No se veía cosa igual desde los tiempos de Rodrigo Rato en su condición de todopoderoso ministro de Economía del gobierno Aznar. Aznar y Rato, Rato y Aznar, colocaron al frente de los monopolios públicos por ellos privatizados a una serie de amigos llamados a convertirse en los grandes capos de la banca y la empresa españolas, alguno de ellos en serios problemas hoy con la Justicia. Pero, si me apuran, aquella fue una operación de privatización, llamada a engordar las arcas del tesoro, que estaba en el espíritu de los tiempos. Esta, no. Esta es una cacicada de muy difícil justificación. Me refiero a la toma de control por el Gobierno Sánchez de una empresa cotizada como Indra, en una operación de concertación, que hubiera requerido el lanzamiento de una OPA por parte de tres de sus accionistas, consistente en la destitución por sorpresa y en junta general de los consejeros independientes y su sustitución por otros menos díscolos dispuestos a decir sí a la autoridad. El brazo ejecutor, la «mano de obra» especializada, el Bertrand du Guesclin del golpe, ha sido ese misterioso armenio que se pasea por Moncloa como Antonio por su casa, Joseph Oughourlian, a la sazón presidente del grupo Prisa, quien por sorpresa introdujo como punto fuera del orden del día el cese de cuatro consejeros independientes encabezados por el vicepresidente Alberto Terol. Un atropello en toda regla al código de buen gobierno corporativo.
Sorpresa relativa, cierto, porque la operación de toma de control de la multinacional de consultoría y defensa venía rodada desde hace tiempo. Empezó con la destitución de Fernando Abril-Martorell como presidente hace poco más de un año, siguió con la posterior salida de la consejera delegada, Cristina Ruiz, y culminó con el nombramiento como nuevo presidente de un paniaguado del PSC, Marc Murtra, el partido arbotante dueño de los días de Pedro Sánchez en Moncloa. Todo el poder para los amigos y conmilitones del gran líder, como el viernes contaba aquí Rubén Arranz. Los independientes de Indra, en cuyo accionariado figuran varios fondos internacionales, se opusieron entonces a que Murtra tuviera poderes ejecutivos. Firmaron su sentencia de muerte. Al mismo tiempo, y como el ejército que se apresta a la batalla tomando posiciones, SEPI decidió aumentar su participación hasta el 28% (oficialmente el 25% según CNMV), mientras el grupo industrial vasco Sapa Placencia, con sede en Andoain, Guipuzcoa, donde da trabajo a gran parte de los vecinos, y fuertes conexiones con el PNV, anunciaba su desembarco con el 5%. La dependencia de Sánchez del apoyo parlamentario del PNV, y su disposición a pagar las letras de cambio que firmó en junio de 2018. Nada comparable al sobresalto que, hace escasas fechas, produjo el anuncio de que el fondo Amber Capital del citado Oughourlian había adquirido, en una extraña operación con derivados, el 4,1% del capital. Entre los tres suman un 34,1% de Indra.
Lo llamativo es que el capo di tutti capi haya hecho explotar la operación apenas unos días después de la debacle electoral andaluza. ¿En nombre de quién gobiernas, Pedro? Pleno de soberbia, desafió a la oposición en la sesión de control del miércoles, y ha contratacado destituyendo al director del INE (muerte al portador de malas noticias), a la presidenta del CSIC (todo mi respeto para las mujeres ejecutivas, siempre que sean de izquierdas), blindando el CIS a los manejos de Tezanos… Lo más grave, con todo, lo más alarmante, ha sido la decisión de asaltar definitivamente el Constitucional para hacer efectivo su control por Moncloa. Caretas fuera. A robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. En la reunión del Consejo previo a la junta, los independientes de Indra habían llegado a un acuerdo con SEPI para que el presidente florero no hiciera uso de su voto de calidad, una forma de asegurar el pacífico desarrollo de la misma. Pero Sánchez y su «asesino» a sueldo, el capo de Prisa, presente en el cónclave, tenían otros planes. En realidad iban a repetir al milímetro la operación que el citado Oughourlian puso en práctica en 2017 con los independientes de Prisa, a cinco de los cuales fusiló al amanecer y sin testigos, con la vista puesta en asegurar el control del grupo mediático para Sánchez y su banda. Un episodio para una serie cuyo título podría ser «El testaferro de Sánchez mete la mano en Indra con mucha Prisa».
