Es de agoreros advertir que gobernantes y quienes pretenden sustituirlos tendrán que introducir drásticos recortes incluso en la ejecución de las cuentas de este año. Han establecido un pacto tácito para silenciar tan delicada cuestión, que no parece inquietar demasiado a los ciudadanos.
Esta es la primera campaña sin promesas desde el restablecimiento de la democracia, o con muchas menos que en anteriores convocatorias. Ya se sabe, estamos en crisis, y de lo que se trata es de contener la respiración para atravesar las dos semanas sumergidos entre mítines y declaraciones, rezando para que nadie pregunte en serio sobre la situación financiera de los ayuntamientos y, especialmente, sobre lo que espera tras los comicios.
Queda para agoreros y alarmistas la advertencia de que los hoy gobernantes y quienes pretenden sustituirlos se verán obligados a introducir drásticos recortes incluso en la ejecución de las cuentas previstas para este año. Titulares y aspirantes han establecido un pacto tácito para silenciar tan delicada cuestión que, por otra parte, no parece inquietar demasiado a los ciudadanos. Al déficit que arrastran las instituciones locales les pasa como a todo en política: que tiene su explicación. Todo alcalde es capaz de ofrecerla de manera convincente para sus paisanos.
El ayuntamiento es la institución pública en la que más confían los ciudadanos. Según el último Sociómetro del Gobierno vasco merece un 5,2 de valoración frente al 4,7 de la Diputación, el 4,6 del ejecutivo autonómico y el 3,4 del central. Los encuestados consideran estar más informados respecto a lo que hace su ayuntamiento que respecto a la actuación de las demás instituciones. Se trata de una sensación que oculta el desconocimiento ciudadano sobre el quehacer de las instituciones locales. Por ejemplo, es más que probable que los ciudadanos de Vitoria no sepan que su consistorio dedicó el pasado año 713 euros por habitante en gastos de personal, mientras que el ayuntamiento de Donostia asignaba 669 euros por vecino a ese capítulo y el de Bilbao no pasaba de 422. Claro que la sociedad saluda con satisfacción que las instituciones generen puestos de trabajo directos. Y además seguro que esa disparidad tiene también su explicación dentro de otra relación igualmente sorprendente: que Bilbao previó gastar 1.560 euros por habitante en 2010, mientras que Vitoria y Donostia contemplaban 2.169 y 2.162 respectivamente. ¿Será que Azkuna se ve asistido por la intervención de otras instituciones para reducir el déficit municipal a cero? ¿O que Elorza gasta en exceso y Lazcoz prefiere mantenerse con un lastre heredado? También sus rivales directos prefieren la apnea electoral.
El problema de la financiación municipal es que tras el domingo 22 los ayuntamientos no podrán demandar la ayuda de las diputaciones o, eventualmente, del gobierno autonómico e incluso del central sin recibir como respuesta la letanía de los recortes que deberán introducir estos. Ni siquiera los privilegios del Cupo dan para más. Privilegios que se hacen ostensibles al ver cómo el PNV, sacando la cabeza fuera de la campaña para respirar influencia, llegó a oponerse en el Congreso a que el gobierno central adelante a la Generalitat catalana el pago correspondiente al fondo de competitividad para así paliar el déficit fiscal que soporta aquella comunidad autónoma como el primer acto de su reencuentro con Zapatero.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 13/5/2011