EL MUNDO – 26/02/16
· La Justicia tumba el protocolo que imponía una sola lengua a los empleados de la Generalitat.
Hasta ahora, todos los trabajadores de la Generalitat estaban obligados a utilizar el catalán para comunicarse entre ellos y dirigirse a los usuarios de la Administración. Los empleados públicos estaban sujetos a preceptos como «la lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc… especialmente ante terceras personas» o «las conversaciones telefónicas deben iniciarse siempre en lengua catalana».
A partir de ahora, esta normativa queda anulada por ir contra la libertad de expresión, tal y como indica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que estima el recurso de un profesional sanitario del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona contra un protocolo de usos lingüísticos para este sector elaborado en enero de 2012 por la Generalitat. La sentencia es firme, ya que la Administración catalana no recurrió.
La normativa es una adaptación al sector sanitario del Modelo de protocolo de usos lingüísticos para la Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente elaborado por la Secretaría General de Política Lingüística en 2010, por lo que la sentencia del TSJC anula los mismos preceptos en los dos documentos, al considerar que se vulneran las reglas de la cooficialidad lingüística y el derecho a la libertad de expresión.
ORIGEN DEL RECURSO
Precisamente, el origen del recurso está en un correo electrónico del entonces gerente del Hospital Universitario Joan XXIII en el que se informaba a los profesionales sanitarios de que el uso del catalán era obligatorio para todos los empleados. Uno de los profesionales presentó un recurso que ha llevado a la sentencia del TSJC que tumba gran parte de esta normativa de la Generalitat.
Entre los mandatos anulados en los protocolos –tanto en el general como en el sectorial de sanidad– está el que obliga a usar el catalán como lengua de comunicación oral entre el personal al servicio de la Generalitat en su ejercicio profesional –en las conversaciones presenciales, por teléfono, reuniones de trabajo o megafonía e incluso ante usuarios o personal externo–, así como el deber de utilizar el catalán en todo momento con los ciudadanos pese a que estos lo hagan en castellano.
«Tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, éste la mantendrá en catalán, independientemente de la lengua que utilice el interlocutor, salvo que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en la otra lengua oficial», destaca uno de los preceptos anulados. La resolución también rechaza la obligación de los empleados públicos de iniciar las conversaciones telefónicas en catalán y mantener la misma lengua hasta que el ciudadano exprese su dificultad para entenderla. Asimismo, los jueces anulan la obligatoriedad de que los empleados usen el catalán para rellenar documentos relacionados con la gestión de personal, ya que considera que así se vulnera la normativa al instar a la expresión en una lengua exclusivamente.
La asociación Impulso Ciudadano, que ha asesorado al profesional sanitario que interpuso el recurso, cree que gracias a esta sentencia se ha mejorado «la seguridad jurídica de los empleados públicos» y se puede «disfrutar de una mayor libertad lingüística en las relaciones entre los empleados públicos y de estos con los ciudadanos». Pese a esto, lamenta «la actuación fiscalizadora e intervencionista de la Administración catalana en la regulación de una manera tan restrictiva de los derechos lingüísticos», ya que considera que «obliga a los empleados públicos y a los ciudadanos en general a tener que acudir a los tribunales a reclamar lo obvio: la libertad de elección de lengua en las relaciones con las administraciones publicas».
En declaraciones a este diario, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, afirmó ayer que la sentencia le parece un «gran avance, ya que garantiza la libertad de expresión de los empleados públicos» de la Generalitat. Domingo recuerda que a partir de ahora los trabajadores de la Administración no deben seguir el protocolo que obligaba a utilizar siempre el catalán en la comunicación entre ellos. En Impulso Ciudadano han recibido numerosas quejas de funcionarios que han sido apercibidos por usar el castellano, como es el caso de algunos agentes de los Mossos d’Esquadra que hacen sus comunicaciones internas en esta lengua y han sido llamados al orden por su superior, según denunció Domingo. Además, considera que la anulación de parte del protocolo mejorará el servicio a la ciudadanía, ya que el usuario recibirá atención en la lengua que solicite.
EL MUNDO – 26/02/16