La noticia de que la web del Ayuntamiento de Galdakao cuenta con un apartado dedicado a la memoria histórica y a la memoria reciente elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi que incluye a los presos de ETA Xabier García Gaztelu y Jon Bienzobas ha vuelto a recordar que la sociedad y las instituciones vascas siguen pendientes de decirse exactamente qué es lo que pasó en nuestro país. Tal y como el responsable de Aranzadi Javi Buces ha puntualizado, la web no recoge esos nombres en un capítulo titulado ‘víctimas de graves violaciones de derechos humanos’. Pero sí lo hace bajo el epígrafe «política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales». Lo que a tenor de las declaraciones de Buces se inscribiría dentro de «otros sufrimientos derivados de la violencia de motivación política». Aranzadi insiste en que tal clasificación obedece a una «metodología» existente previamente. Aunque la Sociedad de Ciencias no ha señalado públicamente al Instituto Gogora del Gobierno vasco, que en 2018 estableció criterios al respecto dirigidos precisamente a los ayuntamientos, indicando que «otros hechos con desenlaces traumáticos que no se ajustan a los estándares internacionales de violación de derechos humanos deberían encontrar, en su caso, un marco diferenciado de tratamiento».

No es fácil explicar cómo, hablando de memoria y violación de derechos humanos, puede encontrarse un marco diferenciado de tratamiento para hechos que no se ajusten a los estándares internacionales. Más difícil aún que con tal propósito se habilite un apartado titulado «política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales». La pirueta se vuelve todavía más temeraria al incluir en el mismo a García Gaztelu y a Bienzobas sin antes precisar qué «hechos» derivaron en qué «desenlaces traumáticos» para ellos, y qué «leyes excepcionales» les han sido aplicadas. No parece que se trate de una metodología muy rigurosa la empleada en nombre de la ciencia social. Máxime cuando la diferenciación pretendida de casos y situaciones se difumina al empaquetarlos todos en un mismo contenedor digital, Galdakao Oroimena.

Aranzadi se ha mostrado dispuesta a revisar un trabajo que ha realizado también para otros cinco ayuntamientos. El problema es que el recuerdo y la memoria sobre las víctimas señala inevitablemente a los victimarios. García Gaztelu y Bienzobas son de estos últimos, antes que nada. Incluso antes de que pudieran considerarse a sí mismos susceptibles de formar parte de un «marco diferenciado de tratamiento». Así consta en sentencias judiciales que bien podrían consignarse en informes de ciencia social memorialísticos, para incluirlos en las webs de esas entidades locales. Claro que eso sería tanto como echar abajo el gran tabú que ciega las posibilidades de una memoria compartida. La asunción de la culpa judicialmente establecida por parte de los victimarios y de quienes justifican su trayectoria como el destino que les tenía reservado su Historia de Euskal Herria.