Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
En la campaña de las anteriores elecciones generales el Gobierno se lanzó a un frenesí de promesas populares y anunció la construcción de decenas de miles de viviendas. Un propósito loable que duró lo que duran las burbujas de champán en una copa abierta. Nadie sabe donde están y en que estadio se encuentra las viviendas prometidas. Pero da igual. Cumplieron su propósito real que no era solucionar el problema de la vivienda sino reforzar las aspiraciones electorales del partido que gobierna o lo que sea que hace. Ahora que las elecciones nos rodean de nuevo nos lanza otra promesa, esta vez más sencilla de cumplir, consistente en eliminar las ‘golden visa’. Un mecanismo que concede la nacionalidad por una vía de urgencia a todos aquellos que inviertan al menos medio millones de euros en una vivienda en España.
La ministra del ramo, que ahora es la señora Isabel Rodríguez, asegura que las ‘golden visa’ «tensionan el mercado e incrementan el precio de los pisos» y que su eliminación permitirá «amortiguar y paralizar este tipo de especulación». Mencionar en la misma frase la vivienda y la especulación garantiza el éxito popular de la propuesta, pero confiar en que la frase sea cierta y que la medida tendrá el éxito prometido es de una ingenuidad pasmosa.
La propuesta expele un intenso tufo demagógico y el momento elegido para hacerla lo refuerza. La propia ministra aseguró que desde 2013 a 2023 se han concedido 14.576 ‘golden visa’. ¿Cuántas viviendas se han vendido en España en ese periodo? He visto varias cifras, pero en ninguna de ellas las afectadas alcanzaban el 0,2% del total. ¿Y dónde se han comprado? Pues en lugares muy ‘premiun’, como son el centro de algunas grandes ciudades y en sitios como Marbella. Obviamente su desaparición podrá afectar a las ventas realizadas en dichos emplazamientos y rebajar allí el precio de las viviendas al reducir algo su demanda. Pero es evidente que tal decisión pasará inadvertida en el resto del país, que es la gran mayoría del país, y en donde se concentra la inmensa mayoría de la población afectada por el problema del precio de la vivienda.
La oportunidad de la medida es perfectamente discutible. Precisamente porque afecta a un colectivo importante pero reducido de personas y a una zona del mercado que no necesita el apoyo público y, por eso mismo, no es necesario embellecerla con aderezos populistas como si fuésemos idiotas. ¿O es que lo somos? Desde luego, la señora Rodríguez así lo cree…