A los convergentes

Muchos militantes y votantes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) votaron sus siglas el 27-S más por tradición que por entusiasmo. Con razón: habían tenido que digerir en el escaso espacio de un año tres desagradables novedades de fuste.

La primera fue el derrumbe moral causado por el engaño contra ellos (y el resto de los catalanes) de su fundador, Jordi Pujol, cuando confesó el fraude fiscal perpetrado durante décadas en comandita (él mismo, su esposa e hijos), a la manera de una trama criminal. Luego vino la ruina de la federación CiU, con la democristiana Unió, que le aportó raíz histórica, conexión europea y moderación, y fue en vano centrifugada. La tercera fue la secuencia de indicios de que la presunta corrupción sistémica que corroía al nacionalismo bajo Pujol se repetía en otros saqueos de arcas públicas bajo su apadrinado Artur Mas: ya del Palau de la Música, ya de las obras públicas: una nueva y mejorada (supuesta) extorsión del 3% en los contratos nepotistas.

Conviene recordar, contra lo que propala la propaganda oficial, que eso no estaba descontado. Al contrario, sorprende porque ni siquiera figuraba en el programa de Junts pel Sí: nada dice este sobre desacatar las leyes españolas, desobedecer al Tribunal Constitucional y disparates conexos. Y su capítulo estratégico básico, el llamado Bloque I (Hoja de ruta hacia la independencia), ni siquiera alude a una República catalana, contra lo que impetra la resolución parlamentaria formateada por la CUP.

De modo que al confiado votante convergente sus propios líderes le han secuestrado el programa que le indujeron a votar, reemplazándolo por los dictados de un partido antisistema, antieuropeo, anti OTAN y antioccidental. Peor aún, este ni siquiera garantiza públicamente a cambio la investidura de Mas. Es más, se siente autorizado para eliminar como candidatos a repetir a distintos consejeros salientes.

Ese secuestro es más grave todavía por cuanto CDC comparte modelo de sociedad, visión de la democracia y reglas de la economía con los grandes partidos PP y PSOE, mientras que el Estado independiente que propugna la CUP exhibe contenidos antitéticos a los del nacionalismo: nada comparten, en todo discrepan.

Todas estas súbitas precipitaciones —peligrosas porque ponen en peligro el normal desenvolvimiento de la autonomía catalana— contrastan con el secesionismo de apariencia pausada y secuencial de la propia CDC en su última fase. Y sobre todo, suponen una insólita quiebra de 40 años de constitucionalismo, gradualismo, moderación, transversalidad y europeísmo que hicieron de esas siglas motivo de voto para sus electores y de respeto —ya crítico, ya admirativo— para el resto.