Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
La vicepresidenta Yolanda Díaz es una gran especialista en hablar de lo que desconoce y tiene una tendencia irritante en influir o decidir en la vida de los demás y condicionar sus actos, en un alarde de osada soberbia. Ahora se ha empeñado en sacar adelante una ley para «democratizar la empresa». Ahí es nada. Como suele suceder, la intención es loable ya que se trata de lograr una participación más eficaz de los trabajadores en la toma de decisiones. Pero he debido de estar despistado, pues no me he enterado de que la empresa es un organismo democrático que toma por votación general las decisiones que conforman su estructura de capital, el catálogo de productos, las inversiones necesarias, las políticas retributivas, el posicionamiento en el mercado y otros pequeños detalles. Si los deberes son asimétricos, pues no todos arriesgan su dinero y la nueva ley no obligará a hacerlo, ¿deberían ser iguales los derechos?
Podría ser que su intención no fuese tan lejos y se limitase a imitar el modelo alemán en el que en algunas empresas los trabajadores participan en el órgano de supervisión (Aufsichtsrat) diferente al de administración (Vorstand) habitual entre nosotros. La señora Díaz debe entender que para que funcione este modelo que, dicho sea, me parece digno de estudio, resulta imprescindible que exista una comunión previa de intereses entre las partes. Es decir, que todos trabajen a favor de los generales de la empresa y no de los suyos particulares. ¿Existe hoy tal comunión? Lo dudo. Por otra parte, la composición del panorama empresarial español es muy diferente al alemán, con empresas mucho más pequeñas y un número elevado de autónomos. ¿Piensa en ellas la vicepresidenta o solo en las grandes?
La cosa empeora cuando nos detalla las intenciones que mueven su propuesta. Se trata de «elevar un dique de contención» frente a deslocalizaciones, sin darse cuenta de que todas las trabas que se levanten para la salida de las empresas se convierten inmediatamente en trabas a su llegada. Y también quiere que sea un contrapeso a la dirección frente a los «sueldos abusivos». ¿Van a decidir los 5 trabajadores que emplea de media la empresa española cuánto debe ganar su propietario y el fundador que arriesga su dinero? ¿Sabe la señora Díaz que en España hay sindicatos, como ELA, que tienen como lema la «confrontación» y miden el éxito de su gestión por el número de huelgas que convocan?
Para que la participación planteada mejore la eficiencia y la productividad de nuestras empresas es necesario que exista una visión compartida de su función social y su funcionamiento. La vicepresidenta no la tiene. A ella le gustan más los modelos de intervención aguda. Siempre que sea ella quien intervenga, claro está.