Hagamos un breve repaso al tema. La Constitución fijó en su artículo 122 la vía para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, vale decir al presidente más sus 20 miembros, 12 de los cuales serán elegidos entre sus pares, jueces y magistrados de todas las categorías y los ocho restantes por el Congreso y el Senado, mitad y mitad, elegidos por una mayoría cualificada de 3/5 en ambas cámaras entre juristas de reconocido prestigio.
Durante la etapa de UCD en el Gobierno se aprobó la Ley 1/1980 de 10 de enero, Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial que trasladaba fielmente el mencionado artículo de la Constitución, pero esto no acababa de convencer a los socialistas gobernantes desde el 82 y así se aprobó la Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial. El felipismo recurrió a la martingala de hacer que los 20 magistrados del CGPJ fueran elegidos en su totalidad por las cámaras parlamentarias con la misma mayoría cualificada con que se elegía a los ocho juristas por el Congreso y el Senado.
Psico Pedro y Psico Pablo negociaron cómo construir un artefacto totalitario y dieron en reducir la mayoría cualificada que ellos habían impuesto con la ley del 85 a mayoría absoluta.
El asunto, fríamente considerado, da un poquito de vergüenza. Quizá por eso, los tres jueces de carrera que Sánchez incorporó al Gobierno se ausentaron de la sesión en la que sus señorías discutieron el mamotreto: por una pizca de pudor, un último resto de vergüenza, qué pensará mi madre si me ve. Tres jueces: Margarita Robles, ministra de Defensa, Fernando Grande Marlasca, titular de Interior y Juan Carlos Campo que lo es de Justicia, además de los puntos que pudiera reportarle su noviazgo con Meritxell, ay, mi Meritxell.
La Comisión Europea no parece muy partidaria de las fantasías y algo parece que le ha llegado al doctor Fraude, a juzgar por la rueda de prensa que dio ayer desde Bruselas. 140.000 millones es un montón de pasta, lo mires como lo mires y se muestra dispuesto a negociar desde hoy mismo. Negociar siempre que el interlocutor esté dispuesto a aprobar lo que proponga yo. Para los presupuestos mantiene idéntica posición. Él llegó a la Moncloa por una moción de censura basada en una sentencia prevaricadora. La función de sus socios y de la oposición es sostenerlo allí. No querrán que él lo haga todo.
Sánchez y los suyos consideran que la negociación con el PP no progresa por el bloqueo de este partido. Él no cree que sea responsabilidad principal del mando llegar a acuerdos y a los desacuerdos los llama bloqueos. Por eso, para evitarlos, es mejor que decidamos nosotros solos.
Es de justicia señalar el acierto de Inés Arrimadas en la sesión de control, después de meses de vagar por el desierto: “Sólo hay una idea peor que la de que ustedes se repartan los jueces en la Cámara por amplísima mayoría. Que se lo reparta el Gobierno con sus socios filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados”. Tiene razón. Toda.