Editorial, LA VANGUARDIA, 27/4/12
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abrió ayer una puerta a la reinserción de los presos terroristas con un plan que supone un paso más en la llamada vía Nanclares, la que aplicó el gobierno del PSOE para acercar a la cárcel alavesa a los etarras que habían mostrado su disposición a alejarse de la banda. La propuesta del ministro, que alcanza no sólo a miembros de ETA, sino a los del Grapo, los grupos yihadistas y del crimen organizado, se basa en el mandato constitucional de que el objetivo de las penas de prisión es la reinserción.
Bajo la condición sine qua non de que los presos que se acojan al plan de reinserción deben antes haber mostrado «clara, solemne y públicamente» su renuncia a la violencia, se propone un conjunto de iniciativas orientadas a que los penados conozcan la realidad social y reflexionen sobre su pasado con el objetivo de que vayan dando pasos hacia su integración en la sociedad democrática. Entre estas medidas se incluye la formación en valores como la convivencia y un aprendizaje laboral para su reinserción social cuando hayan cumplido las penas. La participación en este plan puede favorecer un posible traslado individual, que no global, de los presos a cárceles próximas a su domicilio.
El plan, que cuenta con el apoyo del PSOE «porque daña al núcleo duro de ETA», supone un paso para aquellos presos que, habiéndose percatado de la inutilidad de su lucha, han evolucionado hacia el fin de la violencia y han presionado a la cúpula de la banda en ese sentido. Un colectivo presente especialmente entre los presos más veteranos. El plan de alejamiento de los presos se ha demostrado eficaz, pero ha llegado la hora de dar un paso adelante para seguir presionando a la banda hacia su disolución. El plan que propone ahora Interior brinda una salida para estos presos que podría contribuir a dividir aún más al colectivo.
Es lógico que las medidas favorables a la reinserción provoquen desconcierto e incluso malestar en las víctimas. Lejos, como dicen algunos, de ser «una cesión a ETA y una traición a las víctimas», la propuesta ministerial supone ese paso adelante, que es, por supuesto, legal y que surge de la convicción de que es necesario ofrecer una salida a quienes muestren de forma «clara, solemne y pública» su desvinculación de la violencia. Sí es comprensible que las víctimas lamenten que, para acogerse a ese plan, no sea necesario que los presos pidan perdón por lo que hicieron. Es este un punto de la iniciativa ministerial sin duda conflictiva. Pero en todo caso deberán ir dándose pasos en la vía de la paz, y estos pasan por la política penitenciaria.
Editorial, LA VANGUARDIA, 27/4/12