Andoni Pérez Ayala-EL Correo

  • Cabe plantear si los desajustes en las instituciones no tienen más que ver con el uso que se hace de ellas que con la Carta Magna

La celebración mañana del 42 aniversario de la Constitución presenta características muy distintas a las que ha tenido hasta ahora este tipo de ceremonias. Durante muchos años esta fecha, que solo aquí integra el calendario festivo, era un día muy señalado del curso político, en el que se oficiaban los fastos que requiere todo gran acontecimiento y se hacían rotundas proclamas de adhesión a la Carta Magna, acompañadas de las loas y alabanzas de rigor. Al mismo tiempo, desde posiciones opuestas y como contrapunto a tanta efusividad, no faltaban quienes aprovechaban la efeméride para arremeter contra el «régimen del 78» y la Constitución que le sirve de soporte, a la que además se hacía responsable de los principales males que nos aquejan.

En los últimos años se ha podido constatar que los actos conmemorativos de la Constitución han ido perdiendo progresivamente relevancia política, hasta dar la impresión de que se limitaban a cumplir ritualmente con el expediente de la celebración. Podría decirse que la efeméride ha experimentado un proceso de devaluación al perder el protagonismo que había tenido en el pasado. Este año, por razones obvias derivadas de la pandemia, tendrá muy poco que ver con ediciones anteriores.

En cualquier caso, la fecha invita a hacer algunas reflexiones sobre el momento constitucional en que estamos, lo que siempre será más productivo que el ruido que acompañaba habitualmente a las celebraciones (sin olvidarnos de las ‘contracelebraciones’, que también contribuían lo suyo a animar la fiesta). En este sentido, es preciso constatar que nuestra vida constitucional está experimentando una serie de incidencias, en especial por lo que se refiere al anómalo funcionamiento institucional más que en relación con el propio texto de la Carta Magna, a las que es preciso prestar la atención debida.

Una primera reflexión es que, además de los efectos derivados de la aguda crisis pandémica por la que atravesamos, especialmente en el terreno social y económico, en nuestro caso a todo ello hemos de añadir una seria crisis política e institucional que como todas las de este tipo tiene importantes implicaciones constitucionales, lo que es un hecho diferencial nuestro que no se da en estos momentos en otros países de nuestro entorno. La situación que vivimos como consecuencia del covid no tiene su raíz en la Constitución, pero es innegable que, a la hora de afrontarla, el mal funcionamiento y el bloqueo de las instituciones constitucionales incide de forma importante y muy negativamente.

Cabe reseñar a este respecto una serie de hechos que revelan el deterioro de la vida constitucional. Entre otros, el incumplimiento sistemático de las previsiones que la propia Constitución establece -por ejemplo, sobre la renovación de órganos claves en la estructuira del Estado o sobre la aprobación anual de los Presupuestos-; la imposibilidad de formar Gobierno tras las elecciones, obligando a acudir reiteradamente a las urnas, el protagonismo judicial más allá de su propia función jurisdiccional, la irregular actividad legislativa de las Cortes Generales, sustituida por el espectáculo que nos ofrecen continuamente… Todo ello supone una muestra ilustrativa de una crisis en el funcionamiento de las instituciones constitucionales, de cuya existencia hemos de ser al menos conscientes.

En situaciones como la descrita existe siempre la tentación de, además de buscar culpables, recurrir a cambios drásticos en el sistema institucional, lo que tiene inevitablemente implicaciones constitucionales. En esta línea, no faltan quienes claman por realizar importantes reajustes institucionales, muy especialmente en lo relativo a la rectificación del modelo de organización territorial, al que se hace responsable de la falta de efectividad de las medidas adoptadas en esta crisis, además de reclamar otros cambios para restablecer la normalidad perdida. Para completar el cuadro, tampoco faltan quienes, más allá de reformas constitucionales de cualquier tipo, abogan por unos nuevos pactos constituyentes que entierren, sin más, el «regimen del 78», Constitución incluida.

Cabe plantearse, como reflexión final a la vista de la situación descrita, si la crisis política que atravesamos no tiene su raíz en la utilización que se está haciendo de las instituciones más que en su configuración en la Carta Magna. Porque en este caso de nada serviría cambiar ésta, sino que lo que realmente sería decisivo es cambiar radicalmente la práctica que se está siguiendo de forma sistemática en la utilización de las instituciones constitucionales.

Ello no excluye la necesidad de plantear la cuestión de la reforma de nuestra norma fundamental, que continúa siendo una de las asignaturas pendientes a día de hoy. Pero este es un asunto que habrá que abordar en otro momento.