· Exigencia de justicia: esa es una de las claves. Eso sí, una justicia reparadora capaz de mantener a los presos de ETA en la cárcel en iguales condiciones dignas que cualquier preso.
En un importante documento del extinto Consejo Consultivo del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia de la legislatura anterior, ‘Por la convivencia democrática en el País Vasco. Propuestas para una convivencia en libertad, en paz y en justicia’, se puede leer un apartado significativo para esta fase de transición hacia un futuro sin terrorismo que se titula así: «Propiciar una política penitenciaria orientada a la reinserción social de los penados, de acuerdo con la previsión constitucional y de las leyes». En el desarrollo de este apartado, se hace una reflexión que comparto plenamente: «Con el fin de la actividad terrorista de ETA, no cabe plantear, por ser contrarias a la legalidad y a la ética, soluciones generales como una amnistía o un indulto generalizado, sino que es preciso articular un consenso básico sobre el cumplimiento de la pena que el Estado de derecho ha impuesto a quien ha practicado el terrorismo, sobre el reconocimiento y la reparación del daño causado, y sobre la exigencia de aceptación de las reglas del juego democrático y el rechazo expreso de la violencia». Y concluye con otra idea fundamental: «[…] la clasificación penitenciaria se deberá regir por un tratamiento individualizado a cada uno de estos reclusos, analizando sus posibilidades de llevar una vida en libertad sin delinquir».
Esta larga cita ayuda a confrontar los criterios del nacionalismo radical en relación con sus presos y los propios de una política penitenciaria para ese futuro sin terrorismo. Cabe conjeturar en este punto por qué es importante para el nacionalismo radical propiciar una salida honrosa –que la adornarían de victoriosa– a los actuales presos por delitos de terrorismo:
1/ por lo que simbolizan: presos por la causa política que defienden aún hoy, héroes de la causa;
2/ porque acorde con la Declaración de Bruselas y las conferencias de Ayete y Bayona se cumpliría uno de los pasos necesarios para un ‘final ordenado de la violencia’ que proporcionaría argumentos para la negociación política final de ETA con el Gobierno español, difuminando su efectiva derrota como organización terrorista;
3/ porque abundaría en el triunfo simbólico y fáctico de su trama política que se manifiesta en su importante presencia en las instituciones vascas y navarras y en el Parlamento central, y en su capacidad para potenciar el polo radical-independentista metabolizando algunas organizaciones nacionalistas y de la izquierda radical; también, en su capacidad para desafiar las políticas del nacionalismo gobernante e, incluso, para ‘seducir’ a una parte desnortada de la izquierda socialista;
4/ porque es el camino hacia la impunidad, hacia la exculpación del mal individual y colectivo causado por los presos y por sus ‘acompañantes políticos’ comprometidos históricamente con el legado de terror, impunidad que se busca extender a esa enorme minoría que les ha apoyado y jaleado;
5/ porque saben, y juegan con esa mala conciencia, que muchos más nos podemos sentir culpables por haber sido indiferentes o por haber comprendido a los asesinos en algún momento de nuestras vidas, por miedo, interés, cobardía moral o miseria intelectual.
Llegados aquí es urgente alzar una voz común desde la política y desde las organizaciones civiles para señalar algunos caminos cara a la disolución incondicional de ETA y para el cumplimiento de las condenas de los presos de ETA con los preceptivos beneficios penitenciarios que les correspondan de forma individualizada y en las condiciones que la ley establezca. Alzar la voz para hacer frente a las coreografías de la impunidad que tratan de colocar alfombras rojas a ETA y que intentan convertir su derrota en triunfo de su contraparte política, que adopta nuevas máscaras, se acompaña de nuevos actores de conveniencia y adoba sus viejos discursos con un léxico de apariencia democrática.
Hay que alzar la voz proclamando un rotundo rechazo a la impunidad; acompañando a las víctimas del terrorismo en su esencial reivindicación y grito de dolor; impulsando el esclarecimiento de los más de trescientos asesinatos no resueltos; investigando otras formas de violencia menos visibles que han pesado sobre vidas y conciencias, como la intimidación, la violencia de persecución o la extorsión de miles de empresarios, directivos y profesionales para alimentar las arcas de la hidra; o participando en la incruenta pero decisiva contienda de los relatos de ese pasado sobre el que muchas veces deseamos pasar página. Transigir con la impunidad supone aplastar las justas reivindicaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas y encadenarlas a nuevas formas de victimación. Seamos radicalmente justos.
Esta es una de las claves, la exigencia de justicia. Eso sí, una justicia humanizadora y reparadora capaz de mantener a los actuales presos de ETA en la cárcel en las mismas condiciones dignas que las de cualquier otro preso; capaz de juzgar y condenar en el futuro a quienes se escaparon en su momento de la justicia; capaz, a su vez, de estar atenta a la evolución personal de cada uno de ellos para una posible aplicación de beneficios penitenciarios o para su posterior integración en la vida civil. Porque justicia democrática es la que no tolera y combate la impunidad, pero a la vez ansía la restauración moral del condenado. Esta restauración moral solo puede venir, en el caso de los presos de ETA, del reconocimiento del daño causado y de su inadmisible justificación, de la voluntad de reparación posible de ese daño, y de la renuncia y denuncia de la violencia como medio para alcanzar fines políticos.
JOSU UGARTE GASTAMINZA / DIRECTOR DE BAKEAZ, EL CORREO 12/01/13