Están pasando cosas en la política española. Ayer Pedro Sánchez dijo «amnistía». Lo hizo por primera vez desde las elecciones y con calculada rotundidad, casi con recochineo, sobremarcando el acento. Fue la suya, por cierto, una entonación antizapaterista. Al tratarse de una palabra importante, Zapatero el golpe de voz en ‘amnistía’ te lo da en la primera sílaba. Síganme para más análisis fonológicos. Yolanda Díaz lleva meses hablando de amnistía y lo hace sin variar su tono, que es solemne pero edificante. Como si la directora de una compañía de cuentacuentos le dijese al duende al que ha pillado drogándose en el camerino lo decepcionada que está con él.

Lo curioso es que ayer Pedro Sánchez se refirió a la amnistía para señalar que eso por ahora es todo cosa de Yolanda Díaz. Hay una extraña competición ahí y la vicepresidenta va sin frenos. El martes presenta en Barcelona un dictamen de «los juristas de Sumar» que contiene las bases para una ley de amnistía gracias a la que al parecer libra hasta Artur Mas. «No es la propuesta del PSOE», aclaró ayer Sánchez, que sin embargo definió la amnistía de un modo al tiempo embrollado y falaz: «una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales en la historia de la democracia».

En realidad, es más sencillo: la amnistía es la única forma de que Puigdemont le haga a Pedro Sánchez presidente. Y, si Sánchez no necesitase los votos de Puigdemont, no habría amnistía. A partir de ahí, siempre es curioso que el presidente insista en la gravedad de la crisis de 2017 pero no en su antecedente lógico: la grave responsabilidad de quienes desencadenaron esa crisis. No fue Mariano Rajoy, que no desencadenaba el hombre gran cosa ni con mayoría absoluta. Fue una élite política irresponsable y populista que amenazó los derechos civiles de la mitad de los catalanes y jugó abiertamente con el enfrentamiento civil. Que la urgencia aritmética de un partido baste para camuflar lo sucedido bajo otra montaña de palabrería y buenas intenciones de ficción fija en el fondo un precedente inasumible. Consiste en que sobre los ciudadanos caiga el peso de la ley mientras que los políticos se desjudicializan entre ellos, y a conveniencia, las consecuencias legales de sus actos.

Un día después de que atacasen con pintura el monolito que señala el lugar donde ETA asesinó a Fernando Buesa y a Jorge Díez, la tumba de Buesa fue atacada con pintura y heces. Esta semana Salvador Illa alabó la cultura política vasca. Sigamos con ella: ayer se organizó la escenificación de la condena y Bildu no condenó (cualquier día lo hace, mejor no insistir tanto), pero Arnaldo Otegi tuiteó su «absoluto rechazo a los inadmisibles ataques a la memoria de Buesa». Cuando la furgoneta bomba estalló, Otegi ya estaba aquí y definió lo ocurrido como «un fracaso colectivo». La melodía permanece intacta: la izquierda abertzale perdonándonos a los demás sus propios crímenes. Lo inesperado es que llegaría casi ni a rozarles la basura que, a la vista está, sigue brotando de un erial fanático tan intensamente trabajado.

A diferencia de lo que ocurre con el de Medicina, el premio Nobel de la Paz redobla sus probabilidades de acierto si recae en alguien que está en la cárcel. Las posibilidades de fracaso se redoblan si se premia a alguien que no está en la cárcel pero quizá lo merece: Henry Kissinger. La activista iraní Narges Mohammadi está en el penal más temido de Teherán y se merece el Nobel. Su lucha por las mujeres de su país es tan urgente que otra joven que iba sin velo ha terminado en coma en el hospital. El régimen dice que la chica se sintió mal. Y han detenido a su madre mientras amenazan a sus amigos porque represaliar al entorno de quien sufre un desvanecimiento distingue a una teocracia fundamentalista que funciona.