EL MUNDO 30/10/13
El Gobierno y el PP han dado carta de naturaleza a los contactos con el líder de Unió, Duran Lleida, con un objetivo preciso: acabar de aislar a Mas minando los apoyos a su plan soberanista.La posición del Ejecutivo en relación con las aspiraciones de la Generalitat de convocar una consulta de carácter independentista se mantiene inamovible. No hay ni una sola señal que indique flexibilidad.
Mariano Rajoy ha mantenido contactos en los últimos días con Alfredo Pérez Rubalcaba, con el propio líder de Unió, Duran Lleida, e incluso con el propio Artur Mas, pero ninguno le ha hecho cambiar su decisión de no dar un solo milímetro de margen a quienes promueven el derecho a decidir de una parte integrante del territorio nacional.
El presidente, afirman en Moncloa, «no moverá un dedo en favor de Mas»; no hay ningún plan para facilitarle una vía de escape y a lo más que se llegaría sería a reconocerle «altura de miras» si acepta abiertamente que la aventura independentista no tiene recorrido.
En este sentido, los contactos entrecruzados de Rajoy, Mas, Rubalcaba y Duran no dejan de ser, al menos desde la óptica de La Moncloa, una escenografía conveniente para trasladar la sensación de que el Ejecutivo no está encastillado, que escucha, que dialoga y que no rechaza el debate.
Sin embargo, la negociación no es tal. Ayer mismo así lo admitía el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. El Gobierno descarta cualquier concesión al soberanismo por mínima que sea y así se lo ha trasladado a la dirección del PP, que no duda en afirmar que «el plan de ruptura ya no cuenta ni con el apoyo de su propio electorado».
De hecho, es precisamente el intento de mermar los apoyos de Artur Mas lo que mueve al Gobierno y al Partido Popular. Y su socio de coalición, Duran, contrario a la celebración de un referéndum ilegal y promotor de una tercera vía, se presenta como una pieza útil porque dándole cancha se marcan distancias con la Generalitat y se desestabiliza a su presidente.
Desde Moncloa y Génova se puntualiza que España es un «proyecto basado en la unidad y no un trozo de tierra que se pueda romper a voluntad», y menos «por la obsesión de un político».Los populares recuerdan que Mas «convocó elecciones hace un año para lograr la mayoría absoluta y llevó a CiU al peor resultado de su historia». Y añaden que, «lejos de rectificar, cada vez se ha alejado más de su propio electorado, como evidencian las encuestas». Hasta el punto, afirman, de que «es el presidente autonómico con menor apoyo electoral en toda España».
Rajoy descarta de plano cualquier consulta. Es más, considera que la Generalitat, con su discurso, no hace otra cosa que engañar a los catalanes. Desde Moncloa se reclama a Mas que «hable claro» para que los ciudadanos sepan que «cuando dice independencia, en realidad se refiere a división, y cuando habla de separación, está aludiendo a ruptura».
Éste es el mensaje que desde la dirección del PP se ha trasladado a todos sus cargos y representantes para que lo difundan ante la opinión pública. Para sustentar su tesis, el Ejecutivo recurre a los datos más comprensibles. Así, por ejemplo, instruye a sus diputados para que no duden en echar mano de cuestiones sensibles para los ciudadanos y pongan de manifiesto que el president evita referirse a las consecuencias que tendría una ruptura. Así, lanzan la siguiente cuestión: «¿Cómo pagaría las pensiones que vienen de las cotizaciones del resto de España?».
Según el Gobierno, los catalanes tienen «derecho a saber» y Mas se lo hurta. Por eso, y frente a la actitud del president, convienen los gestos de aproximación a su hermano de coalición, mucho más moderado.
El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, confirmó ayer la existencia de un canal de comunicación abierto, continuo y fluido con el líder de Unió. «Se habla con frecuencia. Hablamos», reconoció en primera persona. Alonso institucionalizó a Duran como el hombre bueno frente al hombre malo; o sea, su socio Artur Mas.
Según subrayó, él es el «sensato» frente a sus «correligionarios». Así, tras «valorar» que Duran «tenga interés en favorecer los diálogos», advirtió de que «tiene una papeleta difícil con los suyos». «La dificultad no es con nosotros», recalcó.
Alonso se reafirmó en la política del Ejecutivo como la mejor respuesta al secesionismo. Esto es: «Diálogo institucional», dentro de la Constitución». Una Constitución que, añadió, «no es un límite sino la expresión de la libertad que nos hemos dado». El portavoz reiteró que habla de «diálogo», no de «negociación», al menos en lo que se refiere a la consulta que, dijo, «no tiene encaje en la Constitución» y es «un problema para el que la plantea».