- Padecemos a un gobierno de demagogos que ataca a quienes cumplen las normas y privilegia a quienes las incumplen
Pedro Sánchez ha vuelto a descalificar con nombre y apellidos a un empresario; en este caso el descalificado ha sido Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial, empresa que, en el uso de sus competencias, procurando el interés de la compañía y de sus accionistas y respetando en todo caso la legalidad vigente, ha decidido trasladar su sede social a Holanda, país miembro de la Unión Europea. Según Sánchez, europeísta convencido, el empresario, al que ha tildado de antipatriota, no está comprometido con España. No como él, que pacta con Bildu y Esquerra.
Ferrovial es una empresa fundada en 1952 por Rafael del Pino y Moreno que ha pasado en estos setenta años de ser una pequeña empresa constructora a ser una multinacional global, ganar contratos en medio mundo y cumplir estos después con rentabilidad y eficacia. En todo este tiempo no se le conoce irregularidad o ilegalidad alguna, o al menos nadie lo ha denunciado, sino cumplimiento estricto de la legalidad vigente, y los contratos que ganó no fueron concesiones gratuitas de los gobiernos sino mérito de la empresa y de sus dirigentes. Por tanto, en todo este tiempo ha destacado precisamente por su buen hacer, otra cosa que la diferencia del actual gobierno. Y ahora Ferrovial necesita (o sus accionistas consideran que necesita) trasladarse a Holanda para cotizar en la Bolsa de Ámsterdam y poder de esta forma cotizar en EEUU Es una decisión empresarial perfectamente legal y legítima que responde a múltiples causas: según la compañía, que ya cuenta con la mayor parte de su negocio fuera de España, la decisión no va a suponer un impacto en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria. Además, ya se sabe que es mejor irse de donde a uno lo insultan directa o indirectamente.
El Gobierno de España no puede insultar a ciudadanos españoles que toman libremente las decisiones que consideran y que no tienen otra obligación que cumplir estricta y escrupulosamente las leyes
Llueve sobre mojado: a lo largo de la legislatura otros ministros y el propio presidente del Gobierno de España han arremetido contra grandes empresarios por el simple hecho de serlo. En su paranoia, creen poder exigir a los empresarios que paguen más que lo que el propio gobierno legalmente les exige, como si fueran organizaciones no gubernamentales financiadas con dinero público. Los más prudentes somos los que no consideramos a los empresarios ni almas caritativas ni seres angelicales sino responsables de negocios que quieren rentabilizar y hacerlos durar en el tiempo. Pero quizás tengan razón Yolanda Díaz y otros intelectuales de la política, que se han quejado de que una empresa formada en España se haya atrevido a emigrar a otro país miembro de la Unión Europea. Solo les falta criticar a los españoles que voluntariamente se van a vivir y a trabajar a otras partes del mundo y pedirles que devuelvan el dinero de la educación pública con la que se formaron: ¡Malos españoles, devolved el dinero!
El Gobierno de España no puede insultar a ciudadanos españoles que toman libremente las decisiones que consideran y que no tienen otra obligación que cumplir estricta y escrupulosamente las leyes comunes que a todos nos obligan, algunas de las cuales, por cierto, han incumplido o amenazan con incumplir socios relevantes del PSOE, a los que sin embargo se les privilegia y trata con toda la pompa y los parabienes del mundo. Padecemos a un gobierno de demagogos que ataca a quienes cumplen las normas y privilegia a quienes las incumplen o amenazan con hacerlo si tal cosa considera que beneficia a sus intereses electorales y a su pretensión de seguir en la Moncloa. Esta forma de actuar es un despropósito que no ocurre en las democracias liberales de nuestro entorno y que, sin embargo, es el pan nuestro de cada día en regímenes populistas y autocráticos. Es lo que tiene ser gobernados por adolescentes. Lo de comunistas les queda grande.
Suprimir los fueros vascos
El Gobierno de España puede impulsar las reformas legales que considere y, si observa injusticias flagrantes en el comportamiento de empresarios o empresas, impulsar igualmente cambios legales que las evite buscando para ello el correspondiente apoyo parlamentario. Así funcionan las cosas en democracia. Si han cometido alguna ilegalidad, que los denuncien y los detengan; si pagan pocos impuestos, que se los suban; si no les gusta la competencia fiscal entre Estados de la Unión Europea o la existencia de paraísos fiscales, que procuren eliminar tanto aquella como esta, pero con hechos políticos concretos, no con demagogia barata. Pueden corregir la fiscalidad privilegiada de las rentas del capital respecto a las rentas del trabajo; recuperar y centralizar el Impuesto de Patrimonio; y ya que están contra la competencia fiscal entre Estados miembros de la Unión Europea, eliminar la que efectivamente existe en España entre comunidades autónomas; y, de paso, suprimir la excepcionalidad que suponen los derechos históricos y los fueros vascos y navarros, auténticos paraísos fiscales para unos pocos privilegiados… a costa del resto de los españoles. Que empiecen por eliminar el dumping fiscal foral que defienden a capa y espada.
Pero, por favor, que no hagan discursos moralistas que son pura hipocresía y muestra obvia de incapacidad, incompetencia e impotencia. Y, puestos a pedir imposibles, ¡que dejen de dividirnos en buenos y malos españoles!