y la igualdad y asegurar la sostenibilidad medioambiental», este jueves la vicepresidenta tercera arremetió contra el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, por, supuestamente, «cuestionar» las políticas contra el cambio climático.

Imaz, que acompañó al presidente en su discurso en el Foro de Davos, había afirmado, en un debate celebrado el mismo miércoles en la ciudad suiza, que Europa debe repensar su política energética si quiere tener éxito en la descarbonización.

Imaz no hizo más que repetir las advertencias que lleva lanzando desde hace años en foros como Wake Up, Spain!, organizado anualmente por EL ESPAÑOL.

Esas advertencias, con las que se puede evidentemente discrepar, pero que parten del sentido común y de la experiencia del máximo responsable de una de las 25 mayores petroleras del mundo según Forbes, afirman que la política energética no se debe convertir en un auto de fe ideológico; que Europa se ha centrado en la descarbonización olvidando el resto de objetivos que debería buscar una política energética razonable; y que ese olvido nos ha hecho más dependientes de países como Rusia.

Tampoco parece discutible la afirmación de Imaz de que la energía en Europa se ha encarecido, lo que ha hecho que muchas familias europeas tengan serios problemas para pagarla; que muchas empresas no pueden afrontar ya el coste de la energía, lo que amenaza cientos de miles de empleos industriales; y que el precio del gas se ha triplicado en todo el mundo, lo que ha conducido a los países más pobres a recurrir al carbón, con el consiguiente incremento de las emisiones de CO2.

Frente a esas afirmaciones estrictamente técnicas, cuando no 100% fácticas, la ministra ha arremetido contra Josu Jon Imaz con descalificaciones ad hominem. Y lo ha hecho sólo tres semanas después de que la CNMC haya abierto un expediente a Repsol por ampliar los descuentos en carburantes a sus clientes. Una política comercial habitual en otras energéticas, pero por la que sólo se ha acusado a la compañía dirigida por Imaz.

La ministra acusó ayer a Imaz de cuestionar «de forma sutil, demagógica y populista» las políticas contra el cambio climático. Después, le acusó de «negacionista» y de «retardista». Dos calificativos contradictorios, ya que el primero implica la negación del cambio climático y el segundo implica su aceptación, pero rechazando que este sea una amenaza existencial que obligue a transformar nuestro sistema económico a cualquier coste y aunque esa transformación ponga en riesgo empresas y puestos de trabajo.

Las acusaciones de Ribera parecen más fruto de la animadversión que de una discrepancia técnica. No se entienden, si no, los insultos personales y esa exigencia de una fe rocosa, no ya en la existencia del cambio climático, sino en la bondad de unas políticas que deberían estar tan sujetas a crítica como cualquier otra llevada a cabo por cualquier Gobierno democrático.

¿O pretende la ministra que esas políticas sean aceptadas acríticamente independientemente de sus consecuencias en la práctica?

Es necesario recordar que Repsol fue la primera compañía de su sector en anunciar el objetivo de cero emisiones netas en 2050. O su inversión de 4.632 millones de euros sólo en 2023 en proyectos bajos en carbono. O la construcción de una cartera de 2.500 MW renovables en operación y un pipeline de 60 GW. O que la compañía es pionera en la producción de combustibles 100% renovables.

Pedro Sánchez pidió este miércoles cómplices en Davos. Teresa Ribera parece exigir acólitos.