El Congreso de los Diputados aprobó el jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Tras su tramitación y posterior aprobación por el Senado, las nuevas Cuentas verán la luz. Las anteriores de 2018 fueron elaboradas por el Gobierno de Rajoy y prorrogadas dos años consecutivos. El hecho de que unos mismos Presupuestos hayan estado en vigor durante tres años es uno de los más claros exponentes de la situación de anormalidad política que vive España.

Nuestra Constitución establece un régimen parlamentario cuyo fundamento es la existencia de una mayoría parlamentaria que respalde la acción del Gobierno y su programa legislativo. En este contexto, la aprobación del proyecto de Presupuestos reviste una importancia fundamental por dos razones. En primer lugar, porque la votación de las Cuentas supone para el Gobierno una votación de confianza. El rechazo del Presupuesto indicaría que la mayoría del Congreso no respalda al Ejecutivo y, en buena lógica democrática, debería conducir a su dimisión. Así ocurrió cuando, en febrero de 2019 -tras el rechazo de su proyecto presupuestario- Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas. En segundo lugar, la relevancia de la ley de Presupuestos es muy superior a las demás porque, al establecer el marco financiero global para un año, condiciona y determina toda la acción de gobierno.

Desde esta óptica, se ha podido decir que de la aprobación del Presupuesto dependerá la duración de la legislatura y la continuidad del Gobierno. Desde la perspectiva de la necesaria estabilidad política, sería, por tanto, una buena noticia. Sin embargo, a la vista de las negociaciones que han conducido a su aprobación, no se puede decir que los Presupuestos garanticen la estabilidad política de España. Lo cierto es que son un instrumento que favorece su desestabilización. El Gobierno de coalición en minoría (155 diputados de 350) ha logrado aprobarlos con el respaldo de fuerzas como Bildu y ERC que no han ocultado en ningún momento que la destrucción del Estado es su objetivo político principal. Bildu ha reconocido que apoyan los Presupuestos como primer paso para la creación de «la República vasca» y que su respaldo al Ejecutivo de Sánchez tiene por finalidad «derrocar el régimen del 78». ERC persigue objetivos similares. En este contexto, afirmar que el pacto con ambas formaciones sirve para garantizar la estabilización política del país es un puro despropósito.

Ese acuerdo, por el contrario, contribuye a la desestabilización porque supone una vuelta de tuerca más en la espiral polarizadora y sectaria que caracteriza la acción del Gobierno como órgano colegiado (no la de todos sus miembros) desde su hora fundacional. Y ello cuando el país atraviesa una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, cuya superación exige la forja de un consenso político transversal similar al existente en Alemania o en la misma Unión Europea. Esos acuerdos entre las fuerzas políticas moderadas son los únicos que pueden garantizar la estabilidad. Las voces más autorizadas del PSOE -desde Felipe González hasta Alfonso Guerra pasando por Nicolás Redondo o Ramón Jáuregui- ya han advertido, con nulo éxito hasta hoy, de la necesidad de un cambio de estrategia. Pactar con fuerzas antisistema es un comportamiento suicida para cualquier Gobierno. Y más aún en un escenario político como el que ofrece la actual composición del Congreso de los Diputados, en el que, de los veinte partidos representados, once tienen una actitud hostil frente a la Constitución -en mayor o menor grado- y suman 125 escaños.

La aprobación de los Presupuestos no puede hacernos olvidar que nuestro sistema político-constitucional se enfrenta a una tormenta perfecta que sólo podrá ser superada mediante una política de concertación transversal. El argumento más poderoso en contra de la formación de un Gobierno de concentración, a saber, que las grandes coaliciones favorecen a los extremismos, en Alemania se ha demostrado que es falso. Allí el extremismo está estancado.

La concertación entre la izquierda y la derecha, constitucionalistas y moderadas, exige que los grandes partidos antepongan su voluntad de pactar entre ellos a la de hacerlo con fuerzas situadas en los extremos. El PP ha apostado por la moderación y por una política de concertación. El brillante discurso de Pablo Casado en el pleno de la moción de censura o su contundente rechazo a los negacionistas de la violencia contra las mujeres pone de manifiesto el distanciamiento popular respecto a fuerzas extremistas situadas a su derecha. Corresponde al PSOE dar un paso similar. Mientras ello no ocurra, con y sin Presupuestos, seguiremos instalados en una inestabilidad política que nos impedirá afrontar con éxito la crisis actual.