El próximo día 23 de enero entra en vigor la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, abarata alguna de las formas del de malversación y tipifica otros dos: el de desórdenes públicos agravados y el de enriquecimiento ilícito. Esta despenalización de los hechos por los que el Supremo condenó a los líderes independentistas completa la supresión en 2005 del delito de convocatoria de referéndum ilegal que Pedro Sánchez se comprometió a incorporar al CP. 

No solo no lo ha hecho, sino que ha abierto todas las posibilidades para que pueda producirse una declaración unilateral de independencia en Cataluña, sin que ello conlleve un ilícito penal. Para que lo hubiere, sería preciso el empleo de violencia (rebelión), lo que no sucederá. Como recordó Oriol Junqueras, todo el campo es orégano y cuando les pete podrían reiterar un 27 de octubre de 2017 sin que Aragonés, como hizo Puigdemont, tenga que huir en el maletero de un coche, clandestinamente, y refugiarse en un país conveniente.

Si se leyese atentamente la entrevista en este periódico con Salvador Illa, publicada el 14 de diciembre, los socialistas son consciente de que la integridad de la Constitución no está protegida por el Código Penal y que el único recurso para detener una segregación «salvaje a la catalana» (como la definió en otra entrevista en este medio el catedrático Alberto López Basaguren, publicada el 23 de diciembre pasado) sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una medida de carácter político que suspendería la autonomía de Cataluña. Ya tenemos experiencia de lo que significó aquella medida que Mariano Rajoy implementó mal y tarde respaldado por la mayoría de los senadores, incluidos los socialistas. 

Por prudencia deberíamos esperar a comprobar cómo la Sala Segunda del TS aplica los beneficios de los efectos retroactivos de la reforma penal a los condenados por sedición y malversación. Parece seguro que los sediciosos quedarán exentos de toda responsabilidad criminal, pero no es seguro que ocurra lo mismo con los que utilizaron fondos públicos —malversándolos— para impulsar la independencia unilateral e ilegal de Cataluña. Hasta que, a finales de febrero, previsiblemente, no se pronuncie el tribunal sentenciador, nada es definitivo. Pero Pere Aragonès cree lo contrario, da por hecho que el Código Penal no le concierne y ya está pidiendo que tras la impunidad se consume su otro propósito: un referéndum (llámese consulta) para validar, o no, un acuerdo entre partidos catalanes que, a tenor de lo que ha explicado el presidente de la Generalitat, pretende sea una consulta como en Canadá e, incluso, como en Escocia: una autorización a los dirigentes institucionales de Cataluña para negociar su segregación de España y concluir con un referéndum pactado con el Estado y, por supuesto, vinculante. 

Encamarse con los nacionalistas es una mala práctica porque ya se ha visto el resultado: ellos siempre cobran 

No hace falta ser un lince para suponer que el propósito de Aragonés, además de inviable por la correlación de fuerzas en Cataluña y en el conjunto de España, carece de cobertura jurídico-constitucional, por más que Sánchez intentará una mutación constitucional al modo de la que pretendió con el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Al secretario general del PSOE ya no le conviene que Cataluña y sus líderes separatistas sigan en el protagonismo de la película de la legislatura. Él cree que ya ha cumplido y que ahora toca ofrecer el lado más atractivo de su política, con bandera española incluida y con protestas de fidelidad a la unidad nacional. Ahora es tiempo de dar el volantazo, congelar la mesa de diálogo que le permitió la investidura y desenvolverse en una campaña electoral que convenza más a los castellanos, leoneses, extremeños y andaluces, que a los catalanes separatistas. 

El problema para Sánchez es que ERC es, por una parte, un partido con una larga trayectoria de traiciones a la izquierda española y, por otra, que, como organización secesionista, es insaciable. Así que Aragonés no dejará de reclamarle más y más y, sobre todo, de entorpecer los propósitos del PSC, aprueben los socialistas o no lo hagan los presupuestos de la Generalitat para 2023. Encamarse con los nacionalistas es una mala práctica porque ya se ha visto el resultado: ellos siempre cobran y, sea PP o sea PSOE, siempre pagan. 

Pretender ahora que tres años de cesiones y apaciguamiento hayan colmado las ansias de sus socios es de una ingenuidad que podría ser letal 

Sánchez ha demostrado ser un político irresponsable desprotegiendo penalmente la Constitución, impulsando reformas penales ad hoc y entregándose a pactos con partidos golpistas —el caso de ERC— o directamente vinculados con los compromisos políticos de la banda terrorista ETA, como es el caso de Bildu. Pretender ahora que tres años de cesiones y apaciguamiento hayan colmado las ansias de sus socios es de una ingenuidad que podría ser letal para el presidente que, por muchos recursos de distracción que acumule, no podrá eludir las réplicas del tsunami político que ha generado en los tres primeros años de legislatura. Y si quiere un ejemplo aquí lo tiene: aprobar la ley del solo sí es sí no es un error puntual sino estructural y durante muchos meses se irán produciendo revisiones de condenas a la baja y excarcelaciones de agresores sexuales.

Ocurrirá lo mismo —o parecido— con la reforma del Código Penal que ha alentado a Aragonés a reclamarle la segunda parte del compromiso: obtenida la desjudicialización —a la espera de lo que diga el Supremo— viene ahora la consulta, primero, por las buenas, y, después, por las malas. Sánchez podrá aplazar la cuestión, pero no se va a liberar de ella, entre otras razones, porque ha construido un bloque de poder en el Congreso (Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV) sin el que no podría repetir estancia en la Moncloa. Su logro más eficiente para permanecer en el poder es, al mismo tiempo, su más pesada hipoteca. No tiene salida.