EL MUNDO 27/07/13
· La Reforma Local que pretende impulsar el Gobierno y que ayer recibió la luz verde del Consejo de Ministros ha suscitado de inmediato una auténtica rebelión. Cataluña anuncia que no la aplicará, Andalucía la tacha de «atropello» y Euskadi de «injerencia». Asturias y Castilla y León también advierten de que el proyecto les gusta «poco».
El Consejo de Ministros aprobó ayer, tras varios retrasos y modificaciones, el proyecto de ley de reforma de la Administración local con el que pretende evitar duplicidades, reordenar competencias y ahorrar 8.000 millones de euros. Para el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, «la reforma es promunicipalista» e intenta situar a las corporaciones locales «en el lugar que se merecen».
Pese a estas palabras, el proyecto del Gobierno, modificado en algunos de sus aspectos a instancias del Consejo de Estado, ha recibido una lluvia de reproches. Al menos tres comunidades –Cataluña, Andalucía y Euskadi– lo rechazan de plano y otras dos –Asturias y Castilla y León– ya han señalado que les gusta «poco». Tampoco lo comparten partidos políticos y sindicatos. Contra él se anuncia ya una rebelión en toda regla.
Unos consideran que se trata de un plan recentralizador, otros le acusan de invadir competencias autonómicas, también hay quien cree que sólo busca privatizar servicios o eliminarlos y, finalmente, se elevan voces que alertan de que pone en riesgo decenas de miles de empleos.
La reacción más tajante procedió de la Generalitat de Cataluña. La reforma se ha convertido para el Gobierno de Artur Mas en un nuevo casus belli. De hecho, el Govern, tal y como venía advirtiendo, anunció de inmediato su incumplimiento directo, y si fuera necesario, recurrir a los tribunales.
Se encargó de ello la vicepresidenta, Joana Ortega, quien esgrimió el Estatut como una ley de rango superior a la reforma para esquivar su cumplimiento. Según señaló, «el Estatut otorga competencias exclusivas en materia de régimen local, por lo que todo aquello que lo contradiga no debe ser aplicable en Cataluña», informa Javier Oms.
En todo caso, la Generalitat cuenta con la vía judicial como ariete, al entender que la reforma no sólo contradice el Estatut, sino también «a la Constitución con la que», en palabras de Ortega, «tanto se llenan la boca». La Generalitat está decidida, según su vicepresidenta, a «llegar hasta las últimas consecuencias» para defender sus competencias.
Al mismo frente se sumó el PSC, que prometió ser «muy beligerante» contra la nueva ley, construyendo frente a ella «un bloque político y social», e incluso anticipó que la llevará al Tribunal Constitucional.
Tampoco fue bien recibido en Andalucía el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. La Junta aseguró su intención de defender la autonomía local ante lo que califican de auténtico «atropello». Para el Gobierno andaluz, la reforma implica una «verdadera reconstrucción de todo el terreno ganado» desde que se implantó la autonomía local. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, ha pedido comparecer ante el Parlamento para explicar los efectos que producirá la reforma que plantea el Gobierno y que, en su opinión, colisiona con el Estatuto y supone «una limitación del autogobierno de los andaluces».
El Gobierno vasco también se sumó a las críticas. En un comunicado calificó la reforma de «desproporcionada» y añadió que supone «una grave injerencia en el principio consolidado de autonomía local».
Euskadi cree que la norma no tiene en cuenta la singularidad del sistema foral de régimen local y reclama al Gobierno que la «reconsidere» o que, en su caso, no sea de aplicación en el País Vasco.
El coro de voces discrepantes aumentó con los partidos políticos y los sindicatos.
Para el PSOE la reforma es «un bodrio difícil de aplicar» que «no clarifica competencias, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales, ni solventa sus problemas financieros». Los socialistas tienen intención de presentar una enmienda a la totalidad contra el proyecto. IU, por su parte, cree que lo que se pretende es la «voladura controlada» del poder local y convertir «derechos en negocios». También UGT y CCOO exigieron la retirada de la reforma porque, a su juicio, es inconstitucional, supondrá la destrucción de hasta 40.000 empleos públicos e implicará servicios de peor calidad.
EL MUNDO 27/07/13