“…El significado político de las acusaciones de la Audiencia Nacional española no pueden ser subestimadas. El gobierno de izquierdas de España ha sido amigo de Cuba y Venezuela; hace pocos años incluso vendió armas a Chávez. Madrid ha resistido los intentos de la Unión Europea de denunciar a Venezuela y Cuba por violación de derechos humanos…”
Archivos confiscados muestran los lazos venezolanos entre ETA y las FARC
Washington – Una investigación surgida de los contenidos de los archivos informáticos obtenidos durante el registro del campamento de la guerrilla en Ecuador han sugerido ahora la relación en Venezuela entre la organización terrorista ETA en España y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. La decisión del tribunal español de acusar a 13 españoles y colombianos como consecuencia de la investigación debería avergonzar a aquellos que cuestionan la validez de los archivos informáticos en el momento del registro. Entre los acusados está Arturo Cubillas Fontán, un miembro de ETA empleado del Ministerio de Agricultura y casado con Goizeder Odriozola, la responsable del gabinete de Hugo Chávez. Cubillas, de quien se cree que es el principal contacto entre las FARC y ETA, está acusado en el auto de coordinar el entrenamiento de los miembros de ETA en guerra de guerrilla urbana. La acusación también alega que las FARC buscaron apoyo logístico de ETA en Madrid en relación con el supuesto complot para asesinar al presidente colombiano, Álvaro Uribe.
La investigación española se puso en marcha gracias a las pruebas obtenidas por Colombia después de la incursión de 2008 en un campo controlado por Raúl Reyes, un comandante clave de las FARC. Las tropas colombianas encontraron 17.000 archivos y 37.000 documentos en tres ordenadores con conexión de satélite, dos discos duros externos y tres lápices de memoria.
Una vez la Dipol, el Servicio secreto colombiano, estudió su contenido, se trajo a la Interpol para que autentificara los archivos y confirmara que Colombia no los había manipulado. Después, prudentemente Colombia compartió con los países mencionados en los archivos las partes pertinentes.
Lo que fue revelado en los medios era sólo una parte de una mina de oro de información sobre la estructura, la financiación y las conexiones internacionales de los terroristas colombianos. Venezuela inició inmediatamente una campaña para desacreditar la idea de que existieran esos ordenadores o, que si existían, contenían pruebas incriminatorias. Aliados del régimen de Chávez, incluidos gobiernos, líderes políticos, intelectuales, organizaciones no gubernamentales y algunos medios de comunicación, fueron reclutados para alimentar la campaña.
La idea de que los archivos de los ordenadores hubieran podido resistir un ataque de los cazas Super Tucano y de los helicópteros Black Hawk fue ridiculizada. La posibilidad de que se dejara constancia escrita de los contactos entre Iván Márquez, un representante de las FARC, y Chávez fue objeto de burla. ¿Cómo podría Venezuela dar a las FARC 300 millones de dólares y servir de conducto para armar a terroristas colombianos con armas importadas de Rusia y dejar prueba de ello en un ordenador portátil? La Organización de Estados Americanos no movió un dedo en una violación tan flagrante de los de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo de 2002.
Y sin embargo, las pruebas fueron abrumadoras. Entre otros testigos, Bertrand de la Grange, un fidedigno periodista de investigación, tuvo acceso a los archivos, que habían resistido el ataque porque habían permanecido en maletas metálicas. Sus primeros reportajes fueron publicado en Letras Libres de México y después dieron la vuelta al mundo. En ellos se explicaban los “cinco anillos” de la estructura de las FARC, incluido el “Anillo 3”, que operaba fuera de Venezuela con la ayuda de Chávez, y el “Anillo 5”, que extendía sus tentáculos a 15 países, España entre ellos. El autor concluía que era “una red de complicidad internacional de insospechadas dimensiones”.
Pregunté a de la Grange cómo la decisiva información de los archivos informáticos llegaron a la investigación de la Audiencia Nacional de España. “Era la principal prueba”, me dijo. “Esos archivos también llevado a detener a Remedios García por colaborar con las FARC en España y ayudaron a desmantelar muchas redes de apoyo a las FARC en Europa”.
Los lazos de Venezuela con las FARC son antiguos. En diciembre de 2004, Colombia detuvo a Rodrigo Granda, jefe de relaciones internacionales de las FARC, después de ser apresado por un buscarrecompensas que le puso en la frontera. Julio Montoya, del partido MAS de Venezuela, reveló que se había concedido la nacionalidad venezolana a unos 500 miembros de las FARC y que operaban en el corredor Zulia-Tachira a lo largo de la frontera de los dos países.
Los vínculos de Chávez con el terrorismo van más allá de las FARC y de ETA. Hace unos pocos meses, el fiscal de distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, acusó a Venezuela de ayudar a Irán a eludir las sanciones internacionales en relación con su programa nuclear. Según Morgenthau, el venezolano inhabilitado por el Tesoro de los Estados Unidos para hacer negocios a causa de sus conexiones terroristas, Ghazi Nasr al Din, está trabajando en la embajada de Venezuela en el Líbano con nombre falso.
El significado político de las acusaciones de la Audiencia Nacional española no pueden ser subestimadas. El gobierno de izquierdas de España ha sido amigo de Cuba y Venezuela; hace pocos años incluso vendió armas a Chávez. Madrid ha resistido los intentos de la Unión Europea de denunciar a Venezuela y Cuba por violación de derechos humanos. Ante la cantidad de pruebas que surgen de los tribunales de su país ¿cómo puede el Gobierno mantener su política sin pagar un precio devastador en las urnas?
(Alvaro Vargas Llosa es un alto cargo del Independent Institute y editor de ‘Lessons from the Poor’ (Lecciones de los pobres). Su dirección de correo electrónico es AVLlosa@independent.org.)
Álvaro Vargas Llosa, DESERET NEWS, 3/3/2010