A la sombra del Rey

El 21 de agosto de 1645, unos días antes de morir, Francisco de Quevedo escribió a su tocayo y amigo Francisco de Oviedo, una afligida carta de la que tomo este párrafo: «Muy malas nuevas llegan de todas partes y muy rematadas. Y lo peor es que todos las esperaban así. Esto, señor don Francisco, no sé si se va acabando, ni si se acabó».

Traigo la cita a colación porque se me ocurre si acaso no viene al dedillo después de escuchar el discurso que anteayer, en presencia del Rey Felipe VI, pronunció la presidenta del Tribunal Supremo en el acto de Apertura del Año Judicial. Fue una intervención que permite pensar que hay un horizonte abierto a los tiempos convulsos que la judicatura atraviesa merced a las embestidas provenientes de varios frentes. Desde los insultos proferidos en el Parlamento por determinadas lenguas viperinas, hasta las graves amenazas dirigidas a jueces con nombres y apellidos, pasando por la acusación de lo que, con maldad y supina ignorancia, llaman lawfare. Se trata de gestos y comportamientos que constituyen prueba evidente de una estratagema totalitaria que persigue dar el tiro de gracia a la independencia judicial.

La señora presidenta, con sus palabras, ha sido la voz seria de la justicia al afrontar el desafío. Sabedora de que la indolencia no cabe y la desgana tampoco, doña Isabel Perelló ha salido en contra de quienes, un día sí y otro también, mancillan el honor y la dignidad de los jueces. Hizo una declaración tajante y sin fisuras en defensa de sus colegas, destinada a esos individuos que sólo entienden la justicia en clave ideológica y que trafican con ella alterando su pureza. De ahí que considerase «inadmisible que la descalificación pública de los jueces sea un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción», y defendiese, con especial énfasis, que «nuestras decisiones están al servicio de la justicia y del interés general y nunca al servicio de otros intereses (…) sin ceder a influencias, presiones ni interferencias de ningún tipo».

Las palabras de la señora Perelló no han podido ser más oportunas. Tanto que, según fuentes de toda solvencia, fueron como bálsamo en ojo de boticario, o sea, que el ungüento era de lo mejor de la farmacia, pues era mucha la gente del mundo de la justicia que estaba preocupada por la situación de acoso y derribo que el Poder Judicial sufre. Nada más peligroso en una democracia que deslegitimar a sus jueces para que sirvan a intereses ajenos a su misión. Y es que, a fuerza de ser sinceros, reconozcamos que, en el mundo de la política, no son pocos los que piensan que al poder judicial se le puede reducir al silencio; que a los jueces se les puede comprar y vender; que a los tribunales se les puede implicar en amorales tejemanejes o poner una sábana de fantasma y tratárseles de marioneta, que viene a ser lo mismo. En este sentido, es muy grave que la justicia, en todas sus vertientes, es decir, desde el titular de un juzgado de cabeza de partido hasta el magistrado del Tribunal Supremo, sea concebida como una institución más, en función de la cual pueda servir a los más abyectos propósitos si eso redunda en provecho y beneficio del gobernante de turno, con la dramática consecuencia de una ciudadanía convertida en mera y paciente espectadora.

Cierto que el mal viene de lejos, pero el momento que actualmente vivimos es de los más preocupantes de la historia judicial española. Sirva de botón de muestra el acoso constante que sufren los jueces y recientes están la tacha de despropósito a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la aplicación de la llamada ley de nietos, o las amonestaciones de mal gusto a la magistrada señora Tardón por incoar un procedimiento por la invasión de Ceuta. Como dice el refranero, son gente para la que el huevo siempre está por encima del fuero y que, alegando el fuero, se dan al desafuero. Qué bien les vendría a estos mercaderes de la justicia leer el final de la Orestiada de Esquilo, cuando Atenea, la diosa de la sabiduría, justifica su intervención en el mundo de los mortales con esta frase: «Que ningún hombre viva sin control de la ley, ni controlado por la tiranía». La ley es una alternativa al despotismo y, para los jueces, el imperio de la ley significa que, como independientes que son, han de lograr que se aplique.

