Juanma Romero-El Confidencial
Ahora sí empieza la negociación. Los dos partidos eligen sendas comisiones que pilotarán el camino hasta el debate de investidura. Los socialistas guardan con secreto su oferta y hasta dónde llegarán
Pedro Sánchez pudo haber conseguido la investidura gracias a la abstención de ERC sin apenas coste. Gabriel Rufián lo advertía sin cesar, transmutado en ese dirigente de verbo tranquilo y sin la mochila de espectáculo que traía a cuestas. Julio sería más sencillo que septiembre, y septiembre mucho más fácil que diciembre. Los republicanos podían ayudar a la reelección del líder socialista en el verano sin pedir nada a cambio más que un compromiso genérico de diálogo. Pero la sentencia del ‘procés’, señalaba el portavoz, lo cambiaría todo. Y así ha sido. El PSOE se va a tener que fajar en aquello que no le fue necesario en esos meses estivales perdidos: negociar con ERC. Sentarse a la mesa para fijar el formato de otra mesa, la mesa de diálogo que intente desatascar la «crisis política» en Cataluña.
En julio esa abstención gratis del partido de Oriol Junqueras era irrelevante porque Sánchez no logró amarrar lo básico: un acuerdo con Unidas Podemos. Ahora lo tiene, atado menos de 48 horas después de las elecciones del 10 de noviembre. La aritmética y el contexto, sin embargo, son más adversos y la investidura es tanto o más compleja. Porque ya la suma con Ciudadanos (antes, 180 diputados, mayoría absoluta) podía ser una alternativa y ahora (130 escaños entre las dos fuerzas) ya no lo es. Todo pasa por ERC, salvo que esta diera portazo definitivo y obligara a los socialistas a perseguir otras combinaciones.
ERC, con Junqueras condenado a 13 años de cárcel y asfixiada por la presión de JxCAT y la hipótesis de unas elecciones próximas, necesita poner precio a su abstención. Una mesa de negociación. No dice más. Por ese elemento pregunta a sus bases en una consulta no vinculante este próximo lunes: «¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?». Si la respuesta de los militantes republicanos, como se espera, es un sí masivo, arrancará entonces el diálogo entre las dos direcciones para fijar las condiciones que hagan posible la abstención de Rufián y los suyos en la investidura.
Lastra y Rufián se reunieron este jueves para pactar que la negociación cara a la investidura la llevarían dos comisiones de tres miembros cada una
Interlocución Calvo-Aragonès
Lastra, por su parte, se ayudará de los secretarios de Organización del PSOE y del PSC, José Luis Ábalos y Salvador Illa, tal y como se zanjó en un encuentro que tuvieron el jueves por la tarde los números dos y tres de Sánchez junto con el responsable de Coordinación Territorial, Santos Cerdán. En esta negociación tampoco estará presente la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Como explicaban en su entorno, ella mantendrá el contacto directo con su homólogo en el Govern, el republicano Pere Aragonès, con quien en estos meses ha trabado una relación fluida y sincera. Ambos conducirán la interlocución institucional, de ejecutivo a ejecutivo, mientras que las dos comisiones de PSOE y ERC llevarán el peso del diálogo previo a la investidura.
Los socialistas quieren hacer valer que son los únicos, junto con UP, dispuestos al diálogo dentro de la Constitución. ERC busca un compromiso claro
Aunque los dos partidos tienen sintonía en las cuestiones sociales y suelen coincidir en las votaciones, el gran problema que les separa es el conflicto soberanista. Los republicanos buscan un compromiso claro e inequívoco del nuevo Gobierno de que abordará con valentía el diálogo para buscar una salida política en Cataluña. Los socialistas no quieren hablar de líneas rojas, de hasta dónde están dispuestos a avanzar. Solo hay un límite clarísimo, que está recogido en el punto nueve del preacuerdo sellado con Unidas Podemos: diálogo siempre «dentro de la Constitución». Ello excluye que el Ejecutivo de coalición entre a discutir las condiciones de un referéndum de autodeterminación. Ese derecho, como han insistido siempre el PSOE y el Gobierno en funciones, «no existe».
«Se trata de echar a andar un Ejecutivo que quiere dialogar«, sentenciaban lacónicamente este viernes en la Moncloa, sin mayores concreciones. Es decir, los socialistas quieren hacer valer su posición más flexible como llave para posibilitar la investidura. Lo apuntó hace una semana Sánchez en su única comparecencia posterior a las elecciones con preguntas: el PSOE y Unidas Podemos son «las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña».
¿Qué ocurrirá con el relator?
Afirmación esta que Lastra volvió a repetir este jueves, después de que ERC convocara la consulta a las bases. Un referéndum que en un primer momento causó perplejidad en Ferraz pero que después, una vez la vicesecretaria general habló con la formación separatista, abrió una puerta a la esperanza. Y es que la formulación de la pregunta, tan genérica, blinda a la dirección republicana ante cualquier decisión que pueda tomar e impone realmente unas condiciones de mínimos. Una mesa de negociación en la que no se indica el formato, ni quiénes han de sentarse —instituciones o partidos—, ni qué contenidos han de abordarse, ni qué calendario debe manejarse, ni si al frente de los trabajos tiene que situarse un relator.
