Alud de peticiones en Cataluña a favor del castellano en la escuela

ABC 07/02/14

· La sentencia del Tribunal Superior anima a las familias a exigir el bilingüismo.

Más peticiones a favor del bilingüismo en los colegios catalanes. La histórica resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en cinco escuelas ha animado a los padres catalanes a pedir que se incluya el castellano como lengua vehicular en las aulas.

Convivencia Cívica Catalana, la plataforma ciudadana que defiende la pluralidad lingüística y educativa, presentó ayer ante el departamento de Enseñanza de Cataluña 151 instancias de familias que quieren que sus hijos reciban clases no sólo en catalán. Las solicitudes, que han llegado en los dos últimos meses, afectan a 60 centros educativos catalanes.

Tras conocerse el auto, hoy justo hace una semana, las llamadas y petición de información a la plataforma «se han reanimado», explica José Antonio Martínez, el secretario de la plataforma. La entidad, que cree que a partir de ahora habrá «un goteo permanente de solicitudes», ha tramitado en más de dos años un total de 1.300 instancias de familias que quieren que sus hijos puedan aprender en las dos lenguas.

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, habló ayer sobre esta decisión judicial en la comisión parlamentaria de Educación y explicó que entre las peticiones trasladadas por Convivencia Cívica había algunas en las que «no ponía ni el nombre del alumno, ni el de la escuela».

Además, comentó que en muchos casos afectan a enseñanzas no obligatorias como la preescolar, el bachillerato o la universidad y que, en todo caso, el departamento dará respuesta ofreciendo atención individualizada a los alumnos afectados, tal y como han hecho hasta ahora y como suelen aceptar los padres, aseguró.

«Esteladas» en clase

Por otra parte, durante la comisión la diputada del PP catalán María José García Cuevas denunció que en algunos centros educativos públicos ondea la «estelada», la bandera independentista, y lamentó que se trata de un símbolo que se usa como «adoctrinamiento político». Al respecto, Rigau desmintió que «que haya símbolos no constitucionales de forma permanente en los centros» y aseguró que desde el departamento se pide a los mismos respetar la diversidad cultural y «no tolerar símbolos que exaltan la xenofobia o el racismo».