En cuanto finalice hoy la segunda ronda de consultas en la Zarzuela, el Rey encargará la investidura a Pedro Sánchez aunque no haya oído de viva voz la disposición de los grupos independentistas (todos menos el PNV) porque le boicotean. A partir de ese momento, Sánchez tendrá que rescatar de su baúl del silencio la palabra tabú que ha rehuido durante todo este tiempo mientras Junqueras va recordando a pleno pulmón que la amnistía está hecha. Saldremos pronto del falso escenario en el que se ha movido el Gobierno en funciones que, ahora, intentará justificar una medida que se le está atragantando a buena parte de la familia socialista aunque, a la hora de votar en el Congreso, sigan disciplinadamente las órdenes de Ferraz.

Sostenía ayer Salvador Illa, en el foro ‘Objetivo Actualidad’ de EL CORREO, que los resultados electorales habían sido muy contundentes en Cataluña y el País Vasco. Cierto. Ganaron los socialistas en las dos comunidades. Y que había que «escuchar a la sociedad cuando habla emitiendo su voto». Eso es. Pero, ¿a qué sociedad? ¿Solo a la catalana y a la vasca? ¿Al resto del país no se le escucha? Porque los ciudadanos votaron al PP como primera fuerza política. Y al PSOE como segunda. El apoyo a Sánchez no le fue bien a ERC. Tampoco al PNV. Pero sí a Bildu. ¿Seguimos?

Lo que queda fuera de toda duda es que los más de once millones de votantes de centro derecha no son partidarios de los tratos de privilegio penal para los secesionistas del ‘procés’. Y esa horquilla alcanza mayores porcentajes si la pregunta se amplía a un referéndum independentista según los últimos sondeos publicados.

De ahí que los socialistas quieran poner el acento en su rechazo a la consulta. «Por ahí no hay camino», dice Illa para aflojar la presión sobre la amnistía, como mal menor. Pero la insaciabilidad de los independentistas no tiene límites. Si han exigido la amnistía no tiene sentido pensar que vayan a decir que se equivocaron. Porque están reivindicando justamente una actitud contraria a las disculpas. Con la amnistía quieren una rectificación. Es decir: quien se equivocó no fueron ellos sino el Estado que les castigó. El borrado de sus delitos. Nunca existieron. Y que el Estado reconozca que hicieron lo correcto porque actuaron contra un régimen «represor». Como si estuviéramos en el 77. Quienes sostienen que la amnistía política no tiene cabida en una democracia insisten en que la concesión de esta medida supondría una injerencia en la competencia del Poder Judicial (artículo 117 de la Constitución) una enmienda a la totalidad al Tribunal Supremo y al propio discurso del Rey de octubre de 2017.

Se presenta un horizonte tan inestable con estas alianzas, que el propio lehendakari Urkullu, que se está esforzando en hacer valer a su partido entre la cotización de aliados de Sánchez, ha reclamado pactos de Estado entre el PSOE, PP y el PNV. Una llamada de emergencia antes de que el país quede soterrado bajo sus trincheras.