Sánchez salvó Plus Ultra, ocupó AENA, regaló Correos a un amigo, asaltó Enagás… Por la lista de sus tropelías desfila Duro Felguera, Navantía, Red Eléctrica, Hispasat y un largo etcétera. Lo de Rodrigo Rato y sus amigos fue una broma comparado con lo de esta cuadrilla
De modo que, ante la sorpresa de quienes estaban a punto de ser degollados («¡Es que no sabíamos nada!»), el letrado del armenio, Alberto Alonso Ureba, socio del bufete Écija, abogado y asesor de Gescartera, un mercantilista de primer nivel y también «el primero en abrazar a la viuda en el funeral, a la novia en la boda y al niño en el bautizo», pide la palabra y reclama como punto fuera del orden del día el cese de cuatro consejeros para dotar de «más cohesión y estabilidad» a Indra, objetivo consensuado, según él, «con determinados accionistas significativos» que no pueden ser otros que SEPI y el grupo Sapa. Una concertación como una casa, como mejor que nadie sabe el propio Alonso Ureba, dada su tradicional intensa relación con la CNMV. De donde se colige la existencia de concertación que reclama el lanzamiento de OPA al superar el umbral del 30% del capital (Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores).
La sorpresa fue de tal magnitud («los cuatro intercambiábamos miradas de asombro») que, en ausencia de toma de posición por parte de los fondos, la propuesta fue aprobada por el 53% de los votos representados en junta. 53% frente al 47% restante. Una compañía dividida en dos mitades. Salen del Consejo los independientes Carmen Aguerreta, Enrique de Leyva, Ana de Pro y el propio Terol, además de Isabel Torremocha, cuya reelección fue rechazada. Se mantienen por amplia mayoría Luis Abril (consejero ejecutivo) y Francisco Javier García, así como Miguel Sebastián, exministro de Zapatero, y Antonio Cuevas, exdiputado del PSOE, ambos en representación de SEPI. La junta aprueba también (53% del voto) el nombramiento de Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y consejero delegado de Sapa, además de su propietario. Ponen en la calle a todos los independientes menos a dos: Ignacio Martín y Silvia Iranzo, «y yo dimitiría mañana mismo si fuera uno de ellos, porque son gente seria que en modo alguno debería aceptar tamaño señalamiento. Me decepcionaría que no lo hicieran».
Y bien, ya se han hecho con el control de Indra engañando a todo quisque y tras manejar la compañía como un juguete, pero ¿qué es lo que quieren hacer con ella? «Nadie lo sabe, porque no han presentado ninguna propuesta, ningún plan estratégico alternativo, nada», asegura una fuente cercana al Consejo, «lo que quieren es que Murtra sea ejecutivo y que sus decisiones no las cuestione nadie. Por cierto, va a ser el presidente ejecutivo más caro de la historia, que para eso la pública SEPI se ha gastado un pastón». Naturalmente, nombrarán nuevos independientes por cooptación, alguien que defienda los intereses del siniestro Oughourlian, desde luego, y se avecina escabechina en las áreas corporativas, en esa gente altamente cualificada sobre la que ha ido creciendo el prestigio internacional de la compañía. Nadie duda que seguirá Luis Abril, tipo de brillante currículo, como director general del negocio de TI, pero muy probablemente se cepillen al consejero delegado Ignacio Mataix, responsable del área de T&D (Transporte y Defensa). Porque el meollo de lo ocurrido en Indra parece estar en Defensa.
