IGNACIO CAMACHO, ABC – 31/05/15
· El nuevo mapa de poder entregará armas de destrucción masiva a los adversarios de un PP cercado por la corrupción.
Hay una condición esencial para que el PP pueda aspirar siquiera a ganar las elecciones generales, y consiste en que deje de verse envuelto en casos de corrupción. Premisa difícil por dos razones: la primera porque lo hecho, hecho está y hecho queda, y la segunda porque la pérdida de poder autonómico y local va a dejar en manos de sus adversarios la posibilidad de levantar alfombras y rebuscar en los cajones cualquier indicio incriminatorio que quede a su alcance.
Ya da casi igual que el marianismo reaccione con contundencia o continúe en la línea timorata del caso Bárcenas; lo que sacude e irrita a la opinión pública no es tanto la respuesta más o menos adecuada a los escándalos como la corrupción misma, convertida para muchos ciudadanos en una lacra sistémica capaz de destruir el vínculo de representación democrática.
El alejamiento de los más jóvenes respecto a los dos grandes partidos es un hecho real, patente en las urnas, y tiene mucho que ver con el rechazo que en las nuevas generaciones producen las evidencias de conductas irregulares o aprovechadas. Con un matiz que en nada beneficia al Gobierno.
Ese matiz consiste en que el agio penaliza hoy más a la derecha que a la izquierda, como se puede comprobar comparando los recientes resultados electorales en Andalucía, Madrid y Valencia. Y ello sucede así porque, dicho de forma simple, la corrupción del PSOE es clientelar y la del PP privada. La primera supone incluso un cierto beneficio político en la medida en que, como en el caso de los ERE o los fondos de formación, sirve para comprar voluntades y afianzar mediante redes tramposas la protección institucional.
La segunda en cambio, la de la trama Gürtel, la Púnica o las turbias contratas valencianas, constituye un aprovechamiento individual de las posiciones de privilegio para obtener de ellas un lucro personal ilícito. Y por alguna razón que acaso tenga que ver con el arraigado espíritu igualitario de la sociedad española, ésta es más proclive a perdonar la socialización del abuso que su privatización. De otra parte, en los votantes de izquierda predomina el miedo a desamparo como factor de decisión electoral, mientras que los de la derecha se muestran más sensibles al agravio que suponen las prácticas extractivas con su propio sacrificio fiscal o salarial. Por último, la tradicional ventaja izquierdista en el uso de la propaganda ha logrado etiquetar al PP como un partido corrupto en su propia esencia, mientras los socialistas se presentan a sí mismos como inevitables víctimas políticas de las excrecencias morales de la condición humana.
Por eso episodios como el del delegado gubernativo en Valencia suponen para el centro-derecha mucho más que desagradables contratiempos. Son síntomas de una situación delicadísima, terminal, que el nuevo mapa de poder va a agravar entregando a sus adversarios armas de destrucción masiva.
IGNACIO CAMACHO, ABC – 31/05/15