EL MUNDO – 01/06/16
· Un juez de Argentina ha puesto en marcha la investigación contra ETA por delitos de lesa humanidad, al pedir a España datos sobre las actuaciones que se han realizado en la Audiencia contra 41 dirigentes de la banda y de Batasuna.
La Justicia argentina está dando los primeros pasos en su investigación por delitos de lesa humanidad contra ETA. Tras admitir la querella presentada por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, el juez Rodolfo Canicoba ha remitido ahora a España un «exhorto internacional» en el que reclama a las autoridades políticas y judiciales todos los datos que posean sobre investigaciones similares.
Según la documentación que obra en poder de este periódico, el magistrado envió el pasado 26 de mayo un exhorto en el que reclama la «colaboración necesaria» para avanzar en sus pesquisas. Pide que se le comunique si en España «se han desarrollado investigaciones penales por los hechos denunciados». Reclama copia de estas actuaciones «a efectos de determinar si existe identidad entre los hechos denunciados en este caso y las investigaciones que se realizaron en España».
En el caso de que los tribunales informaran de que no había investigaciones abiertas por esta causa, el juez argentino reclama que se le informe la razón por la que no se han realizado «y se le remita, si lo hubiere, copia de los pronunciamientos judiciales u otros actos administrativos que dieran cuenta de la decisión de no investigar».
Asimismo, Canicoba pregunta al «Poder Ejecutivo si se ha implementado una política de persecución criminal de los delitos cometidos por los integrantes de ETA y, en su caso, si esa política contempla un criterio de oportunidad a los fines de disponer la acción penal correspondiente». El magistrado argentino quiere saber igualmente si España ha desarrollado investigaciones de «carácter no penal, a fin de esclarecer los hechos denunciados en la presente causa y de efectivizar el derecho a la verdad que asiste a las víctimas de esos delitos y de la sociedad española en su conjunto».
Por último, el juez consulta a España «si se ha implementado una política de reparación a las víctimas de los delitos perpetrados por ETA, en particular a las identidades por la querella en la causa de referencia».
El escrito del juez ha sido dirigido al Ministerio de Exteriores argentino para que se lo haga llegar «al juez con competencia criminal del Reino de España». Como consecuencia, esa petición llegará a la Audiencia Nacional.
El magistrado argentino tiene abierta una causa contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de la banda terrorista ETA por crímenes cometidos entre 1994 y 2004. Entre ellos se encuentran dirigentes abertzales como Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia o Karmelo Landa; el portavoz de Bildu en el Parlamento navarro, Adolfo Araiz, y responsables etarras como Iñaki de Rentería, Txapote, Txeroki, Kantauri o Anboto.
Inicialmente, la querella presentada por Dignidad y Justicia fue rechazada. Sin embargo, la Cámara Criminal y Correccional Federal admitió el recurso de la asociación y ordenó que se investigara la causa bajo el principio de la justicia universal, que fija como criterio inicial el esclarecimiento de los crímenes de los concejales del PP en Rentería José Luis Caso y Manuel Zamarreño el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente.
José Luis Caso y su amigo y sucesor en el puesto, Manuel Zamarreño, fueron «amenazados con el objeto de lograr su expulsión» del País Vasco, para después ser asesinados por ETA, primero uno y después otro. «Ello como parte de la política de persecución de la organización y, en particular, como consecuencia de la estrategia de socialización del sufrimiento implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna aprobara en 1994 la Ponencia Oldartzen», prosigue la querella, que otorga a estos hechos el carácter de delitos de lesa humanidad.
El abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, argumentó que la Audiencia Nacional admitió investigar por lesa humanidad solamente los crímenes cometidos por ETA a partir del 1 de octubre de 2004, cuando este delito fue incorporado al Código Penal. Sin embargo, con anterioridad a esa fecha todavía existen 377 víctimas mortales de «asesinatos selectivos y masacres en la impunidad que siguen sin esclarecerse», apuntó el letrado.
La querella se dirige contra los siguientes dirigentes de Batasuna: Tasio Erkizia, Itziar Aizpurúa, María José Andueza, Karlos Rodríguez, Gorka Martínez, Juan Pedro Plaza, Juan María Olano, Mati Iturralde, José Luis Elkoro, Alberto de Lorenzo, Joseba Alvarez, José María Olarra, Mikel Arregi, Joseba Martín, Rufi Etxeberria, Koldo Castañeda, Karmelo Landa, Floren Aoiz, Adolfo Araiz, Antton Morcillo, Koldo Celestino y Amaia Bao.
En cuanto a los ex dirigentes de ETA, están acusados: Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; María Soledad Iparaguirre, Anboto; Asier Oyarzabal, Baltza; Julián Achurra Egurola, Pototo; Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Vicente Goicoechea Barandiaran, Willy; Jokin Echevarria Lagisquet; Carlos Ibarguren Aguirre; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Javier García Gaztelu, Txapote; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Ramón Sagarzazu; Félix Ignacio Esparza Luri; Juan Fernández Iradi, Susper; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; y Aitzol Iriondo.
EL MUNDO – 01/06/16