Se entiende el interés de Pedro por controlar la Justicia: él y muchos de sus colegas acabarán más pronto que tarde ante un tribunal
El misterio de llama ITP Aero, líder español en la fabricación de motores para aviación, con sede en Zamudio, donde da trabajo a más de 4.000 empleados, y propiedad de Rolls-Royce, segundo fabricante mundial de motores aeronáuticos. La multinacional británica vendió ITP en septiembre pasado al gigante del capital riesgo Bain Capital, en una operación en la que Sada Placencia, de la mano del PNV, tomó una participación cercana al 8% (unos 130 millones) y algo menos JB Capital, el banco de inversión de Javier Botín, hermano de su hermana. Estamos ante el empeño político del PNV por salvar ITP (contrato de cuatro años para el mantenimiento de los motores de los aviones y helicópteros de la Armada) y sus empleos, pero ese proyecto requiere mucha pasta, mucho cash (Bain Capital pretende ceder hasta el 30% a capital español), y ahí es donde Indra entra en escena. Indra está llamada a sostener financieramente un negocio a cuya entrada se oponía Abril-Martorell por considerarlo ajeno a su «core business». Pero el PNV aprieta y Sánchez cede, Sánchez paga la cuenta, o más bien la pagamos todos. Son las servidumbres de Sánchez. Sánchez entregó Bankia a La Caixa en la creencia de servir no solo a Fainé sino al independentismo catalán, y de paso hizo a Goirigolzarri presidente como un guiño al PNV. Pero las exigencias de Ajuri-Enea van creciendo, y ahora se ve obligado a asaltar Indra para ponerla al servicio del nacionalismo vasco.
Es verdad que el aumento del presupuesto en Defensa de los Estados miembros de la UE ante amenazas como la del tirano Putin va a convertir a las industrias del sector en carnaza para cuervos como Oughourlian (se habla de que el armenio, especialista en perder dinero en los negocios que emprende, podría intentar colocar Indra en la órbita del Grupo Thales, empresa gala especializada en electrónica de Defensa, con más de 16.000 millones de facturación y casi 80.000 empleados), pero estas son virguerías conceptuales ajenas al pequeño mundo de nuestro gran héroe. Él tiene bastante con pagar las letras que los miembros de la «banda» le ponen periódicamente a cobro para seguir en Moncloa. Entregó Bankia, salvó Plus Ultra, ocupó AENA, regaló Correos a un amigo, asaltó Enagás… Por la lista de sus tropelías desfila Duro Felguera, Navantía, Red Eléctrica, Hispasat y un largo etcétera. Lo de Rodrigo Rato y sus amigos fue una broma comparado con lo de esta cuadrilla. En los últimos tiempos, Sánchez se ha reconvertido en eficaz conseguidor. Ha logrado, previa gestión ante su presidente, que Deutsche Bank salve la siderúrgica catalana Celsa, a la que SEPI quiere inyectar 550 millones (lo que sea menester con tal de tener contento a Rufián), y acaba de hacer una gestión personal ante el presidente de la multinacional Ford para que Almusafes fabrique los dos últimos modelos de coche eléctrico de la marca. Se supone que, como su «copain» Zapatero, también Pedro tendrá ya su Moratinos listo para pasar la gorrilla entre los agraciados por su altruista labor.
Interviene en las empresas sin el menor respeto a las normas del buen gobierno corporativo, las politiza hasta la náusea, y al mismo tiempo atropella el prestigio de las instituciones (cuando no se encargan ellas mismas de hacerlo: la CNMV dice ahora que «va a investigar» esta OPA encubierta, ¡ya le vale al tal Buenaventura!, cuando la operación se lleva cocinando desde antes de la salida de Abril-Martorell) en beneficio propio. Tras el asalto a Indra, mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza dada la presencia de la consultora en los procesos electorales. ¿Pucherazo a la vista? El temor puede ser descartado de plano: Indra no tiene ninguna participación en el recuento de los votos, limitando su labor a la transmisión de los datos. Pocas dudas, en cambio, sobre el futuro de su nivel de excelencia, llamado a desaparecer, incluso el modelo de compañía, mediante la destrucción de su mejor capital, el humano. La historia de Indra, sin embargo, está lejos de haber terminado: los grandes fondos internacionales ajustarán cuentas a su debido tiempo. Invasión, pues, de las empresas y allanamiento de las instituciones. El CNI, el INE, el CSIC, la CNMC (con el marido de la ministra Ribera, el lobista Bacigalupo, empotrado en el organismo), el CIS… y ahora el Tribunal Constitucional, palabras mayores, porque tolerar el control del alto tribunal por el poder Ejecutivo supone aceptar el final de la separación de poderes, lo que equivale a asumir la defunción de la democracia. Se entiende el interés de Pedro por controlar la Justicia: él y muchos de sus colegas acabarán más pronto que tarde ante un tribunal. Por bastante menos fue Rato a parar a la cárcel y el pobre Miguel Blesa se pegó un tiro.