En Sabin Etxea hay consigna de poner sordina a las diferencias internas, en apariencia cada vez más visibles, entre el sector moderado y el más soberanista. En cambio, no se escatiman calificativos contra el proyecto de nueva Ley Vasca de Cajas que acaban de pactar el PSE y el PP. Dos asuntos distintos que empujan hacia un denominador común: a Iñigo Urkullu se le acumulan los problemas.
Su llegada a la presidencia del Euzkadi buru batzar, tras el adiós de Josu Jon Imaz, fue posible porque las dos sensibilidades llegaron a un pacto de no agresión. El compromiso debía permitir al PNV recuperar la imagen de un partido unido, aun a riesgo de que la libertad de movimientos de las partes dispersara mensajes y estrategias. Con las elecciones internas de nuevo a la vista -el proceso arrancará a final de año-, los soberanistas parecen decididos a marcar cada vez con más claridad su propia impronta. Así se ha puesto especialmente de relieve en los diez últimos días.
El regreso de la izquierda abertzale al epicentro del debate político con Sortu ha recordado a la formación jeltzale que los radicales nunca han renunciado a arrebatar al PNV el liderazgo en el campo nacionalista. Nada extraño, pues, que el presidente del EBB se opusiera desde el primer momento a que el partido se sumara a la multitudinaria marcha por la legalización de Sortu que ayer recorrió el centro de Bilbao. Menos aún su enfado y el de los suyos -los vizcaínos de Andoni Ortuzar- porque conocidos prohombres del sector soberanista, como Xabier Arzalluz o Iñaki Zarraoa, rubricaran la convocatoria. O con la presencia ayer en el acto de otras caras ilustres.
Los moderados nunca encajaron demasiado bien que Joseba Egibar decidiera afrontar las elecciones de mayo en Guipúzcoa con un discurso político exclusivamente en favor del soberanismo y la acumulación de fuerzas. Ahora, convencidos de que los radicales estarán el 22-M en las urnas, como Sortu o a través de EA, se entiende menos aún que militantes -y simpatizantes independientes- se sumaran a un acto como el de ayer, a mayor gloria de la izquierda radical. ¿El temor? Que el PNV no logre la victoria en el territorio. E incluso, en el peor escenario posible para los jeltzales, tener que elegir el 23 de mayo entre pedir el apoyo a los radicales para conservar la Diputación o renunciar a ella.
Primacía en riesgo
La segunda actuación coordinada de los soberanistas contra los planteamientos del sector moderado la desvelaba EL CORREO el pasado fin de semana: el veto de última hora de Egibar y del alavés Iñaki Gerenabarrena a la fusión fría entre la BBK y la Vital, avalada oficialmente por PNV, PSE y PP, cuando la rúbrica del acuerdo de intenciones era inminente. Urkullu se apresuró a intentar tapar el problema con el argumento de que el PNV aspira a una fusión plena de las tres entidades vascas. Una obviedad tan cierta como que un acuerdo así sigue siendo hoy políticamente inviable.
Nadie ha aportado razones de peso para explicar el veto. Tampoco para justificar por qué Urkullu aceptó sin más la decisión coordinada de los dos presidentes territoriales soberanistas. Decisión con la que se marcaban un tanto de fortaleza interna. Pero el paso de Egibar y Gerenabarrena, unido a la nueva ley que han preparado PSE y PP -con mayoría en el Parlamento-, pone en riesgo la primacía jeltzale en dos de las tres cajas vascas. Ya no solo en la Vital, cuya presidencia esperaban recuperar en la próxima renovación, sino incluso en la Kutxa guipuzcoana, que siempre han controlado.
Si el PNV usó en su día su primacía parlamentaria para aprobar una ley acorde a sus intereses, PSE y PP intentan ahora hacer lo propio. ¿Cómo? De un lado proyectan rebajar el peso en las asambleas de las cajas -que luego eligen a los órganos de dirección- de ayuntamientos y corporaciones fundadoras, donde los jeltzales tienen más poder. Por otro, quieren reforzar el de los ayuntamientos de capital -el PNV solo tiene Bilbao y no parece en condiciones de dar la sorpresa en los otros dos en mayo-, que tendrán representación como entidades fundadoras como hasta ahora y, además, se quedarán con una parte proporcional a su peso poblacional de la cuota reservada al resto de municipios.
A ello hay que unir que habrá representación de los municipios de fuera del País Vasco con oficinas de las cajas vascas. Que desaparece la posibilidad de agrupación de ayuntamientos y la rotación, lo que dejará siempre fuera a los pequeños. Que el Parlamento, las Juntas Generales y otras entidades, como podrían ser las cámaras de comercio, también estarán en la asamblea. Un modelo con cierto parecido al de Caja Madrid, a priori menos ventajoso para el PNV que el actual y más para el PSE y el PP. Especialmente para el primero en Guipúzcoa y para los populares en Álava. Además, si no hay cambios, las asambleas de las cajas se renovarán según los nuevos criterios en noviembre de este año, como exigía el partido de Basagoiti.
Los jeltzales esperaban hacer la norma menos adversa a sus intereses en el reparto de cuotas de poder del banco fruto de la fusión fría BBK-Vital. Egibar y Gerenabarrena han tumbado esta opción. Ahora solo les resta a los jeltzales apretar a Zapatero. Pero el presidente ya no depende exclusivamente del PNV. CiU, tras recuperar la Generalitat, ha ‘recobrado’ el sentido de Estado y ha vuelto por la senda de los acuerdos con el Gobierno en el Congreso. Lo dicho: los dolores de cabeza se le acumulan a Urkullu.
EL CORREO, 20/2/2011