Han sucedido tantas cosas desde entonces que la insurrección separatista de 2017 parece un hecho muy lejano, pero hubo momentos en que estuvo más cerca del triunfo que del fracaso. La pasividad de Rajoy y de sus colaboradores, su descontrol, su falta de reflejos para entender lo que de veras estaba pasando, pusieron al borde de la zozobra al Estado y sólo el contundente discurso del Rey generó el vigor político necesario para evitar que la situación se le fuese al Gobierno de las manos. Durante unas horas hasta la Unión Europea –lo cuenta la periodista Lola García en un reciente libro– acarició la posibilidad de mediar en el conflicto, intervención que habría supuesto para los amotinados un reconocimiento decisivo, un éxito que no esperaban ni ellos mismos cuando decidieron saltar al vacío. Y aunque al final se estrellaron, fue España la que se asomó al abismo de la ruptura durante aquellos tres días críticos.

El problema es que el Estado no ha sabido interpretar su propia victoria, por ‘in extremis’ que ocurriera, y hasta parece arrepentido de ella. Los golpistas no sólo han sido indultados de su condena sino incorporados al bloque que sustenta al Ejecutivo de izquierdas. La Generalitat dispone de los mismos medios institucionales que antes, o más, para reproducir el desafío cuando mejor le venga y sus dirigentes se niegan a renunciar al proyecto de la independencia; simplemente lo han reformulado mientras recomponen sus fuerzas a base de acaparar poder y prebendas. Y en lugar de recibir una respuesta capaz de hacerles ver de una vez que esa aspiración es una quimera, encuentran un apaciguamiento medroso que rearma su esperanza de alcanzar la meta en el próximo intento, sea cuando sea, si calculan mejor la estrategia. Por eso cinco años después siguen sin dar una sola muestra de su voluntad de recomponer la convivencia. Para qué, si los catalanes constitucionalistas no tienen quien los proteja.

La aplicación –a rastras y tardía– del artículo 155 fue una oportunidad perdida de imponer una cierta pedagogía de la frustración a la eterna exigencia nacionalista. Al contrario, el sanchismo se afana en pedir perdón por su apoyo a la expeditiva medida y en complacer a los sediciosos sacándoles de encima a la justicia. La presencia estatal en Cataluña, que ya era exigua, hoy no es siquiera simbólica; se ha producido una renuncia de hecho a la integridad política y jurídica. El presidente ha llamado ‘piolines’ a los policías que defendieron la única soberanía legítima. Las familias que reclaman para sus hijos una mínima instrucción en castellano carecen de amparo y viven en un clima social de rechazo. Por ahora la única buena noticia es que el independentismo está dividido bajo la presión de una panda de chalados. Pero el optimismo corre el riesgo de ignorar el avance furtivo, pragmático, hacia una especie de secesión a plazos.