El meteórico ascenso de Andalucía en los últimos años apunta a otra forma de hacer política. Una región sobre la que pesaban tópicos de desidia y anquilosamiento ha dejado obsoletos todos los prejuicios, y hoy se proyecta al resto del mundo y al futuro con singular empuje.

El presidente de la Junta desgranó ayer en la inauguración del III Foro Económico Español en Andalucía las claves de esta fórmula de éxito, cuando defendió que el camino «que más fruto da a largo plazo es el del consenso y el acuerdo».

Y como prueba de ello, Juanma Moreno anunció en el simposio de EL ESPAÑOL que su ejecutivo ha acordado con la patronal y los sindicatos un Pacto Social por valor de 9.000 millones de euros.

Este paquete de ayudas urgentes ante la inflación y la crisis energética (incluyendo bonos y ayudas directas a colectivos vulnerables, subvenciones a pymes y autónomos y una mejora de la Atención Primaria) es noticioso, ante todo, por su factura.

Porque Moreno Bonilla, que goza de una holgada mayoría absoluta en el parlamento andaluz, se ha mostrado abierto a pactar con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales.

Que un presidente abogue por tomar en cuenta las opiniones de los agentes sociales a la hora de aprobar medidas no sólo habla bien de un talante más conciliador que apuesta por gestionar sin exhalar bilis.

También refleja un notable contraste entre dos estilos de gobernar muy distintos. Si el ejecutivo andaluz prefiere pactar sin necesidad de hacerlo, el gobierno central, en una situación de debilidad parlamentaria mucho mayor, se mueve a golpe de decretos unilaterales.

Sólo hay que mirar la propuesta de reforma de las pensiones presentada el pasado viernes. Un plan para la sostenibilidad del sistema que únicamente prevé aumentar las cotizaciones que deben pagar las empresas, y del que la CEOE denunció sentirse excluida.

El Gobierno de Sánchez no puede permitirse ignorar cualquier demanda proveniente de los empresarios, casi siempre ausentes en sus iniciativas económicas. Los empresarios andaluces han denunciado en el Foro de EL ESPAÑOL este desfavorable ecosistema, lleno de obstáculos a las empresas y de trabas burocráticas y extenuado por la presión fiscal.

Por eso consideró ayer el presidente la Confederación de Empresarios de Sevilla que se precisan medidas «que favorezcan a la empresa grande», pidiendo «un marco regulatorio más flexible». Sánchez no debería desoír este llamado de los empresarios a un mayor «sentido de Estado» pues, efectivamente, «los temas troncales de futuro como las pensiones no pueden abordarse de manera unilateral».

El modelo andaluz avala que la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos no están reñidas con la contención fiscal y la prudencia presupuestaria. Y es que esta política económica, que ha propulsado el crecimiento, atraído la inversión y dinamizado la actividad empresarial, no sólo es importante por cómo está transformando Andalucía. También lo es por la influencia tractora que está ejerciendo sobre el resto de España.

No es Sánchez el único que debería tomar nota de la disposición de Juanma Moreno a consensuar la política social y sanitaria. También Feijóo, en el caso de que finalmente llegase a Moncloa, haría bien en emular este estilo que prioriza la transversalidad y el entendimiento entre los estamentos políticos, sociales y económicos al cultivo de una empobrecedora polarización.