POR PEDRO BOFILL, ABC 12/01/13
«No soy de los que creen que las actuales dificultades se remediarían por el mero hecho de denominar a nuestro Estado como federal»
Por mucho que alguna de sus señorías se empeñe, no existe en Cataluña voluntad de segregación del conjunto del Estado. No hay ninguna mayoría que sustente la separación. La Generalitat es Estado, un organismo del Estado y está comprometida con el Estado». Estas palabras fueron pronunciadas por Duran i Lleida en el pleno del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2006.
Las declaraciones y discursos del gobierno autonómico catalán introducen en el panorama español, y a medio plazo en el europeo, un horizonte poco halagüeño para los intereses de los ciudadanos. La extremosidad de estos pronunciamientos puede situarnos ante una encrucijada que dañará a todos y, especialmente, a los catalanes.
Al proclamar el Estado de las Autonomías, la Constitución Española de 1978 supuso un avance sin precedentes en la consolidación de una convivencia democrática respetuosa y solidaria entre todos. Nuestro Estado democrático se fundamenta, como cualquier Estado que sea calificado como tal, en los principios de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9 de la Constitución Española). Ello supone el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y a las leyes y la prohibición de la arbitrariedad de aquellos, con el fin de contener los abusos de poder.
La Constitución de 1978 proclama una soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes. No es, por tanto, una soberanía fragmentada sino que es, al igual que en los Estados federales, una soberanía única que reside en el pueblo y es gestionada por los representantes elegidos democráticamente en las Cortes Generales. Ese pueblo es el que, soberanamente, ha hecho posible que Cataluña disfrute de un nivel de autogobierno y de competencias similar al de los Estados federales, e incluso superior a alguno de ellos.
En este marco, todos los Estatutos de Autonomía, por tanto el de Cataluña también, fueron aprobados por referéndum en sus respectivos territorios, al igual que lo fue la Constitución en todo el ámbito del Estado español. Por tanto, la realización del referéndum propuesto por el gobierno autónomo catalán, además de ser inconstitucional, dañaría gravemente los derechos de los demás ciudadanos españoles. La actual Constitución española es fruto de un amplio consenso entre todas las posturas políticas democráticas para instaurar, entre otras cosas, el Estado Autonómico. Todos cedimos. Si ahora hay quienes pretenden romper las normas de convivencia democrática y cambiar el actual sistema político territorial, todos tenemos el mismo derecho a participar en esa decisión.
No es comprensible la exacerbación por la que se desliza el gobierno del señor Mas ni las posturas de ciertos partidos nacionalistas catalanes, que están conduciendo al país hacia un enfrentamiento cuyas consecuencias pueden ser nefastas para todos los españoles. Resulta desesperanzador que muchos representantes catalanes, que otrora fueron admirados por su prudencia y capacidad de diálogo, hayan adoptado una posición de intransigencia. La Cataluña del «seny», de la cordura; la Cataluña de Balmes, para quien el buen sentido y el diálogo son las claves de la civilización, no debe, no puede ser arrastrada por nadie hacia posiciones irreconciliables, pues de continuar por esa deriva se mutilaría el fundamento más sólido de su personalidad y de su cultura.
No soy de los que creen que las actuales dificultades se remediarían por el mero hecho de denominar a nuestro Estado como «federal». De hecho, ya tenemos una estructura federal. El Estado autonómico español reconoce un reparto de competencias similar al de los Estados federales y favorece generosamente la presencia en las instituciones representativas del Estado de todos los partidos, sean de ámbito estatal o autonómico (compárese con el Estado federal alemán).
Soy partidario de un diálogo franco y abierto para enmendar la Constitución y reorganizar su título VIII, de acuerdo con un Estado descentralizado de corte federal como es el nuestro, ya que la única diferencia entre el que consagra la Constitución Española y uno federal es el proceso histórico que lleva a uno y a otro, es decir, si ese proceso ha sido de integración o, como en nuestro caso, un proceso descentralizador.
Recuperemos el diálogo, el espíritu negociador que tan buenos resultados ha dado en estas últimas décadas. Afrontemos con realismo una reforma del título VIII de la Constitución que permita un nuevo reparto competencial ajustado a las posibilidades y a las peculiaridades históricas de cada Comunidad, que cierre definitivamente dicho título y nos permita consolidar el Estado Autonómico. Este sería un camino convergente -concordante con las palabras de Durán i Lleidaque nos permitiría una solución con las exigencias de este momento, abandonando aventuras inviables o cuanto menos, traumáticas, que terminarían perjudicándonos a todos los españoles, sean vascos, catalanes, andaluces o de otras comunidades. Porque, no nos engañemos, el futuro sólo lo ganaremos unidos.
Pedro Bofill fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, miembro del Congreso de los Diputados y parlamentario europeo.
POR PEDRO BOFILL ABC 12/01/13