José Antonio Zarzalejos-El Confidencial

La derecha debe asumir el coste de rescatar al líder socialista de sí mismo y evitar su pacto con ERC para salvar la España constitucional a pesar de los costes que pueda conllevar

La consulta a la que este sábado están convocados los militantes socialistas sería perfectamente prescindible porque el respaldo a una coalición del PSOE con Unidas Podemos dispondrá de una mayoría búlgara. Otra gallo cantaría si se sometiese al criterio de las bases del partido el propósito de Sánchez de pactar su investidura, además de con Iglesias, con Esquerra Republicana de Catalunya que es la operación a través de la cual el secretario general del PSOE pretende instalarse de nuevo en la Moncloa.

No hay precedente en un sistema democrático occidental de que el líder de un partido socialista pretenda la jefatura del Gobierno con la colaboración de otra formación cuyo presidente cumple condena por un concurso de delitos de sedición y malversación (Oriol Junqueras) y su secretaria general (Marta Rovira) se encuentra fugada de la justicia española en Suiza.

Tampoco hay precedentes de que los potenciales socios de uno de los partidos socialdemócratas más fuertes de Europa, pretenda desempeñar las labores de gobierno con la colaboración de una organización que como ERC propició en octubre de 2017 una declaración unilateral de independencia forzando al entonces presidente de la Generalitat que deseaba la convocatoria de unas elecciones para evitar ese pronunciamiento ilegal y la aplicación de medidas de intervención en la autonomía catalana (artículo 155 de la Constitución Española).

La aparentemente pragmática Esquerra Republicana de Catalunya es, en realidad, el partido más insensato e insurreccional de la historia reciente de España. Lo fue en sus orígenes y lo está siendo ahora. Los republicanos se han caracterizado por incumplir de forma sistemática sus compromisos y protagonizar una zigzagueante trayectoria que abarca desde el extremismo derechista durante los años treinta del siglo pasado –con notorias traiciones a la II República en 1931 y 1934, con Maciá y Companys al frente, respectivamente-, hasta la renuencia hacia la Constitución de 1978 (sus representantes se abstuvieron en el Congreso) y hacia el propio Estatuto catalán ahora vigente y que respaldaron “in extremis”.

Personalidades de ERC como Heribert Barrera (1917-2011) considerado por la extrema derecha independentista (Moviment Identitari Catalá) como un referente de la supremacía catalana, y Carod Rovira, un peligroso connivente con la banda terrorista ETA con la que pactó en 2004 la exención de atentados en Catalunya mientras desempeñaba en el gobierno tripartito catalán la condición “conseller en cap”, un acuerdo consumado a espaldas de Pasqual Maragall, marcan hitos de excentricidad y ausencia de fiabilidad en un republicanismo que fue superado amplia y largamente por la federación de CDC y Unió (CiU) durante las últimas décadas de nuestra democracia.

Más recientemente, ERC, a través de sus actuales dirigentes, ha pactado con EH Bildu, dirigido por Arnaldo Otegi, tanto una estrategia conjunta en el Congreso como un documento de reclamación del derecho de autodeterminación; han apoyado las invectivas contra los Mossos d´Escuadra durante las violentas jornadas posteriores a la sentencia del Supremo y mantienen de manera permanente su aspiración de segregación unilateral en su ponencia política que se debatirá en breve. Y, en fin, fue ERC el grupo parlamentario que desencadenó el adelanto electoral del 28-A al enmendar a la totalidad el proyecto de Presupuestos Generales acordado entre el Gobierno de Sánchez y Unidas Podemos.

La mesa de negociación que los republicanos pretenden que Sánchez garantice, sin saber qué temario abordará, trata de marginar el ámbito institucional en el que debe producirse la interlocución política y librar las eventuales conversaciones de controles democráticos. Por lo demás, no hay duda de que en esa mesa de partidos, si el presidente en funciones la acepta, se plantearán aspiraciones incompatibles con la Constitución que, además, no podría ser reformada dada la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados.

Aunque los republicanos apoyasen la investidura de Sánchez no garantizarían la legislatura. Porque pretenden, además del reconocimiento de un supuesto derecho de autodeterminación, medidas inmediatas que afectan a los políticos presos (plantearían sin rebozo alguno una inconstitucional amnistía) y se convertirían, más de lo que aún lo son, en un ariete contra la monarquía parlamentaria. ERC y EH Bildu son las dos únicas formaciones (a las que se unirá ahora las CUP) que no acuden a la ronda de consultas con el Rey prevista en el artículo 99 de la Constitución porque no reconocen la legitimidad del Jefe del Estado.

Sánchez y el PSOE no tienen derecho alguno a someter al Gobierno de España al dictado de los republicanos separatistas y están, por ello, obligados a explorar otras posibilidades para la formación del Ejecutivo. Si no lo hacen, serán desleales con su propia trayectoria desde 1978 y se pondrán en riesgo de tener que traicionar el espíritu constitucional. De ahí que lo sensato –frente a la insensatez de pactar con ERC– sea consultar con el PP y Ciudadanos (entre ambos un centenar de escaños) para chequear las posibilidades de un acuerdo alternativo al que Pablo Casado y la dirección provisional de los naranjas debieran ser receptivos.

En juego está, además de la propia suerte de Sánchez y del PSOE, la de la España constitucional. Y solo por evitar el riesgo de que la izquierda pierda el sentido estadista con el separatismo y los nacionalismos hostiles a la idea de una Nación española democrática, plural y abierta, es exigible que la derecha se implique en la gobernación del Estado asumiendo los costes que sean necesarios, incluido el de salvar a Sánchez de sí mismo. Lo que no significa que la crisis en Cataluña no deba abordarse con un diálogo institucional respetuoso con la Constitución y el Estatuto y esa conversación sea compatible con la sanción penal a los que han perpetrado graves delitos y con la persecución judicial a aquellos otros que los cometan en el futuro o estén pendientes de comparecer y someterse al veredicto de la justicia.