EL CORREO – 14/01/15
· La Fiscalía investigará si las palabras del líder de Sortu suponen un delito de «injurias y amenazas» contra el instituto armado.
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, así como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han ordenado abrir diligencias contra el presidente de Sortu para investigar si las controvertidas palabras que Hasier Arraiz pronunció la víspera, en las que afirmó que es el momento de dar «jaque mate» a la Guardia Civil, podrían suponer un delito de «injurias y amenazas» al instituto armado. En principio, la competencia para estudiar el caso recaería en Euskadi, dada la condición de aforado de Arraiz, que ostenta uno de los escaños de EH Bildu en el Parlamento vasco.
El presidente de Sortu vuelve de esta forma a colocarse en el centro de la polémica apenas tres meses después de que el juez del TSJPV Borja Iriarte se decantara por archivar, por segunda vez, la causa abierta en su contra por las declaraciones que realizó durante una charla en recuerdo de Santi Brouard y Josu Muguruza, asesinados por los GAL y la extrema derecha. Arraiz afirmó que la izquierda abertzale no está dispuesta a «rechazar ni a revisar» las decisiones que esta corriente política tomó «hace 35 años». Entonces fue la asociación Dignidad y Justicia la que le acusó de enaltecer el terrorismo, mientras que en esta ocasión, han sido el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, y el Ministerio del Interior, quienes instaron ayer a las respectivas fiscalías a actuar contra el dirigente independentista.
Hasier Arraiz cargó el lunes con dureza contra el Gobierno de Mariano Rajoy y contra la operación desarrollada contra el colectivo de abogados que da servicio a los presos de ETA. El presidente de Sortu acusó al Ejecutivo del PP de dar «una respuesta de venganza» a la manifestación del sábado contra la dispersión, calificó la redada como propia de un «Estado terrorista» y, jugando con los términos de la ‘operación Mate’, pidió al pueblo vasco que dé «jaque mate» a la Guardia Civil y conseguir así que se «vaya de Euskal Herria». El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, respaldó ayer estas palabras, si bien puntualizó que a lo que hay que dar «jaque mate» es a «la presencia de la Guardia Civil» en Euskadi, puesto que se trata de «una organización militar no está para traer la democracia ni el respeto a los derechos políticos de los vascos», expresó.
«Bromas las justas»
Las reacciones a la intervención de Arraiz se produjeron en cadena. Empezando por el Gobierno central. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que la declaración del líder del Sortu «ha puesto de manifiesto que la organización a la que representa está en la línea contraria de lo que exige la democracia y de lo que exige la lucha contra el terrorismo». Más tajante, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó que ha sido ETA la que durante décadas ha querido «dar jaque mate a la Guardia Civil». Prueba de ello, dijo, es que cientos los agentes «han muerto en defensa de la libertad». «Bromas con esto las justas», advirtió Fernández Díaz. El titular de Interior aprovechó, además, para replicar a la izquierda abertzale que el Gobierno «no va a replegar» al instituto armado de Euskadi. «Si ETA está derrotada es gracias a ese despliegue», apostilló.
La intervención de Hasier Arraiz desató las críticas de PP, PSOE y UPyD –los socialistas llegaron a tildar de «repugnantes» sus palabras–, así como del colectivo mayoritario de víctimas en Euskadi, Covite. El PNV fue el único partido que salió en defensa de Arraiz. Así, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, rechazó que la declaración del presidente de Sortu suponga «un llamamiento a acciones contra nadie» por lo que emplazó a no buscar «cinco pies al gato», ya que Arraiz, remarcó, «recurrió a la misma terminología utilizada para denominar a las operaciones policiales».
Desde el Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó «respetar» la decisión de la Fiscalía, si bien quiso restar importancia a las palabras del dirigente abertzale. «Lo fundamental de la situación anómala generada con las detenciones no es el discurso que puedan hacer unos y otros», manifestó. Desde el Ejecutivo de Vitoria volvieron, eso sí, a acusar de «falta de lealtad» al Gobierno central por no informarles de la operación desarrollada en Euskadi.
EL CORREO – 14/01/15