Elena Moreno Scheredre-El Correo
- Los decretos Maricarmen, apresurados, priorizando a quien más grita, no solucionarían un problema estructural y terrible como es la carencia de vivienda y darían la puntilla al mercado inmobiliario
Antaño, cuando a los feligreses católicos les resultaba imposible comprender los axiomas de su religión solían decir aquello de ‘doctores tiene la Iglesia’, delegando en ellos no solo la reflexión sino la resolución de los problemas. En la política ha pasado lo mismo, por arte de magia el ciudadano se encuentra en el buzón un trozo de responsabilidad sobre los problemas que acucian al país. Hace décadas los políticos eran personas caracterizadas por su competencia en la gestión pública o por su actividad en pro del bien común. Del movimiento 15-M, de los indignados, salieron alevines políticos dispuestos a dinamitar la pobreza y de paso la propiedad privada. De los acampados actualmente en Madrid no sabemos qué saldrá, pero por el momento no hay doctores en la santa madre democracia que impongan el sentido común.
Los decretos Maricarmen, apresurados, priorizando a quien más grita, no solucionarían un problema estructural y terrible como es la carencia de vivienda y darían la puntilla al mercado inmobiliario, pero ¿cuál es la alternativa? No somos los ciudadanos los encargados de legislar o de comprender el latido de la economía, pero aquí estamos con el corazón encogido, asustados y desorientados.
En los años 50 y 60 existían las pensiones, a cargo de las viudas de guerra espabiladas, que alquilaban habitaciones a estudiantes u opositores a los que les hacían un cocido de vez en cuando para paliar la desnutrición. No hay viviendas para todos y lo de tener un lugar donde cagarse en el padre de los políticos inútiles es absolutamente necesario. Nos quedan unos años de desesperación asegurados, viendo a los hijos que no pueden volar y a los inmigrantes que no pueden alquilar.