Téngase presente que si hay algo que realmente define al juez, es ser leal y honesto, dos adjetivos que, lamentablemente y a marchas forzadas, algunos pretenden que pierdan valor y sentido. Leal significa que guarda a personas o cosas la debida fidelidad. En derecho, vale por legal. Honesto equivale a decente, razonable, justo, honrado. No es cuestión de glosar en detalle ambas nociones. Sea suficiente dejar constancia de la satisfacción que al ciudadano le produce comprobar que el juez es leal consigo mismo y con los destinatarios de sus resoluciones y, en sentido opuesto, del malestar que provocan los gestos autocráticos de aquellos que desean moldear la conciencia de los jueces y convertirlos en sumisos vasallos que deambulan mansamente por la vereda del poder. De una puñetera vez –dado el asunto, escribir puñetas viene al pelo– y para no perdernos en el laberinto, convendría saber que el poder judicial sólo depende de sí mismo y que, por norma, el juez huye de tanto político y parapolítico al uso, que lo que quieren es tener jueces siervos, no jueces libres. Como tantas veces repiten nuestros clásicos, la autoridad es la suma íntima, casi la fusión, de poder y prestigio. El prestigio de nuestra magistratura contribuye, sin duda, a la mejor autoridad de los poderes del Estado, porque la división de poderes no significa la impenetrabilidad de los mismos, sino, por el contrario, la estrecha cooperación en el servicio de los grandes intereses nacionales.

En fin. El discurso de la presidenta del Tribunal Supremo permite llegar, entre otras, a varias conclusiones. Una, que la independencia judicial tiene razones sustantivas, valederas para todos los tiempos y adaptables a todos los sistemas políticos. Es un imperativo de todo Estado de Derecho. Y un reto. Otra, que ahí donde los jueces no cuenten con una independencia efectiva, ningún sistema podría llevar la etiqueta de Estado de Derecho. Un rótulo del que ningún Estado democrático puede desprenderse jamás. Y una tercera, que hace años que el pueblo español, del que la justicia emana, puso en manos de los jueces un instrumento delicado y preciso. La Justicia es la verdadera meta y la Justicia no será jamás conquistada, aunque el esfuerzo para aproximarse a ella sea el más hermoso que el ser humano puede emprender.

Finalmente, un detalle que considero de enorme importancia. Me refiero a que las palabras de la señora Perelló tuvieron un oidor muy especial: el Rey Felipe VI que, una vez más, acudió al Tribunal Supremo no como un actor político más, sino en cumplimiento de su papel constitucional y como símbolo de la continuidad constitucional. Lo que con su presencia S.M. ha querido hacer es estimular la lucha de los jueces por la Justicia y comprobar que en esa lucha, que es, a la postre por España, encontrará siempre, con serenidad, decisión y sacrificio, a esos hombres y mujeres que, desde que se iniciaron en el oficio de juzgar al prójimo, comprendieron lo que sustancialmente significa ser jueces independientes al servicio del Estado y de los ciudadanos.

Es innegable que, por su trayectoria, el Rey Felipe VI ha dejado claro su compromiso con la Justicia, con quienes la administran y, especialmente, con su independencia. A la memoria me vienen las palabras que pronunció en la entrega de despachos a los miembros de la 73.ª promoción de la carrera judicial, cuando destacó que la salvaguardia de la independencia judicial es esencial para el buen funcionamiento de nuestro sistema constitucional y pidió «profundo respeto» a la Justicia como una de las instituciones que vertebran el Estado y como «condición indispensable para la pervivencia de los principios y valores en los que se asienta».

Por eso la imagen del Rey presidiendo anteayer la apertura del Año Judicial tiene un enorme valor institucional. La de un Jefe de Estado que, desde la neutralidad que exige su posición, vuelve a situarse junto a uno de los pilares esenciales de nuestra democracia: una Justicia independiente, libre y sometida únicamente a la ley.