En febrero, el Gobierno llegó a ofrecer una mesa de partidos con relator en la que cada parte planteara su propuesta política «con total libertad»
Todos estos puntos son los que deberán discutir las dos comisiones a partir del lunes. Porque Lastra y Rufián acordaron comenzar las reuniones, y con papeles, una vez se conociera el escrutinio del referéndum de ERC. No hay, por tanto, un encuentro ya fijado para el martes, según fuentes conocedoras de los contactos.
En las alturas del PSOE impera el hermetismo total acerca de cuál será su oferta y hasta dónde estará dispuesto a llegar. Los republicanos reclama una negociación entre ejecutivos (no entre partidos) y quieren hablar de autodeterminación, pero quizá la solución de mínimos pase por lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando las partes hablaron: que cada partido exponga sus postulados libremente, sin que el Gobierno tenga que asumir un debate sobre la autodeterminación de Cataluña. Simplemente, porque nunca jamás habrá un referéndum. Sánchez es muy consciente de que el PSOE montaría en armas si permitiera un plebiscito que posibilitara la segregación de la comunidad con el único voto de los catalanes.
El pasado febrero, Calvo seguía negociando con Aragonès y la entonces ‘consellera’ de Presidencia, Elsa Artadi, una fórmula para buscar una salida política al conflicto. Los tres buscaban así desplegar el contenido de la declaración de Pedralbes, de apenas unas semanas antes, de diciembre de 2018. El Gobierno llegó a proponer una mesa de partidos, y en ella «cada uno de los participantes planteará sus propuestas de resolución y proyecto político, con total libertad, sobre el futuro de Cataluña, con el fin de consensuar una propuesta política y democrática». Es decir, que cada parte podría expresarse como quisiera, invocar el derecho de autodeterminación, pero hasta ahí. Nada de negociar sobre ello.
Gobierno «cuanto antes»
Aquella negociación descarriló, los Presupuestos Generales del Estado de 2019 fueron tumbados por ERC y JxCAT (y por las derechas de PP y Cs) y abocó a Sánchez al anticipo electoral del 28 de abril. Desde entonces, el presidente buscó poner tierra de por medio con los independentistas, endureciendo progresivamente el tono. Compareció a unas segundas elecciones explicitando su deseo de que su Ejecutivo no dependiera de los soberanistas, pero los electores no le reforzaron, así que tiene que emplearse a fondo con la única vía que se está explorando por ahora, el sí de UP, Más País y una constelación de formaciones regionalistas y nacionalistas (169 escaños) más la abstención de ERC (13).
La única vía que los socialistas exploran por ahora es la de la abstención de ERC, y no la de las derechas, puesto que haría falta el sí de Cs
‘A priori’, según indican fuentes de Ferraz, es complicado que el PSOE vuelva a aceptar la figura del relator, muy «tóxica» de puertas para dentro y que sin embargo sí gusta al universo separatista porque da la idea de que hay dos Estados en conflicto en pie de igualdad y que echan mano de un mediador. JxCAT exige que se rescate al relator y que se reconozca como interlocutor no solo al ‘president’, Quim Torra, sino a los líderes de las dos grandes formaciones separatistas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Tampoco la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Cela, aclaró nada acerca de la mesa de negociación con ERC. Se limitó a recalcar que el Gobiermo siempre ha defendido, y «lo ha ejercido», que haya «diálogo dentro de la Constitución y dentro de la ley«. Tampoco adelantó nada de los tiempos que maneja el presidente para el debate de investidura: quiere que haya un nuevo Gobierno «cuanto antes». Por el momento, la fecha que se ha barajado es la del martes 17 de diciembre para la primera votación, en la que se requiere mayoría absoluta, y el 19 para la segunda, en la que solo hacen falta más síes que noes. Pero quizá esa planificación salte por los aires si ERC pide más tiempo, en cuyo caso no habría nuevo Ejecutivo, si prosperase el acuerdo, hasta comienzos de 2020.
Presiones por ambas trincheras
Las negociaciones con los republicanos no serán sencillas. Aunque las dos partes quieren proteger al máximo las conversaciones, todos sufrirán presiones. Los socialistas, por parte de la derecha, que condena todo acercamiento a los separatistas. ERC, porque sufre la competencia de JxCAT y la CUP, que previsiblemente no se moverán del no a Sánchez. Una flexibilización de los de Junqueras podría ser inconveniente para sus intereses con unas elecciones autonómicas a la vista en las que quieren situarse como la primera fuerza en el campo secesionista.
Sánchez es criticado por la oposición de la derecha, como ERC sufre el empuje de su competencia con JxCAT y CUP cerca quizá de unas autonómicas
El camino será costoso, pero es por ahora el único que comtempla la cúpula federal y al que se resignan los territorios. El 10-N despejó escenarios y los barones, aunque inquietos por la potencial dependencia de ERC, asumen que no queda otra que negociar con ella y buscar una salida airosa que no se salga ni un milímetro de la Constitución. El problema, creen, no será solo la investidura, sino el día después, la legislatura en sí misma. La primera prueba de fuego, unos Presupuestos de 2020 en los que el concurso de los republicanos será igualmente necesario.