Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 27/4/12
El mayor riesgo está en que ETA y su mundo crean que el Gobierno ha hecho su primera cesión
En las últimas semanas, entre los presos de ETA reina la indignación. La decisión del Tribunal Constitucional de dar el visto bueno a la doctrina Parot ha caído como un jarro de agua fría entre los etarras encarcelados. El fallo ha echado por tierra las cuentas de la lechera que venían haciendo muchos reclusos que ya se veían en la calle por el simple hecho de que la banda ha dicho que renunciaba a la violencia.
En el colectivo de presos que mantienen la ortodoxia de ETA la actitud generalizada es de cabreo, cabreo provocado por el choque entre sus expectativas y la realidad. No es muy diferente la percepción de muchos militantes de la ilegalizada Batasuna. Tal vez por eso en los últimos días ha habido un desembarco de mediadores y verificadores que han metido presión al Gobierno para que se mueva y ajuste sus ritmos a las prisas de la izquierda abertzale.
Ese es el contexto en el que se ha dado a conocer, de manera manifiestamente mejorable, el que se ha llamado Plan Integral de Reinserción, cuya principal novedad parece ser bajar el listón para autorizar los traslados a cárceles del País Vasco. Hay que dejar claro que los traslados penitenciarios son una facultad discrecional del Gobierno. Los responsables de prisiones pueden llevar a un recluso a la cárcel que juzguen pertinente. Otra cosa es conceder beneficios penitenciarios como progresiones de grado o libertades provisionales. Eso sí que está regulado y hay exigencias legales, entre ellas la de pedir perdón a las víctimas en los casos de delitos terroristas.
Sucede, sin embargo, que la política de los últimos años acercaba a presos que se iban distanciando de ETA, pero el traslado al País Vasco sólo se concedía cuando se materializaba la ruptura con la banda y se asumían los requisitos recogidos en el artículo 90 del Código Penal, que incluían la firma de una petición de perdón. Hay que señalar que esta petición de perdón se hacía ante las autoridades penitenciarias y no ante las víctimas, pero ha sido válida. Eso ha sido la llamada vía Nanclares.
El nuevo plan parece considerar el traslado al País Vasco sin esa petición de perdón. Un riesgo de la medida es que los que se acogieron a la vía Nanclares se sientan manipulados y puestos en evidencia ante sus excompañeros, que los juzgan como tontos útiles. Sin embargo, el mayor peligro está en que ETA y su mundo crean que el Gobierno ha hecho su primera cesión y que, aunque la tachen de inaceptable, esta puede alimentar la expectativa de otras renuncias en el futuro. Y eso podría afectar a la credibilidad de las manifestaciones de firmeza del Estado.
Un plan como el hecho público ayer, que lleva en el frontispicio la palabra reinserción, provoca el rechazo de los etarras ortodoxos. «El término reinserción social nos parece insultante», escribía ETA cuando rechazaba el camino de los polimilis. No va a ser la vía de una amnistía encubierta, como han expresado algunos portavoces de víctimas, porque el grueso de los terroristas lo va a rechazar. Pero ese es su problema, no el de las instituciones.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 27/4/12