Pedro Sánchez afirmó la semana pasada que «los independentistas catalanes no son terroristas», razón por la cual todos ellos pueden ser amnistiados. De la afirmación de Sánchez se deducen dos ideas: por un lado, que puede haber independentistas que hayan organizado o llevado a cabo acciones terroristas, pero que este no es el caso, según él, de sus socios; por otro lado, que si los independentistas catalanes hubieran organizado o perpetrado acciones terroristas para lograr la independencia de Cataluña o para protestar por la sentencia del procés, Sánchez no los amnistiaría (al menos de momento y porque no lo permite Europa); estos únicamente han cometido delitos como los de sedición, prevaricación, malversación o desobediencia, delitos «menores» que no le impiden, no solo indultarlos o amnistiarlos, sino convertirlos en sus socios y en miembros de su «coalición progresista» para perpetuarse en la Moncloa, razón última de toda esta desvergüenza.
Por otro lado, acabamos de conocer que el fiscal Álvaro Redondo, del Tribunal Supremo, tras reunirse con su superior jerárquico el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cambiado de opinión y se opone ahora a investigar por terrorismo a Puigdemont y al resto de imputados en la causa Tsunami Democràtic. Donde manda patrón no manda marinero. El informe se estudia hoy martes en la Junta de Fiscales del alto tribunal. Álvaro Redondo responde así a la exposición del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García-Castellón, que imputó el pasado mes de noviembre por terrorismo al prófugo de la Justicia, y que ha insistido en sus últimos pronunciamientos en que los indicios se han consolidado. Ignoro si la opinión del presidente del Gobierno de España ha podido influir en el informe del fiscal Redondo pero es seguro que Sánchez realizó las declaraciones con ese objetivo.
Parece que la vía para modificar el delito de terrorismo en el Código Penal queda descartada; tienen miedo de que, como ocurrió con la ley del «solo sí es sí», centenares de delincuentes pudieran verse beneficiados
Los vínculos o los contactos de Puigdemont con Tsumani Democràtic parecen demostrados y nadie puede negarlos. La verdad es la realidad. El asunto es si las acciones perpetradas por Tsunami Democràtic son o no terrorismo. Según la RAE, terrorismo es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, pero jurídicamente la cosa es más compleja. Lo que sí es obvio es que hay personas e instituciones a las que les interesa que Puigdemont no sea condenado por terrorismo, entre ellas, las dos principales: Sánchez y el actual Gobierno de España; y de ahí los esfuerzos del PSOE y de sus socios para convencernos (y convencer sobre todo a la Justicia, presionándola) de que no hubo terrorismo en las acciones violentas de Tsunami Democràtic: de ese modo se podrá amnistiar a Puigdemont y la «coalición progresista» dependiente de la extrema derecha independentista catalana podrá seguir gobernando España, a mayor gloria de Pedro Sánchez. Parece que la vía para modificar el delito de terrorismo en el Código Penal queda descartada; tienen miedo de que, como ocurrió con la ley del «solo sí es sí», centenares de delincuentes pudieran verse beneficiados, en este caso delincuentes condenados por terrorismo. Y no se quiere eso porque el objetivo es beneficiar a los delincuentes con mando en plaza, no a los que no tienen partidos políticos a su servicio y los votos que necesita Sánchez.
A mí, infundir terror siempre me ha parecido terrorismo, pero ¿quién soy yo para decir si hay razones jurídicas para acusar y condenar a Puigdemont por terrorismo? La Justicia es quien debe decidirlo. Los CDR fueron grupos que nacieron para hacer posible primero el referéndum ilegal de 2017 y después para defender la república ilegalmente declarada, y perpetraron acciones violentas para lograr sus objetivos. De hecho, doce componentes de los CDR han sido procesados por terrorismo. Por su parte, Tsunami Democràtic es la plataforma que coordinó las acciones de protesta contra la sentencia del procés, que no consistieron en sentadas pacíficas ante la sede del Tribunal Supremo sino en la toma y paralización del aeropuerto internacional de El Prat, el corte de la AP-7 para bloquear la frontera con Francia, la organización de algaradas callejeras violentas y el ataque violento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un turista francés falleció durante la ocupación de El Prat y varios policías fueron gravemente heridos en distintas protestas. Pero igual tales actos no fueron terrorismo sino protesta pacífica y democrática.
Afirman que tales actos no fueron como los protagonizados por la banda terrorista ETA, como si alguien estuviera diciendo tal cosa
Según el auto del juez García-Castellón, Tsunami Democràtic fue una organización con vocación de permanencia «cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. Seguramente pretendieron hacerlo con sentadas en las plazas y salidas pacíficas al monte. Además, el sumario de Tsunami Democràtic desvela vínculos de Puigdemont con la Rusia de Putin. Según Sánchez y subordinados, minucias sin importancia que deben ser perdonadas aunque no exista propósito de enmienda sino promesa de repetición.
Los voceros de Sánchez están tratando de presionar a la Justicia para que termine sentenciando que tales actos protagonizados por los CDR y Tsunami Democràtic no fueron terrorismo, al menos de ese tipo desconocido de terrorismo que no vulnera los derechos humanos, como si tal cosa fuera posible. Además, afirman que tales actos no fueron como los protagonizados por la banda terrorista ETA, como si alguien estuviera diciendo tal cosa, obviando, de paso, el terrorismo callejero provocado por las algaradas de los cachorros de la banda que nadie duda que fue terrorismo. Quien haya padecido este tipo de actos violentos, sabe bien el terror que se pasa. Pero quién sabe, quizás a infundir terror a la población y provocar heridos graves y vulneraciones flagrantes de derechos humanos no se le pueda llamar terrorismo.