Kepa Aulestia-El Correo
El integrante del Gobierno más entusiasmado con la amnistía, el ministro Félix Bolaños, declaró ayer que los partidos independentistas seguirán siéndolo, aunque se ufanó de que el independentismo decaiga en Cataluña. Sugiriendo que ello se debe a la política de diálogo del Ejecutivo Sánchez. Bolaños mostró así la disposición de los socialistas a reconocer el independentismo, pero con el propósito de reducir su influencia en la sociedad catalana -es de suponer que también en la vasca-. Pero esto, que suena a perogrullada, no constituye una estrategia infalible. Entre otras razones porque parte de una premisa voluntarista.
El declive electoral del secesionismo catalán y la caída en los porcentajes favorables a una república propia dieron inicio mucho antes de que el PSOE de Pedro Sánchez comprendiera que iba a necesitar de la sintonía con ERC y Junts para siempre. Inicialmente ese declive se debió a la incapacidad mostrada por el independentismo gobernante para desbordar los cauces del Estado constitucional. Aunque se recurre a la sentencia del TC sobre el Estatut para explicar la eclosión del independentismo en la Cataluña pospujolista, fue la implosión convergente lo que llevó a Artur Mas a dar credibilidad a la quimera secesionista desde la propia Generalitat. Pudo haber ocurrido también en Euskadi. Hubiese bastado con que el lehendakari Urkullu activara el mecanismo de la desconexión. En las autonómicas de 2012, PNV y EH Bildu sumaron el 60% del voto a candidaturas. Quince puntos por encima de la suma de aquel mismo año entre CiU, ERC y CUP.
En las generales de julio de 2023, la suma entre ERC y Junts no llegó al 25% del voto emitido por los catalanes. En las autonómicas de 2021 habían representado el 48%. Pero en el momento más bajo de toda la serie histórica Junts y ERC son imprescindibles para Pedro Sánchez. Aunque, del mismo modo que el presidente y los portavoces del Gobierno y del partido deberían dejar de calificar como «ejemplar» su actuación en el caso Koldo-Ábalos, deberían dejar de presentar la amnistía como una solución virtuosa y referencia mundial. Entre otras razones, porque no sabemos qué va a ser finalmente de ella.
En la cuenta atrás de la amnistía, Junts ha fijado un hito doblemente comprometido para el Gobierno Sánchez. La previsión de que Carles Puigdemont volverá en julio a Cataluña. Dependerá de que el Tribunal Supremo considere que los delitos que se le imputan desaparecen con la amnistía, y han de retirársele las medidas cautelares. Es posible que para entonces se hayan tramitado los Presupuestos Generales. O no. Pero en caso de que el Supremo excluya a Puigdemont y a otros de la aplicación de la amnistía, el soberanismo denunciará la represión y la baja calidad democrática del Estado constitucional gobernado por Sánchez. Si, por contra, Puigdemont regresa en el ejercicio pleno de sus derechos políticos, es muy probable que ni el temple de Salvador Illa ni la dualidad de Pere Aragonés puedan impedir un escrutinio secesionista en 2025.