El jefe del gobierno debe disolver el parlamento y apelar al cuerpo electoral cuando considere que el respaldo de la cámara ha quedado en entredicho, o no es suficientemente sólido. Y es legítimo que elija el momento que considere más propicio. La capacidad de adelantar las elecciones se presta, ciertamente, a usos espurios, cuando el puro interés partidista se impone, sin más justificación. Las circunstancias y la cultura política del país determinarán si el electorado castigará, o no, al partido que haya caído en esa tentación.

La decisión del presidente del Gobierno de adelantar las elecciones en este momento no puede criticarse. La oposición lleva toda la legislatura reclamándolo; y el Ejecutivo acaba de recibir un severo varapalo parlamentario respecto a medidas que consideraba esenciales. Sí es criticable que no se haya producido antes, dada la evidente carencia de una mayoría parlamentaria detrás del Gobierno, salvo de forma ocasional. No es la primera vez, en esta legislatura, en que el Gobierno sufre una derrota similar en el Congreso. Y -lo que es lacerante respecto a la salud del sistema parlamentario- ha sido una legislatura (casi) completa, sin que el Ejecutivo haya sido capaz de que se aprobasen unos solos presupuestos, sin haberse tomado la molestia, tan siquiera, de cumplir su obligación constitucional de presentar, cada año, el proyecto ante las cámaras. La pertinacia en mantener la legislatura ha provocado un importante deterioro en los fundamentos de nuestro sistema parlamentario, que, muy probablemente, lastrarán nuestro futuro. ¿Qué legitimidad van a alegar los partidos de izquierda, con estos antecedentes, para oponerse al deterioro del sistema democrático que -¿previsiblemente?- impulsen futuros gobiernos de derecha?

Bienvenido sea el adelanto electoral. Pero se vislumbra un futuro profundamente sombrío. La polarización y la toxicidad del ambiente político en que estamos inmersos desde hace tiempo van a incrementarse de forma desaforada, superando los límites conocidos hasta ahora. Vamos a ver y oír cosas que no podíamos ni imaginar -estamos empezando ya a verlas y oírlas-, porque cada uno de los dos campos principales confrontados considera que, para apurar sus opciones electorales, debe llevar la confrontación a lo más elevado, agudizando la polarización y negando cualquier legitimidad al adversario. La oposición al Gobierno lleva prácticamente toda la legislatura confiando sus opciones de victoria a los escándalos protagonizados por personas que han ostentado relevantes cargos en el Ejecutivo o en el Partido Socialista y a los correspondientes procesos judiciales, así como los relativos a familiares del presidente. Y los partidos del Gobierno creen haber encontrado en la preocupación social con el problema de la vivienda, en la perspectiva de una movilización detonada por el rechazo del Congreso a los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros, la plataforma que necesitaban para activar a una parte importante, cuando menos, de ese electorado que parece haber ido perdiendo hacia la abstención durante sus años en el poder. Se trata, en todo caso, de una estrategia con riesgos. Cargar en exceso las tintas de la confrontación puede ser contraproducente: ¿cuántas personas, hartas del ambiente político irrespirable, decidirán quedarse en casa, sin ir a votar? Una de las claves va a estar en saber hasta dónde llegar en esa dinámica de incremento de la crispación.

Una dinámica electoral en estos términos tiene muchas posibilidades de arrasar con las cuestiones domésticas del debate en Euskadi. Una dinámica que podría inflar las alas electorales de PSOE y PP, siempre que consigan que, como es tradicional en las generales, la participación sea más elevada que en las autonómicas. El PNV es el partido que, previsiblemente, más dificultades puede encontrar para no quedar diluido en ese escenario, porque, como es tradicional, con mayor participación sus porcentajes disminuyen y parte del electorado que le respalda en las autonómicas no lo hace en las generales. Ello daría opciones a EH Bildu para superarlo electoralmente, aunque, según cuál sea la participación, n o esté claro que eso le permita situarse como primera fuerza electoral en la comunidad autónoma.

Un negro panorama, como para salir corriendo, si no fuese tan importante lo que tenemos en juego.