El pasado enero fue detenido en la localidad de Montellano un menor de origen sirio que acopiaba abundante material para fabricar explosivos. El muchacho, que se había radicalizado en internet con vídeos del Daesh y otros elementos propagandísticos, fue inmediatamente encerrado por un juez de la Audiencia Nacional y acusado de terrorismo. Pues bien, si en vez de un joven de la Sierra Sur sevillana con el coco comido por la calentura islamista se tratase de cualquier activista catalán seducido por la mitología del independentismo, podría ampararse en la amnistía para eludir el castigo. El ejemplo manifiesta la quiebra del principio de igualdad ante la ley que el proyecto consagra mediante sus aberrantes subterfugios jurídicos. La identidad territorial y los motivos políticos definen desenlaces diferentes para un mismo delito.

El texto aprobado es un disparate a los ojos de cualquier experto. Aunque el preámbulo contiene una prolija defensa de su encaje constitucional –sospechosa excusa innecesaria– donde se adivina la mano de algún competente asesor técnico, las enmiendas y retoques introducidos en la comisión del Congreso lo convierten en un adefesio sin otra motivación que la de satisfacer las exigencias de sus beneficiarios a costa de retorcer las bases del Derecho. Más que un apaño se trata de un amaño grotesco, una componenda estrafalaria cuyo diseño ‘ad hominem’ ultraja la dignidad de un Parlamento democrático moderno.

Tal es el extravío que en los medios judiciales opuestos a la medida, que son prácticamente todos, reina a final de esta semana un poco más de optimismo que antes. El mensaje del legislador se ha oscurecido porque la extensión conceptual y temporal de la cobertura de la impunidad no hace sino aumentar la evidencia del chantaje, y la nueva definición de terrorismo y de malversación abre más posibilidades a la cuestión prejudicial que el Supremo elevará a la Corte europea de manera inevitable. El dictamen de la Comisión de Venecia ha sido retorcido en manifiesto provecho de parte, y el intento específico de exonerar a Puigdemont resulta demasiado flagrante para que unos juristas cualificados lo pasen por alto sin inmutarse.

Así las cosas, la viabilidad de la ley va a cambiar de perspectiva. En el plano político, Sánchez ha dado por pagada su contrapartida al apoyo de los separatistas. Misión cumplida y patada hacia arriba. Tras la aprobación definitiva, el asunto pasará a revisión jurídica. Y el Partido Popular tendrá que decidir si eleva recurso al Constitucional, donde los magistrados sanchistas son mayoría, o deja que sea el Tribunal de Luxemburgo el que resuelva tomándose un tiempo en que la aplicación de la norma quedará suspendida. En ese intervalo quizá Puigdemont pueda volver sin que la justicia le ponga la mano encima, pero la última palabra sobre sus responsabilidades aún no está dicha.