EL MUNDO – 29/01/16 – VICTORIA PREGO
· El magistrado Jesús Barrientos tuvo la valentía y la decencia de abordar en su escrito de presentación ante el Consejo General del Poder Judicial, que debía decidir el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los problemas específicos y muy graves que están planteados en esa comunidad. No eludió la cuestión como sí lo hizo su antecesor, que ni siquiera mencionó el tema y que, preguntado por él, vino a decir que no era recomendable para un juez significarse en ese asunto.
Barrientos expuso sus consideraciones sobre la anómala actualidad política catalana sin que nadie tuviera que preguntarle. Y no es que lanzara una soflama ideológica, en absoluto. Sencillamente abordó de frente el tema y puso de manifiesto lo obvio: que en las actuales circunstancias, en las que el Govern y el Parlament se disponen a tomar medidas y a aprobar leyes para separar a Cataluña de España y han manifestado su voluntad de ignorar las sentencias del Constitucional, cuya autoridad no reconocen, «la relación institucional [de los representantes del Poder Judicial] con el Parlament y la Presidencia sería muy delicada y deberá responder a una situación de excepcionalidad» .
Es decir, el magistrado Barrientos se prepara para enfrentarse con las atribuciones que le otorga su cargo al desafío de los independentistas. Y no puede dejarse la representación de uno de los Poderes del Estado en manos de personalidades melifluas, acobardadas o sencillamente acomodadas. Porque lo que hay es la inundación ideológica por parte del poder político en todas las instituciones de Cataluña, sean públicas o privadas. Y frente a esa invasión, preparada y llevada a cabo durante muchísimos años ante la pasividad del Estado español y de sus sucesivos gobiernos, es imprescindible oponer a funcionarios que sean muy conscientes del papel que han de jugar en ese escenario hostil. Barrientos ha demostrado que lo es.
Y no sólo eso: ha puesto también el dedo en otra llaga que pide a gritos un saneamiento urgente. El flamante presidente del TSJC habla de lo que supone que algunos magistrados de ese tribunal –y de todos los de las autonomías– sean designados por los partidos presentes en los parlamentos autonómicos. Porque algunos de esos jueces se ven en la tesitura de juzgar a políticos miembros del partido que les aupó. De hecho, eso ya ha ocurrido en el caso en el que se ha de juzgar a Artur Mas y a dos de sus consejeras con motivo de la consulta del 9-N.
El juez que ha instruido el caso había sido nombrado por CiU. Y eso es algo que se da de bofetadas con la apariencia de imparcialidad que debe acompañar a todo juez, imparcialidad que los políticos sometidos a juicio no desean, pero que resulta imprescindible para la higiene democrática. Ha sido un nombramiento plenamente acertado.
EL MUNDO – 29/01/16 – VICTORIA PREGO