Alberto Ayala-El Correo

El objetivo prioritario de los políticos es ganar elecciones. En tiempos de normalidad o en situaciones de excepción como la actual. Ello no quiere decir que no se preocupen por el interés general. Claro que lo hacen. Pero aún más por qué hay de lo suyo. En Euskadi vivimos una situación política anormal, con el Parlamento vasco disuelto y las elecciones autonómicas aplazadas por la pandemia. Pues bien, al PNV parece que le han entrado las prisas y quiere que se celebren en julio.

Las razones oficiales pudimos escucharlas de labios del lehendakari en la sesión especial de la Diputación Permanente de la Cámara vasca del viernes, una cita que el PNV preparó a modo de arranque oficial de la precampaña. Urkullu explicó que todo apunta a que la crisis de la Covid-19 estará ese mes en su momento más bajo, que dejarlo para otoño no parece aconsejable porque puede llegar un rebrote y que necesitamos unas instituciones normalizadas para afrontar el duro horizonte que nos aguarda.

El tiempo transcurrido desde que se decretó el estado de alarma ha sido, con seguridad, el reto más duro que ha debido abordar un gobernante en su vida. Para Pedro Sánchez y también para Urkullu.

A día de hoy el Gobierno español puede exhibir una buena panoplia de decisiones de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. A ellas, parece, se sumará en breve el salario mínimo de inserción. Un instrumento del que Euskadi dispone desde hace tres décadas, que se implantó a propuesta del PNV, que mereció las críticas del Ejecutivo socialista de Felipe González y que el PP casi siempre ha encontrado motivos para criticar. El recetario no hubiera sido el mismo con un gabinete de Pablo Casado con Cayetana Álvarez de Toledo.

El problema para el Ejecutivo Sánchez es que ha llegado tarde a demasiadas cosas, que ha cometido errores de importancia, y que sigue despistando con retrasos, rectificaciones y discrepancias entre los socios. Un excelente caldo de cultivo para que la derecha haya llevado a cabo una oposición durísima, sin apenas otra concesión que apoyar las sucesivas prórrogas del estado de alarma. Con este griterío y el Parlamento de Vitoria paralizado, las cosas han sido un poco menos difíciles para el Gobierno Urkullu. Un Ejecutivo que ha hecho y deshecho lo que le ha dejado el mando único que se autoconcedió Sánchez, ignorando nuestra realidad autonómica.

Estoy seguro que el Gobierno vasco, como el central, el navarro o el gallego, se ha desvivido por hacerlo lo mejor posible. Aun así, y cuando las cosas se han hecho menos mal que en otros lugares, aquí tampoco ha habido mascarillas, ni equipos adecuados de protección, ni pruebas para el personal sanitario y para el de residencias. Se han producido clamorosos errores de gestión como el de las ayudas de Lanbide. Y Urkullu ha dado la sensación de encapsularse con los suyos desoyendo ofertas de la universidad y la empresa privada. La oposición no ha tenido un Parlamento para mostrar sus desacuerdos, que sólo ha podido mostrar en los medios de comunicación. Y ha sido así porque el PNV no lo ha querido. Porque no convenía a su interés, el prioritario.

Hoy, como se vio el viernes en el Parlamento -donde no llegó la autocrítica de Urkullu y sí apareció el Egibar más mitinero y desafortunado-, los jeltzales creen que el estado de opinión les es propicio para ir lo antes posible a las urnas. Y en ello están. Si la estadística sanitaria acompaña.

Sospecho que Sabin Etxea y Ajuria Enea olfatean bien. Ello, la evidente debilidad de casi todos sus adversarios, parece la mejor invitación a acudir a las urnas ya. ¿Precipitado? Puede. Pero, con elecciones o sin ellas, aquí siguen faltando explicaciones y autocrítica. La más sangrante, por qué los poderes públicos han llegado tarde y mal a las residencias de ancianos, lo que ha agravado la tragedia. Una realidad que aún ignoramos centro a centro porque el PNV ha decidido actuar cual censor franquista, y ocultarla.

Lástima que la prioridad de nuestros políticos siga siendo su interés.