EDITORIAL-EL ESPAÑOL
Hasta ahora, la versión oficial, aunque nunca reconocida de forma oficial por el Gobierno español, es que en la tragedia de Melilla de 24 de junio de 2022 murieron 23 personas y que lo hicieron en el lado marroquí de la valla. Pero un informe de Amnistía Internacional hecho público hoy viernes afirma que en el asalto a la valla murieron «más de cien personas» y que lo hicieron «bajo jurisdicción española».
El informe, cuyas afirmaciones deben ser corroboradas o desmentidas de inmediato y con rotundidad por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, es de una enorme gravedad. Porque si esos más de cien inmigrantes murieron en el lado español de la valla, ¿dónde están sus cadáveres? ¿Y dónde está la investigación que el más elemental sentido común dice que debería haberse puesto en marcha?
El 24 de junio de 2022 más de 2.000 inmigrantes trataron de entrar ilegalmente en territorio español desde el paso marroquí de Beni Enzar. 23 de ellos, según Rabat, murieron aplastados o por las caídas desde la alambrada ese día. Amnistía Internacional ha entrevistado a supervivientes e implicados en el asalto y ha concluido que los moribundos fueron trasladados en autobús por Marruecos desde la valla a otras ciudades del país.
Ninguno de ellos recibió asistencia médica o legal a pesar de la gravedad de sus lesiones. Amnistía llega a afirmar en su informe que «murieron durante el viaje. Otros fueron abandonados a su suerte en el sur de Marruecos. Muchos de ellos siguen desaparecidos y sus familiares no han tenido noticias de su paradero».
«Ambos países parecen haberse puesto de acuerdo para ocultar lo que realmente ocurrió aquel día y rendir cuentas» dice también el informe de Amnistía. «En la Reunión de Alto Nivel celebrada en marzo de 2023, los dos países mantuvieron su falta de transparencia en relación con sus acuerdos para el control migratorio«.
El Gobierno español ha dado la callada por respuesta frente a todas las preguntas de la prensa y de los organismos internacionales. Pero las preguntas se acumulan y el informe de Amnistía sólo hace que incrementar las sospechas. ¿Por qué permitió Marruecos que los inmigrantes llegaran hasta la valla? ¿Cebó Rabat una nueva tragedia humana, como un año antes en Ceuta, para presionar a España y generar el caos en Melilla?
Es más, ¿por qué el Gobierno español calla frente a una tragedia que, en el mejor de los casos, Rabat alimentó por omisión? ¿Por qué Rabat sigue presionando a España si el reconocimiento por parte de nuestro Gobierno de la marroquinidad del Sáhara estaba destinado, precisamente, a evitar este tipo de tensiones en las fronteras de nuestro país? Y si no es ese el acuerdo, ¿qué ha pactado exactamente Pedro Sánchez con Rabat?
Más preguntas. ¿Qué incentivos tiene Marruecos para evitar tragedias masivas como la de hace un año en Melilla si la respuesta del presidente es poco menos que un visto bueno a la acción de Rabat? ¿Le interesa a España transmitir al mundo la imagen de que Ceuta y Melilla son fronteras problemáticas e ingobernables? ¿Y a quién beneficia esa imagen? ¿Por qué el Gobierno no hace nada frente al evidente intento de Marruecos de generar la idea de que, frente a esa ingobernabilidad, lo mejor, más cómodo y menos problemático sería renunciar a la soberanía de ambas ciudades?
El Gobierno debe dar explicaciones inmediatas sobre todas y cada una de las preocupantes afirmaciones del informe de Amnistía Internacional. Porque aquí sólo caben dos opciones: o miente Amnistía para perjudicar a España, y entonces el Gobierno español debe adoptar las medidas pertinentes contra la ONG, o mienten Marruecos, el Gobierno español y el Ministerio del Interior de Marlaska tras haberse puesto de acuerdo para ocultar una masacre humana. En este último caso, las decisiones deberían ser de mucho mayor calado, y tanto penales como políticas y diplomáticas.